El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, admitió que el ¢1 billón (un millón de millones) solicitado a la Asamblea Legislativa, para atender la emergencia del coronavirus, se usará en parte para pagar salarios públicos y cubrir las transferencias ordinarias del Ejecutivo a las instituciones del Estado.
También, ante consultas de La Nación, la ministra de Planificación, Pilar Garrido, reconoció que el dinero se empleará para hacerle frente a la continuidad de la prestación de servicios públicos del Gobierno de la República.
Las preguntas surgieron luego de conocerse esta mañana que, además del ¢1 billón del plan Proteger, el gobierno le propuso al Congreso un impuesto solidario a los salarios y otro a los combustibles para sumar ¢360.000 millones más, junto con un redireccionamiento de partidas, para apoyar a los trabajadores despedidos por la emergencia.
Primera contradicción
El sábado 21 de marzo, cuando la Asamblea aprobó un crédito de $500 millones (¢285.000 millones) del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) como parte del ¢1 billón del plan Proteger, la ministra de Planificación argumentó que el dinero se utilizaría para “atender a las personas que pierdan, disminuyan o vean suspendido su empleo a causa de la pandemia”, así como a los patronos y trabajores independientes afectados.
Sin embargo, ahora el gobierno pide otros dos nuevos impuestos, uno de los cuales gravaría salarios, para financiar ese mismo fin.
La carta del sábado también indicaba que el dinero del CAF se destinaría a la compra de insumos médicos, apoyo a programas sociales, pago de deuda y “políticas activas de empleo”.
‘Acumulando liquidez’
Este jueves por la mañana, en el Museo de los Niños, donde sesiona el Congreso, el ministro de Hacienda dijo sobre los recursos del plan Proteger: “Lo estamos haciendo, acumulando liquidez”.
Luego, al consultársele para qué se utilizará la liquidez del plan Proteger, contestó:
“La liquidez que necesita el gobierno es, primero, para atender a los trabajadores que han perdido el trabajo y que son pobres. En este país, se necesita la solidaridad con estas personas. Segundo, tenemos que pagar los intereses de la deuda que son $36.500 millones al 8%. Entonces, consume muchísimo dinero".
“Tenemos que pagar los salarios del sector público. Tenemos que hacer las transferencias a Fodesaf (fondo para programas de asistencia social) y hacerlas a otras transferencias. Eso es por el lado del gasto”.
Luego, argumentó que los ingresos del gobierno se vieron reducidos por la desaceleración de la actividad económica, lo que provoca un menor pago de impuestos.
Al preguntársele si entonces ya la cifra requerida no es de ¢1 billón, sino de ¢1,3 billones, inclyendo el impuesto solidario a los salarios, dijo que ese tributo a los sueldos y el de los combustibles se usarán en subsidios a las “familias más necesitadas del país, a darles que comer aunque sea un poquito”.
Por aparte, se planteó la siguiente pregunta a la ministra de Planificación: Uno de los objetivos del plan Proteger es dar subsidios a quienes pierdan el empleo o les reduzcan la jornada. Hoy se anuncia el impuesto solidario, que tiene ese mismo fin. ¿Se pide esta nueva fuente de recursos porque el ¢1 billón se va a destinar a otros rubros de atención de la emergencia, o es porque con el ¢1 billón no alcanza para financiar los subsidios?
Ella contestó que "la pandemia se impuso a esta realidad y a este proceso de consolidación fiscal".
Afirmó que se necesitará destinar recursos en cuatro sentidos. El primero es la atención sanitaria.
El segundo es el otorgamiento de subsidios a personas despedidas o con suspensiones del contrato laboral.
El tercero es subsidiar a los trabajadores a quienes los patrones les redujeron las jornadas de trabajo y, por tanto, perciben una consecuente disminución del salario.
Luego, citó un cuarto destino, “que sería garantizar la liquidez necesaria para poder hacer frente a la continuidad de la prestación de servicios públicos del Gobierno de la República”.
Hasta el momento, mientras en el sector privado se autorizaron reducciones salariales hasta de un 75% por la caída en los ingresos, en el gobierno solo se frenó el alza salarial prevista para este año. Los salarios de los funcionarios no esenciales siguen al 100%.
“Son todas necesidades acuciantes que se cubren con el plan Proteger, pero también es necesario que yo les informe que no tenemos una bola de cristal ni tampoco tenemos a ciencia cierta todas las respuestas de las repercusiones de la crisis”, agregó.".
“Son todas necesidades acuciantes que se cubren con el plan Proteger, pero también es necesario que yo les informe que no tenemos una bola de cristal ni tampoco tenemos a ciencia cierta todas las respuestas de las repercusiones de la crisis”, agregó.
Segunda contradicción
El martes 24 de marzo, el gobierno envió al Congreso la solicitud de aprobación del segundo crédito que forma parte del plan Proteger.
Se trata de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Agencia Francesa de Cooperación, por ¢216.000 millones.
En la explicación de motivos, el Ejecutivo argumentó que el dinero se usaría para financiar la operación normal del gobierno, prácticamente sustituyendo la caída en los ingresos provocada por la desaceleración económica y la moratoria de impuestos, de tres meses, aprobada por el Congreso, a solicitud del propio gobierno.
No obstante, el miércoles, el ministro de Hacienda le envió una carta al presidente legislativo, Carlos Ricardo Benavides, para decirle que el gobierno se comprometía a usar los recursos en la atención de la emergencia y, si sobran recursos, en pagar la deuda pública.
Ahora, un día después, el Ejecutivo de nuevo admite que parte de los recursos se usarán para cubrir la operación normal del gobierno.