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En medio de la crisis económica provocada por el nuevo coronavirus, el Gobierno pone sus esperanzas para “reactivar la economía” en una vieja cartera de proyectos por concesión de obra pública o fideicomiso.
Mediante esa figura, el Estado se asocia con una empresa privada (concesionario) para la construcción de infraestructura pública como carreteras o muelles.
Bajo ese modelo, el concesionario aporta la mayoría del financiamiento, gastos de operación y mantenimiento a cambio de explotar por varios años la obra por medio de tarifas que pagan los usuarios finales.
El mejor ejemplo de este mecanismo es la ruta 27 (San José-Caldera).
Este jueves, en una conferencia de prensa, las autoridades gubernamentales repasaron una lista de propuestas de concesión o fideicomiso que esperan arrancar el próximo año.
Se trata de las ampliaciones de las carreteras a Caldera, San Ramón, Cartago y un tramo de la ruta 32 entre San José y el cruce a Río Frío. El costo de esos proyectos se estima en $1.940 millones.
El plan de inversiones también menciona el tren eléctrico de la Gran Área Metropolitana (GAM), una terminal de cruceros en Limón, la administración de los depósitos de vehículos decomisados y la revisión técnica vehicular.
Los proyectos de concesión en los que la administración de Carlos Alvarado fija su mirada son ideas que el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) tiene sobre la mesa desde años atrás.
Muchos están en fase de estudios previos, no tienen claras las fuentes de financiamiento y -lo más importante para el usuario- no están definidas los peajes a pagar por su utilización.
Por ejemplo, en el caso del fideicomiso para las mejoras de la vía entre San José y San Ramón, este fue aprobado desde 2015 y aún no hay claridad sobre el costo final de la obra, ni las tarifas de peaje.
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Sin aporte estatal
Con respecto el aporte estatal para hacer la obra viable, José Manuel Sáenz, secretario técnico del CNC, admite que el país no tiene recursos para hacerle frente a su parte del costo.
Estimó que de los $1.940 millones, la participación estatal debe oscilar entre un 20% y un 30%.
¿Cómo piensan echar a andar las obras sin aporte estatal? Sáenz dijo en una entrevista con La Nación que le advirtieron a las empresas interesadas que “no habrá” asistencia financiera pública y de haber “será mínima".
Prevé que “si acaso” habrá dinero para las expropiaciones.
¿Cuál es la consecuencia de eso? Las concesiones deberán ser a un plazo mayor para permitir que el privado recupere la inversión y obtenga una ganancia. Además, eleva el riesgo de que las tarifas de peaje sean más elevadas.
El jerarca del CNC también comentó que existe la posibilidad de obtener un crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para cumplir con los aportes estatales a las obras citadas. Sin embargo, no precisó el monto, ni el estado de la negociación.
"En los estudios y en las proyecciones para cada uno de los proyectos se le solicitó a los concesionarios, o a quienes presenten iniciativas, partir de la base de que no va a haber aporte estatal, si acaso en el tema de expropiaciones.
“Eso nos da una base para manejar si la tarifa es manejable o si hay que extender el plazo de la concesión (...). Pero hasta que terminemos los estudios podríamos definir eso, pero la premisa es hacer el mínimo aporte estatal necesario”, dijo Sáenz.
El mejor ejemplo de las dificultades del país para asumir su parte del costo de un proyecto bajo concesión es el tren eléctrico, pues el Poder Ejecutivo impulsa la aprobación de un préstamo por $550 millones para ese fin, pero enfrenta la reticencia de los diputados.
Añadió que “degradar” las condiciones de las obras para conseguir balances financieros o montos de peaje aceptables es una posibilidad.
Cuestionado sobre la antigüedad de los proyectos mencionados y el poco avance que han mostrado a lo largo del tiempo, Sáenz dijo que la diferencia, ahora, es que cuentan con el apoyo del presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada.
Estado de los proyectos
Este es el panorama de cada proyecto de concesión de acuerdo a la información divulgada por el Gobierno este jueves en conferencia de prensa:
Ruta 27:
El Gobierno y Globalvia firmaron, el 20 de enero anterior, una carta de entendimiento que formalizó el proceso de ampliación por $500 millones, aproximadamente.
Se avanza en los estudios del anteproyecto para dimensionar los costos involucrados. Se tienen concluidos los estudios técnicos de topografía y el trazado geométrico completo hasta el intercambio de Orotina, y los estudios geotécnicos hasta el intercambio de Atenas. También se finiquitó el estudio completo de tráfico y las expropiaciones entre Escazú y Ciudad Colón.
Está previsto el inicio de los trabajos para setiembre de 2021.
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Fideicomiso San José-San Ramón:
Se desarrollan los estudios de factibilidad técnica, económica, financiera, ambiental y social, por parte de la empresa española IDOM, la cual entregará el informe final en julio 2020.
A la espera de la finalización de los estudios de factibilidad, el proyecto se inicia con la intervención de las primeras cinco Obras Impostergables (OBIS) -de un total de 17- en el mes de mayo. Se trata de:
● Puente Río Ciruelas
● Puente Río Alajuela
● Puente Río Segundo
● Paso Inferior Firestone
● Conector Castella
Vía a Cartago
En octubre anterior, la Junta Directiva del CNC aprobó la postulación hecha por la empresa constructora MECO para rediseñar, ampliar y operar la autopista Florencio del Castillo.
Con esta aceptación se inició el proceso de proposición lo que le permitirá a la empresa avanzar con los estudios de factibilidad, los cuales se estiman estarán a finales de setiembre de 2020.
Posteriormente, se realizará el anteproyecto y el cartel de licitación internacional. La inversión estimada es de $400 millones.
San José-Río Frío.
Proyecto por iniciativa privada que consiste en la ampliación, mejoramiento y rehabilitación de la ruta 32 en el tramo entre San José y el cruce hacia Río Frío. La inversión estimada es de $640 millones.
