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La Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa aprobó este martes, de forma unánime, llamar a comparecer a Osvaldo Artavia Carballo, presidente del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), e Iván Vincenti Rojas, procurador general de la República, para que rindan cuentas sobre posibles irregularidades en actividades de tala y manejo de tierras en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, ubicado en Talamanca de Limón.
Asimismo, se convocó a Mario Cerdas Gómez, exdirector del Área Regional Caribe del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).
Estas comparecencias serán insumos para la investigación que la Comisión acordó abrir, enfocada en la emisión de permisos por parte de entidades estatales a propietarios de terrenos situados dentro o cerca del Refugio.
La pesquisa incluye una revisión de las relaciones entre Casa Presidencial, la Municipalidad de Talamanca y los dueños de dichas propiedades. Además se examinarían posibles omisiones o negligencias en el cumplimiento de órdenes judiciales que buscan recuperar terrenos pertenecientes al patrimonio del Estado.
El acuerdo de la Comisión se originó a partir de una moción presentada por el diputado Ariel Robles Barrantes, del Partido Frente Amplio, con respaldo de otros legisladores.
En el texto de la propuesta, Robles Barrantes mencionó advertencias previas del procurador Vincenti Rojas al Inder, publicadas por La Nación a inicios de este mes, que señalan que el Instituto lleva más de dos años sin cumplir una orden de recuperar al menos 64 hectáreas de zonas protegidas e inalienables del Refugio, las cuales fueron entregadas a manos privadas mediante una ley de 2014 declarada inconstitucional en 2019.
El 7 de marzo de 2022, hace 27 meses, la Procuraduría General de la República (PGR) envió a la Presidencia Ejecutiva del Inder el oficio DAA-OFl-370-2022, en el que listaba 137 fincas cubiertas de árboles, con la instrucción de iniciar los correspondientes procesos de lesividad de los actos administrativos ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
Sin embargo, hasta la fecha, el Instituto no ha tomado ninguna acción legal para recuperar esos terrenos, según indica la moción aprobada.
Entre las propiedades identificadas con áreas boscosas, y que fueron segregadas o transferidas de manera irregular, se encuentran las fincas matrícula 7-48141-000 y 7-59699-000, con los respectivos planos catastrados L-942968-1991 y L-110409-1993, pertenecientes a la sociedad Playa Manzanillo S.A., representada por el empresario Allan Pacheco Dent.
El 16 de julio, la Fiscalía Agrario Ambiental y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) realizaron allanamientos y detuvieron a Pacheco Dent, junto con dos funcionarios del Sinac, por presuntas irregularidades en permisos de aprovechamiento forestal en Talamanca y supuestos delitos de prevaricato, influencia en contra de la Hacienda Pública, cambio de uso de suelo, falsedad ideológica y uso de documento falso.
Todos quedaron en libertad mientras continúan las investigaciones.
Incumplimiento del Sinac
Vincenti Rojas también alertó a la Sala IV sobre el incumplimiento del Sinac, que lleva cinco años sin ejecutar la orden de ese tribunal para delimitar el Refugio, lo cual impide reincorporar decenas de hectáreas de bosque cedidas a terceros en 2014.
El 4 de julio, mediante una nota titulada “gestión de incumplimiento”, Vincenti Rojas evidenció que la inacción del Sinac pone en peligro el patrimonio natural del Estado y genera “incertidumbre sobre el uso adecuado de esos terrenos”.
El procurador también cuestionó que esta entidad, adscrita al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), no ha acatado la sentencia N.° 12745-2019, del 10 de julio de 2019, en la que la Sala IV le dio un plazo de 12 meses para delimitar el área. Ese fallo declaró parcialmente inconstitucional la ley de reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur (N.° 9223 del 2014) en lo que respecta a los territorios comprendidos en zonas boscosas.
Esa legislación sustrajo 188 hectáreas de bosque de su condición de bien de dominio público, lo que permitió que fueran cedidas a terceras personas.
De las 137 propiedades que la Procuraduría ordenó al Inder devolver al patrimonio del Estado, 102 pertenecen a sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, 17 a extranjeros y solo 18 a nacionales, según un análisis registral realizado por este diario.
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