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El exministro de Hacienda y exvicepresidente Helio Fallas recurrió la resolución de la Contraloría General de la República (CGR) que señala la responsabilidad de cinco funcionarios y exfuncionarios de Hacienda por el hueco de ¢800.000 millones en el presupuesto del 2018.
El ente contralor confirmó a La Nación que, vencido el plazo para recurrir el acto final del procedimiento administrativo que se notificó el lunes pasado, cuatro de ellos presentaron solicitudes de revocatoria.
La pesquisa de la CGR siguió las acciones de Fallas, quien fue jerarca de Hacienda en la administración de Luis Guillermo Solís; Marta Cubillo, tesorera nacional; Melvin Quirós, director de Crédito Público y Julio Espinoza, exdirector de Crédito Público.
También se analizó el actuar de la exministra de Hacienda Rocío Aguilar. A ella, el ente contralor recomendó aplicarle una suspensión de 30 días. No obstante, la exjerarca se abstuvo de recurrir el acto, según confirmó a La Nación.
Las medidas que se recomendaron para los otros cuatro involucrados no han trascendido, debido a que el contenido del documento aún es confidencial.
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La CGR hizo la investigación con el fin de sentar responsabilidades administrativas por el pago de títulos valores de deuda interna que hizo Hacienda el año pasado sin contar con contenido, porque la administración de Luis Guillermo Solís no presupuestó los ¢600.000 millones que se necesitaban.
El faltante lo identificó el equipo de Aguilar en 2018, luego del cambio de gobierno, cuando el Ministerio de Hacienda encontró que la administración de Luis Guillermo Solís ya había agotado la partida para pagar deuda pública que había autorizado la Asamblea Legislativa para ese año.
En agosto del año pasado, en el Congreso, Helio Fallas afirmó que no solicitó un presupuesto extraordinario al Congreso para tapar el faltante, antes de dejar el cargo, porque no era posible saber cuándo dinero iba a hacer falta antes de junio o julio.
No obstante, tres días después, Quirós declaró que Crédito Público advirtió al gobierno de Solís sobre el monto faltante desde febrero del 2018.
Según el ente contralor, lo que presentaron cuatro de los cinco involucrados fueron recursos de revocatoria con apelación en subsidio, que serán analizados en la División Jurídica. Si sus solicitudes fueran rechazadas, la apelación la conocería el despacho de la contralora general de la República.
“En atención al debido proceso y a la confidencialidad de la información, no es posible ampliar detalle al respecto ni dar acceso al expediente a terceros ajenos al proceso recursivo”, indicó la CGR.
Desde que trascendió el caso, Aguilar sostuvo que la amortización de la deuda se hace de forma automática desde hace años, y que de no haberlo hecho, el país habría enfrentado una situación peor, pues habría caído en impago.
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Cuando fue notificada de la recomendación de sanción, Aguilar afirmó que la Contraloría estaba cometiendo un error, no obstante, también descartó recurrir la resolución y optó por renunciar, con tal de que el presidente Carlos Alvarado no tuviera que decidir si ejecutaba el castigo.
De acuerdo con la Contraloría, si las sanciones llegan a quedar en firme, las mismas serían inejecutables en el caso de los funcionarios que ya se hayan desvinculado de la administración pública. Es el caso de Aguilar y también de Fallas, quien dejó de ser funcionario estatal cuando dejó el Poder Ejecutivo, en mayo del 2018.
En tanto que Cubillo y Quirós aún laboran para el Ministerio de Hacienda. Espinoza, por su parte, es directivo del Banco de Costa Rica (BCR).
El exministro Helio Fallas indicó a La Nación que no daría declaraciones sobre el caso. El Ministerio de Hacienda no ha respondido las consultas que el envió este medio a Cubillo el miércoles de la pasada. A Espinoza se le contactó a través de su celular, no obstante, al cierre de este artículo, no fue posible comunicarse con él.
