Política

Gobierno retoma plan para eliminar cobros retroactivos de 10 años en CCSS

Proyecto de exdiputado Pedro Muñoz pretende establecer que las deudas con la CCSS prescriban a los cuatro años

El Ministerio de la Presidencia anunció este martes la convocatoria de un proyecto de ley para limitar a cuatro años los cobros retroactivos que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) les hace a los trabajadores independientes, cuando determina que estos omitieron cotizar en el pasado, en lugar de los diez años que la CCSS exige actualmente.

La iniciativa, presentada por el exdiputado socialcristiano Pedro Muñoz, fue incluida en la agenda de la Asamblea Legislativa.

¿Qué pasa actualmente? Cuando un trabajador independiente acude a formalizarse ante el Seguro Social, la entidad revisa las declaraciones de renta de esa persona ante Hacienda, para cobrarle hasta diez años de cuotas obreras en forma retroactiva, o bien, desde que el trabajador comenzó su actividad económica.

La Caja hace esos cobros cuando el trabajador acude voluntariamente a afiliarse y cuando hace revisiones en busca de informales para obligarlos a cotizar.

El reglamento para el aseguramiento de trabajadores independientes, que entró en vigor el 27 de mayo, rebajó el cobro retroactivo a 10 años. Antes se hacían cobros de hasta 15 años. En tanto, el plan de Muñoz reduciría la cifra a cuatro años, que es el mismo plazo de prescripción que se utiliza para las obligaciones tributarias.

De acuerdo con la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, el proyecto cuenta con el respaldo del Gobierno. “Se convoca con el fin de acelerar una solución a la preocupante situación de la relación de los trabajadores independientes con la Caja, en la que se pretenden eliminar los cobros retroactivos de 10 años o más, muchos de ellos ruinosos, y en detrimento de la posibilidad de incorporar a la seguridad social a más del 50% de trabajadores independientes informales”, afirmó.

El proyecto de ley cuenta con dictamen afirmativo de mayoría por la Comisión de Asuntos Económicos desde el 22 de marzo, por lo que estaría listo para aprobarse en primer debate en el plenario legislativo. No obstante, según informó Natalia Díaz, después de ser votado sería retrotraído a comisión para aprobar un texto sustitutivo al plan actual.

Los cambios, dijo la jerarca, son impulsados por los diputados Daniela Rojas, jefa de bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y por Jorge Dengo, del Partido Liberal Progresista (PLP).

A finales del año pasado los magistrados declararon inconstitucional un proyecto de ley, también de Pedro Muñoz, que pretendía habilitar una amnistía o condonación de deudas con la CCSS, para fomentar la formalización de trabajadores.

“La autorización legal para la condonación del adeudo principal es inconstitucional y, ademas, se le esta imponiendo a la CCSS una manera determinada de actuar por medio de una ‘autorización’ , sin que se observe alguna justificación en la norma consultada ni se toma en cuenta la autonomía del ente asegurador, tanto en lo referido a la administración como en lo concerniente al gobierno de los seguros sociales”, señalaron los magistrados.

La Sala IV sentenció que las cuotas para la CCSS tienen rango constitucional, en procura del establecimiento y la universalización de los seguros sociales.

Sin embargo, añadió: “Lo anterior se dispone, claro está, sin perjuicio de la prescripción que resulte aplicable en respeto al principio de seguridad jurídica”, añade.

El Colegio de Abogados de Costa Rica interpuso, en 2018, una acción de inconstitucionalidad en contra de los cobros retroactivos por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social a los trabajadores independientes.

El colegio profesional argumenta que existe un trato discriminatorio y desigual para los trabajadores independientes por parte de esa institución, que incluye cobros y traslados retroactivos de cuotas, así como pagos más elevados para recibir el mismo servicio de salud.

La Sala IV aún tiene pendiente su pronunciamiento sobre el tema. Pese a ello, el mismo Tribunal marcó un precedente, en octubre pasado, en temas relacionados con las cuotas de la seguridad social.

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