El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), liderado por la exdiputada del PAC, Marcela Guerrero, se apartó de la línea del Gobierno y acordó respaldar a las municipalidades en su intención de que no se les restrinja el crecimiento del gasto corriente mediante la regla fiscal.
Según informó la presidenta ejecutiva de la institución, el acuerdo lo tomó la Junta Directiva la semana pasada y próximamente lo comunicará a la Asamblea Legislativa, los gobiernos locales y demás órganos interesados.
La jerarca afirmó que el IFAM se pronunció a favor del proyecto de ley que presentó un grupo de diputados para eximir a las municipalidades de la aplicación de las reglas de responsabilidad fiscal, las cuales buscan que el Estado limite su gasto según la salud de sus finanzas.
Guerrero argumentó que la entidad adoptó dicha posición luego de encontrar suficiente evidencia sobre la razonabilidad del pedido de los gobiernos locales.
La regla fiscal es una medida de ahorro que prohíbe que las instituciones públicas aumenten su gasto en salarios, pago de servicios y transferencias más allá de un límite, el cual cambiará cada año de acuerdo con el estado de la economía nacional y el grado de endeudamiento del gobierno.
El sector público debe aplicar la regla a partir del 2020, cuando el gasto corriente podrá crecer, como máximo, un 4,67%.
Las municipalidades piden que los diputados modifiquen la ley y las excluyan de la aplicación de la norma, con el argumento de que su operación se financia principalmente con recursos propios, a través del cobro de impuestos y patentes, por lo que no consideran que se les deba limitar su gasto.
No obstante, esa posición se contrapone a la del Ministerio de Hacienda, el cual sostiene que todo el Estado debe sujetarse a la reforma fiscal y que, si algunas entidades empiezan a zafarse, se erosionará la legitimidad del compromiso de austeridad ante los organismos internacionales.
Sin embargo, según la exdiputada Guerrero, el límite crea el riesgo de que los gobiernos locales dejen descubiertas partidas presupuestarias para dar servicios a las comunidades, o para ejecutar programas sociales.
“Hay que partir las aguas en términos de que los ingresos de las municipalidades no dependen del gobierno central. Una municipalidad que tiene los ingresos para cubrir una serie de servicios, limitar sobre todo servicios a la ciudadanía, nos parece que atenta contra el mandato que tienen, y a las responsabilidades y sus competencias”, dijo Guerrero.
Según la presidenta ejecutiva, distintas municipalidades le han planteado que el tope al gasto les limitará la posibilidad de contratar policías municipales, instalar servicios de vigilancia o ampliar programas sociales para los que necesitan pagar salarios.
La jerarca aseguró que, si bien el Gobierno Central les gira fondos a los cantones –como los recursos de la ley de combustibles que se les transfieren para el mantenimiento de vías–, dichos dineros representaron apenas un 1,9% del presupuesto nacional.
Por eso, la otra alternativa que plantea IFAM es que el Congreso ajuste la ley para que la regla fiscal solo se aplique a los fondos municipales que les gira el Poder Ejecutivo.
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“Hay un razonamiento que a mí me parece no solamente legal, sino también numérico, que demuestra que debería de haber razonabilidad sea para tramitar el proyecto, o para restringirlo a aplicar la regla fiscal exclusivamente a aquellos gastos que vienen del Gobierno Central”, afirmó Guerrero.
La presidenta ejecutiva dijo que aún debe comunicarle la posición institucional al presidente Carlos Alvarado, a quien calificó como “una persona de diálogo”.
La Sala IV tiene en estudio una acción de inconstitucionalidad contra la aplicación de la regla fiscal en los gobiernos locales. Mientras la resuelve, la disposición sigue vigente.
Hacienda se opone
Rodolfo Cordero, viceministro de Egresos, explicó que el Ministerio de Hacienda se opone a excluir a las municipalidades de la aplicación de la regla fiscal porque la Ley de Fortalecimiento trata las finanzas públicas como un tema de Estado.
“El tema de la regla fiscal no se ve solo para un sector dentro del sector público, sino que se ve para todo el Estado como un todo. Cuando uno habla de la sostenibilidad de las finanzas públicas de un país, los organismos internacionales no están viendo solo al gobierno central, o a las instituciones autónomas o a los gobiernos locales, están viendo a todo el conjunto del país”, dijo Cordero.
De acuerdo con el funcionario, en la medida en que determinadas instituciones logren evadir la implementación de determinadas disposiciones de la reforma fiscal, dicha ley perderá fuerza y el país perderá legitimidad ante los organismos internacionales.
Además, señaló que en caso de una contingencia fiscal, incluso dentro del régimen municipal, el que termina respondiendo al final es el erario público.
El otro argumento de Hacienda para oponerse a la propuesta, según Cordero, es que la regla fiscal no discrimina a las instituciones según su fuente de ingresos.
“La ley no lo ve por el lado de los ingresos. Usted podría tener un trillón de colones de ingresos, que la ley lo que dijo es que quienes estén en la regla fiscal, con base en ese parámetro de endeudamiento y de crecimiento de la producción, tienen un límite al crecimiento del gasto”, puntualizó Cordero.