EscucharLa Sala IV condenó al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) por no entregar a la fundación MarViva la información del estudio con el que planea revivir la pesca de arrastre de camarón en el Pacífico costarricense, técnica que fue prohibida en el 2013 debido al daño que ocasiona a otras especies marinas.
El Tribunal declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por Jorge Arturo Jiménez Ramón, exdirector de Marviva, y ordenó a Héiner Méndez Barrientos, presidente ejecutivo de Incopesca, suministrar a la fundación los datos que sustentan el polémico estudio.
El 20 de octubre de 2023, la fundación remitió una solicitud al Instituto de Pesca con el fin de obtener detalles sobre el proyecto de investigación “Nuevas alternativas para la pesca responsable de camarón de profundidad en el Océano Pacífico costarricense”. La petición contemplaba, por ejemplo, la descripción detallada de la metodología, como los horarios en que se lanzarían las redes al mar, los sitios y el número de lanzamientos.
Además, se requirió precisar el zarpe de los barcos semiindustriales y el método para estimar el porcentaje de camarón atrapado, entre otros datos.
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A pesar de la insistencia, la información no fue proporcionada. La resolución del caso, bajo el expediente 23-028591-0007-CO, dictamina que el recurso es válido e instruye a Méndez Barrientos, o a quien ocupe el cargo, enviar la información solicitada en un plazo de cinco días hábiles a partir de la notificación de la sentencia.
Directora de MarViva: No hay motivo para restringir los datos
Katherine Arroyo Arce, la actual directora de MarViva, declaró que la Sala IV confirma que el informe de avances de la investigación sobre pesca de arrastre es de “evidente interés público y no hay motivo alguno por el cual debería ser de acceso restringido”, sobre todo si los datos fueron utilizados por el Incopesca para argumentar que el proceso daba resultados favorables.
Además, recalcó que la transparencia en la información es pilar de la democracia y, a su vez, una condición indispensable para una buena gobernanza del océano.
La Sala IV dispuso que en el proceso de entrega de información se deberán salvaguardar los datos sensibles o confidenciales, en caso de que existan, de acuerdo con la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (Ley número 8968).
La sentencia también advierte sobre las consecuencias legales por incumplimiento, pues se impone prisión de tres meses a dos años, o una sanción de 20 a 60 días multa, a quien reciba una orden en un recurso de amparo y no la cumpla.
Además, el Tribunal condenó a Incopesca al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que motivaron la declaración, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
La Nación solicitó una reacción al presidente de Incopesca.
En el 2013, la Sala IV declaró inconstitucional la pesca de arrastre de camarón en el lecho marino, por el daño que causa a otras especies, lo que se conoce como pesca incidental. Sin embargo, dejó abierta la puerta para revivir esta actividad si se comprobaba la existencia de un método sostenible.
El Congreso anterior aprobó una ley para reiniciar la pesca de arrastre con base en una red que, supuestamente, disminuiría el daño incidental, pero el entonces presidente Carlos Alvarado la vetó al considerar que no había suficientes pruebas de que ello fuese así.
Polémico proyecto de pesca
El proyecto de pesca de arrastre que impulsa la administración es criticado por las organizaciones de protección al ecosistema marino.
De hecho, el pasado miércoles 7 de febrero, la Fundación MarViva acusó al gobierno de ejercer represalias por las acciones legales que condujeron a la paralización del polémico estudio promovido por Incopesca.
La organización atribuyó a las autoridades la realización de gestiones para excluirla de un proyecto de conservación costeado por donantes internacionales, incluidos dos ministerios del Gobierno alemán.
El 13 de noviembre, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda acogió una medida cautelar solicitada por MarViva que suspendió el estudio sobre pesca de arrastre que lanzó el Gobierno. El caso se tramita como parte del expediente 23-002732-1027-CA-4.
La decisión es parte de un proceso impulsado por la Fundación para frenar del todo un plan sobre pesca de camarón que intentaba reactivar este estilo de captura en mares costarricenses.
