Un informe de la sección de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), remitido en diciembre del 2012 al Ministerio Público, atribuyó al hoy diputado Dragos Dolanescu Valenciano, del Republicano Social Cristiano, la importación de tapas falsificadas de guaro Cacique.

Así lo indica la página 41 del informe 795-DVCI-2012, firmado por cuatro investigadores judiciales, donde se detalla que Dolanescu estaría vinculado a una organización dedicada al contrabando de alcohol de alta pureza 96,53% para fabricar, en Costa Rica, licores sin permisos legales.

“Se tiene conocimiento de que esta persona importó de un país europeo una considerable cantidad de tapas falsificadas de la marca Cacique, cometiendo un significativo error en la producción de las mismas, error que consiste en que las tapas poseen en la parte superior un código que identifica el lote de producción”, dice el informe.

El informe del OIJ explica que las tapas falsas de Cacique, que supuestamente importó el hoy congresista, tenían un número de lote que, en realidad, correspondía al ron Colorado producido por la Fábrica Nacional de Licores y no al guaro Cacique.

“Dichas tapas eran utilizadas cuando se falsificaba grandes cantidades de licor de esta marca. En los últimos tiempos, personas aún sin identificar confeccionaron un envase similar al que utiliza la Fábrica Nacional de Licores para envasar su producto marca Cacique, el cual es fabricado por la empresa Envasa de Costa Rica”, dice el documento de los investigadores.

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El informe del OIJ detalló que los envases falsificados habían aparecido “de forma reciente” (durante el 2012) y que las tapas utilizadas en esas botellas eran las mismas con que se relacionó a Dragos Dolanescu, pues tenían el mismo error en el código de producción.

A consecuencia de esa vinculación, el informe judicial solicitaba que se realizara un allanamiento en la casa de habitación de Dragos Dolanescu.

Aunque el informe del OIJ pasó al Ministerio Público en diciembre del 2012, el caso fue desestimado en julio del 2018 por la jueza penal Ivania Ramírez a solicitud de la fiscal Laura María Méndez Porras, quien argumentó que la prueba recabada resultaba "insuficiente para continuar con la investigación”.

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“Toda la prueba descrita conjuntamente genera una serie de indicios sobre la posible y probable actividad delictiva de contrabando. Sin embargo, resulta ser únicamente prueba indiciaria, sin materialización concreta de la acción delictiva que permita al Ministerio Público, de forma objetiva, impugar cargos”, escribió la fiscal Méndez.

Añadió que los decomisos y los hallazgos de evidencias que podrían resultar más vinculantes se produjeron en otros expedientes penales que se encontraban finalizados.

No obstante, en mayo del 2019, la Fiscalía General abrió un nuevo expediente, con base en el informe del OIJ, luego de que el fiscal adjunto de Narcotráfico y Delitos Conexos, Álvaro Montoya Martínez, le advirtiera de que en el caso había un miembro de un supremo poder.

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Donalescu argumentó, la tarde de este lunes, que el caso está cerrado y que su divulgación obedece a sus intenciones de investigar al PAC. Este medio intentó localizarlo en la noche para conversar en detalle sobre el contenido del informe, pero no fue posible localizarlo.

Los seguimientos

Según el departamento de Investigaciones Criminales, la organización a la que se le dio seguimiento era liderada por una persona de apellido Qualls y, luego, por uno de sus hijastros.

Según la investigación realizada por la sección de Delitos Varios del OIJ, la organización se dedicaba, al momento de los seguimientos judiciales, a introducir al país etanol 96,3 comprado en la Central Industrial Chiricana, en Panamá.

De ocho ingresos verificados de cargamentos de etanol, la mitad era reportada como importaciones y la otra mitad se registraba en tránsito hacia Nicaragua, con lo cual no se le pagan impuestos a Hacienda. Sin embargo, el producto nunca salió del país. Todas las operaciones se hacían a nombre de una misma persona jurídica.

El verdadero destino final, dice el informe, era un predio en Poás de Alajuela.

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Todos los viajes a Panamá se realizaron con un código internacional de transporte a nombre de Qualls, así como con camiones de su propiedad.

Una vez que el etanol estaba en el país, se utilizaba para producir licores. El OIJ encontró evidencias de que, en Poás, había máquinas envasadoras.

Por otra parte, una persona se encargaba de producir guaro con una marca que estaba registrada para importación de producto terminado, no para la producción nacional.

Esta misma persona se encargaba de distribuir el licor sin permisos legales en varias regiones de Guanacaste. En decomisos coordinados junto con la Fuerza Pública, se incautaron cajas de licor cuyas características eran diferentes a las detalladas en la etiqueta.

Permisos

La persona jurídica utilizada no contaba, para el momento de la investigación, con los permisos legales del Ministerio de Salud ni del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) para la importación de precursores, o sea, sustancias químicas requeridas para la producción de productos finales.

Tampoco había registros en el Ministerio de Hacienda de que, como importadores, cancelaran los impuestos de nacionalización del producto ingresado desde Panamá.

En el informe judicial también se determina que otro investigado ingresó al país etanol 96,3 incumpliendo “todos los requerimientos administrativos en cuanto a permisos y licencias para la importación de precursores para producir licores.

“No queda claro la forma en que se realiza la revisión de la documentación, así como la inspección física del vehículo por parte de los funcionarios de Hacienda, obligados por ley a informar sobre cualquier anomalía detectada durante este proceso (de ingreso de etanol al país)”, dice el informe del OIJ.

De hecho, los investigadores determinaron que la organización no realizó los trámites aduaneros correspondientes para cancelar impuestos por el ingreso de 216.500 litros de etanol de alta pureza. No obstante, funcionarios de Hacienda sí les asignaron números de viajes.

En uno de los viajes en que se ingresó etanol al país, el investigado se comunicó con un sujeto que hasta el 2011 había sido inspector de contenedores en aduanas, lo que a criterio del OIJ pudo ser aprovechado para que la organización transportara el alcohol sin problemas.

Para los cargamentos que la organización habría ingresado al país, en diciembre del 2012, la mecánica había variado. Según el OIJ, los miembros del grupo ya sospechaban de sus seguimientos, por lo que cambiaron la dinámica. Básicamente, pasaron el etanol como si fuera “desechos plásticos” y usaron un nuevo código de transporte internacional, a nombre de otra persona y otros camiones.