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El diputado del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), Dragos Dolanescu, aseguró que la investigación abierta por la Fiscalía General en su contra, por el supuesto delito de contrabando, data del año 2010 y que fue desestimada por el Ministerio Público en julio del año pasado.
Como prueba, presentó el documento de desestimación suscrito el 31 de julio del 2018 por la jueza penal de San José, Ivania Ramírez Hidalgo.
En esa resolución, la jueza acepta una solicitud de la fiscal auxiliar, Laura María Méndez Porras, quien solicita desestimar una deligencia investigativa sobre una presunta organización criminal que se dedicó a la introducción de alcohol proveniente de Panamá “mediante la elusión del control aduanero”, así como a la producción de licor clandestino.
La fiscal Méndez alegó en ese momento: “Si bien nos encontramos ante un hecho delictivo, lo cierto es que la prueba recabada resulta insuficiente para continuar con la investigación”, argumento que fue aceptado por la jueza penal.
Añadió que los decomisos y los hallazgos de evidencias que podrían resultar más vinculantes se produjeron en otros expedientes penales que se encuentran finalizados.
“Toda la prueba descrita conjuntamente genera una serie de indicios sobre la posible y probable actividad delictiva de contrabando. Sin embargo, resulta ser únicamente prueba indiciaria, sin materialización concreta de la acción delictiva que permita al Ministerio Público, de forma objetiva, impugar cargos”, añadió la fiscal Méndez.
Posteriormente, el 22 de mayo de 2019, el fiscal adjunto de Narcotráfico y Delitos Conexos, Álvaro Montoya Martínez, le remitió un nuevo expediente del caso a la fiscala general, Emilia Navas, para que conozca la causa en vista de que incluye a un miembro del Congreso: a Dolanescu.
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“Dicha desestimación se solicitó a favor de varias personas y entre ellas figuraba el diputado Dragos Dolanescu, siendo que la fiscal auxiliar a cargo no se percató de que es un miembro de los supremos poderes”, escribió Montoya.
En conferencia de prensa, el legislador y su abogado, el penalista Cristian Arguedas, afirmaron que la causa puede ser reabierta en caso de que aparezcan nuevos elementos de investigación, pero alegan que no “puede aparecer algo que no apareció” en nueve años de investigación.
A su vez, el diputado Dolanescu atribuyó al Partido Acción Ciudadana (PAC) el hecho de que esta información aparezca a nivel público, días antes de que él presentara una moción en el plenario legislativo, para crear una comisión especial que investigue las campañas electorales en las que participó la agrupación de gobierno.
Dicha moción fue presentado por Dolanescu y fue aprobada por 41 diputados y rechazada por 11, incluidos los diez legisladores del PAC.
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“Durante 43 años de vida no he tenido ni un solo problema con la justicia y, ahora, desde que soy diputado de oposición, empiezan a aparecer todo tipo de muertos".
“Pues eso a mí ni me asusta, no me echo para atrás, no me rajo y voy a llevar al PAC lo más posible para que se revele la ética y la moral que nos han estado engañado durante 20 años”, sostuvo el legislador.
Por su parte, al detallar la investigación, Arguedas explicó que fue abierta por el Ministerio Público en diciembre del 2010. Añadió que, tras su desestimación, el año pasado, el expediente pasó a la Fiscalía General porque, si bien puede reabrirse, el procedimiento debe ser finiquitado por la Sala Tercera por ser un diputado de la República.
“El caso no tiene para donde más seguir, se destruyó la evidencia y, en virtud de que don Dragos ostenta el cargo en este cuatrienio a la diputación, la responsabilidad de que, en caso de quererse reabrir el expediente, en caso de que aparezca algo importante nuevo, sería de doña Emilia Navas en virtud del cargo que tiene don Dragos”, señaló el abogado.
El abogado aseguró que, con solo el tiempo de haber transcurrido la investigación, el caso está prescrito.
“Yo nunca supe que fui investigado ni nada”, agregó por su parte el legislador.
Según el expediente aportado por el legislador, a partir de informaciones confidenciales, la Sección de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) activó la investigación.
Además de Donalescu, figuraban como investigadas 11 personas más.
Siete de ellos, incluido el ahora legislador, fueron investigados por introducción de alcohol de contrabando, otros cuatro por conseguir insumos para la producción de licor clandestino como botellas para verter los brevajes, y uno por, supuestamente, elaborar las etiquetas falsas que se adherían a las botellas del producto adulterado.
