Los diputados aprobaron este martes, en primer debate, el proyecto de ley que autoriza a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a condonar deudas de trabajadores independientes y patronos con las cuotas obrero patronales.
La iniciativa recibió el voto afirmativo de 42 congresistas, mientras que tres votaron en contra: Shirley Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Wálter Muñoz y Patricia Villegas, del Partido Integración Nacional (PIN).
Se trata del expediente legislativo 21.522, del socialcristiano Pedro Muñoz, que autoriza a la institución a aplicar la amnistía para sus deudores.
El objetivo del plan es condonar deudas de 117.000 trabajadores independientes con la seguridad social; a ellos se les perdonaría la deuda principal, las multas, los recargos e intereses por cuotas de aseguramiento no pagadas.
En el caso de los patronos, se les perdonaría el monto de las sanciones por cuotas atrasadas con la Caja, así como el principal, intereses y multas de los aportes patronales para el Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Banco Popular.
Para que los trabajadores independientes puedan acceder al perdón de sus deudas, deben cumplir con algunas condiciones. Si no están inscritos, deberán inscribirse en la CCSS.
También podrán acceder a la condonación quienes tengan en proceso una investigación administrativa por el cobro de periodos anteriores que aún no tenga una resolución en firme.
En caso de que el trabajador tenga procesos judiciales iniciados, deberá pagar los gastos incurridos por la CCSS por concepto de honorarios. Estas dos últimas reglas también aplicarán para los patronos.
En el caso de los patronos, además, la condonación se extenderá a multas, recargos o intereses que superen un año de antigüedad, contado a partir de la entrada en vigencia de la ley.
El proyecto le da un periodo de tres meses a la Caja para realizar los ajustes a sus sistemas de información, así como para la reglamentación de las condiciones, requisitos y trámites necesarios para implementar lo dispuesto en la ley de condonación.
Ahora, el plan debe ser sometido a segundo debate, pero existe la posibilidad de que sea sometido a consulta de constitucionalidad en la Sala IV, la cual tendría un mes para pronunciarse.
El pasado 11 de agosto, la Junta Directiva de la CCSS pidió a los diputados llevar el texto al Tribunal Constitucional al señalar la imposibilidad de que esta materia se pueda legislar o reglamentar por la propia Caja, “por tener roces con los principios constitucionales y legales de la seguridad social”.
En el último tramo de la discusión en el plenario, usaron la palabra legisladores como Carlos Ricardo Benavides, del Partido Liberación Nacional (PLN); Paola Vega, Enrique Sánchez y Luis Ramón Carranza, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y Wálter Muñoz, del PIN.
Durante buena parte de los debates de días anteriores, se produjeron encontronazos entre Pedro Muñoz, de la Unidad, y José María Villalta, del Frente Amplio, pues este último le reclamó al primero que impulsara la iniciativa pese a que aparece como deudor de la CCSS.
Muñoz adujo que la institución le está haciendo un cobro como represalia por su propuesta de ley y aseguró que está oponiéndose a ese cobro. Ante las acusaciones que le lanzó Villalta, el socialcristiano lo retó a que lo denuncie penalmente para que se vean las caras en los tribunales.
El frenteamplista llegó a lanzarle varias veces la frase que en algún momento le había gritado al Gobierno, cuando el plenario se realizaba en el Auditorio Nacional: “¡Páguele a la Caja, páguele a la Caja!”.
Villalta también instó a Muñoz para que se abstuviera de votar la iniciativa en primer debate, así como a otros legisladores que, eventualmente, se podrían beneficiar de la condonación de deudas.
La oficialista Paola Vega calificó el proyecto como una ley necesaria que se ha tardado en aprobarse en el Congreso y en la Junta Directiva de la CCSS, para que se permita aplicar la condonación o flexibilización de la morosidad.
“Lamentablemente la redacción final no permite, de una manera eficiente, que esto aplique nada más para quien lo necesite y permite que personas con capacidad de pago lo puedan utilizar”, dijo Vega.
Su comentario se refiere a una moción rechazada para que se prohibiera la condonación a empresas sancionadas por retención ilegal de cuotas obrero patronales, o incluso por investigaciones sobre corrupción, condenadas o en curso.
El liberacionista Carlos Ricardo Benavides dijo que, si bien el proyecto es muy importante, es insuficiente con respecto a todo lo que se debería hacer para reforzar la seguridad social en el país, para hacerlo viable y sostenible.
“Lo considero insuficiente para arreglar el problema de la informalidad”, dijo.
Por su parte, Wálter Muñoz, del PIN, afirmó que la informalidad no es solo causada por las cargas sociales, sino también por lo que considera altas cargas tributarias.