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El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) planea entregar un bonos por inflación de ¢60.000 mensuales, por un plazo de tres meses, a unas 111.000 familias golpeadas por el aumento en los precios de alimentos, productos y servicios en el país. El subsidio podría ser prorrogado por dos meses adicionales.
Se trata de una ayuda económica similar al bono Proteger, entregado durante las restricciones sanitarias por la pandemia de coronavirus.
En esta ocasión, sin embargo, las familias golpeadas económicamente no podrán solicitar la ayuda estatal, sino que será el IMAS quien asigne esos subsidios.
Según estableció un decreto ejecutivo emitido por el presidente de la República Rodrigo Chaves, se priorizarán hogares en situación de pobreza o pobreza extrema conformados por adultos mayores, personas con discapacidad, menores de edad y con jefatura femenina.
Además, el documento señala que el IMAS deberá entregar la ayuda “a hogares que no hayan recibido transferencias monetarias del Estado durante el año 2022, exceptuando el beneficio asociado a Red de Cuido”.
Para designar a las familias beneficiadas, según dichos parámetros, se usará el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).
La presidenta ejecutiva del IMAS y ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Yorleny León, detalló a La Nación que, para cubrir el programa, se destinarán ¢20.000 millones provenientes del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
Además, el decreto establece que el programa puede tomar recursos de los presupuestos ordinarios y extraordinarios.
Durante una gira a Limón, la jerarca explicó que el programa tiene como propósito contener el avance de la pobreza a raíz del incremento en el costo de la vida.
“La coyuntura actual nos presenta un panorama complejo de constantes cambios que conlleva, entre otros aspectos, un aumento en el costo de la vida y, claro está, esto viene a agrandar la situación de pobreza y pobreza extrema que estamos viviendo”, declaró León.
Inflación golpea a costarricenses
Costa Rica atraviesa, en estos momentos, la mayor inflación desde el año 2009, cuando se presentó la última recesión económica mundial.
La variación interanual del índice de precios al consumidor (IPC) alcanzó en julio, un porcentaje de 11,48%, según la medición que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Con este resultado, la inflación continúa con el camino de la aceleración que se inició desde finales del año 2021.
El Gobierno justificó la creación de ese programa social en un informe publicado por el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, el cual pronostica que el país cerrará este año con un nivel de pobreza entre el 27% y 33% de los hogares nacionales, producto del incremento en el costo de la vida.
Cuando fue consultado sobre dichas proyecciones, el presidente Chaves se mostró sorprendido y expresó “dudas” en relación a sus resultados.
“Me sorprende ese número, porque sería un incremento enorme cuando vemos que las cifras de desempleo del INEC son más bien que se han reducido. Permítame expresar mi duda sobre ese número, una duda razonable y constructiva. Eso significa un incremento de la pobreza, no veo cuáles serían las causas, en vista de que el desempleo esté cayendo”, declaró el 10 de agosto en conferencia de prensa.
Seguidamente el mandatario rectificó: “A menos de que ellos digan que la inflación es tan alta y que los salarios… Entonces, es un tema técnico que yo tengo que evaluar, nosotros estamos tomando medidas que corresponden bajando el costo de vida”.
Ese mismo día, el mandatario declaró que la inflación que afronta el país “es un fenómeno importado al que no le podemos hacer mucho”.
