La Fiscalía General de la República tiene una investigación abierta contra el diputado Dragos Dolanescu, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), por el supuesto delito de contrabando.
Se trata del expediente 19-000088-0622, el cual nació luego de que la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos le enviara a la fiscala general, Emilia Navas, un informe elaborado por la sección de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El testimonio de piezas odebeció a que la Fiscalía antinarco encontró que, entre los imputados de un caso bajo su investigación, había un miembro de la Asamblea Legislativa.
El hallazgo obligó a abrir un expediente en la Fiscalía General, detalló la oficina de prensa del Ministerio Público, porque los diputados cuentan con un fuero especial otorgado por la Constitución Política, como miembros de un supremo poder de la República.
Solo la fiscala general está autorizada para investigar a un funcionario de ese rango y para solicitarle a la Sala III el levantamiento de la inmunidad.
En el expediente en manos de Navas, Dolanescu es el único imputado, pero en el que tiene la Fiscalía antinarco figuran otros imputados.
Como la causa contra el congresista se encuentra en la etapa de investigación, “y por estar en una etapa que es privada”, la oficina de prensa aseguró que no podían dar más información sobre el asunto.
Este medio realizó varias llamadas al congresista para conocer su versión y le dejó mensajes. No obstante, no ha sido posible localizarlo.
En caso de que la investigación contra el republicano avance, la Fiscalía General tendría que solicitar, a través de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que la Asamblea Legislativa le levante la inmunidad al diputado Dolanescu.
Una vez que el Congreso reciba una solicitud de levantamiento de la inmunidad de un legislador, tendría que conformar una comisión integrada por tres diputados, que analicen la petición y hagan una recomendación al plenario legislativo, para levantar o no el fuero del congresista y tomar la decisión final en el pleno.
Finalmente, se informaría a la Sala Penal la decisión adoptada por los legisladores.
