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El diputado Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional, cuestionó que el gobierno de Rodrigo Chaves recurriera a Datasys, una empresa tecnológica con numerosos contratos estatales, para contactar a la compañía que ofreció carpas para levantar cárceles hechas con este material: la firma española ARPA, proveedora de instalaciones móviles y temporales.
Datasys declaró a La Nación que gestionó el contacto entre el Ministerio de Justicia y ARPA a raíz de una “solicitud de información para el desarrollo de un sistema constructivo liviano y de fácil montaje temporal para el sistema penitenciario costarricense”.
“Evidentemente, estamos ante un nuevo intento de negocito que quiere montar el gobierno, a como lo acostumbra a hacer. Detectan un problema nacional, lo mercadean como una solución urgente, lo envuelven en una propuesta aparentemente resolutoria, pero en el fondo lo que conlleva es favorecer a una dos o tres empresas cercanas al presidente.
“En este caso, vuelve a aparecer la empresa Datasys, por cierto muy favorecida en el ambiente Racsa (Radiográfica Costarricense) en este gobierno, y ahora quieren premiarla, adicionalmente, metiéndola en un negocio que ya no es de informática, sino que ahora se dedican a vender carpas en las cárceles, cosa que por cierto, no existe ningún estudio técnico que valide semejante ocurrencia”, expresó Nicolás.
Consultada sobre su experiencia en la prestación de este tipo de soluciones y su idoneidad, la empresa Datasys alegó que su “espectro y portafolio de servicios es amplio, y cuenta con múltiples socios de proyectos alrededor del mundo en distintas esferas comerciales”.
El Ministerio de Justicia y Paz informó de que los gerentes de Datasys, Arturo Salazar Valverde y Alberto Salazar Valverde, dieron la referencia de la empresa ARPA. Los empresarios también acompañaron al representante de la firma ibérica, Tomás Bujeda Rami, en una reunión efectuada el 7 de marzo con el ministro Gerald Campos, en la oficina del jerarca.
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Empresa ha obtenido 273 contratos en seis años
Entre el 2018 y el 2024, Datasys ganó al menos 273 contratos en el Estado costarricense, tanto en ministerios como en instituciones descentralizadas y municipalidades, según datos del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
En el presente gobierno, los contratos más grandes los obtuvo con Racsa, por casi $2,8 millones; la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), por $2,4 millones; la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por $1,8 millones, y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), por $1,3 millones.
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Comisión pedirá explicaciones a ministro Gerald Campos
Por este caso, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa aprobó, el pasado 18 de julio, una moción para llamar a cuentas al ministro de Justicia, Gerald Campos; la viceministra de Gestión Estratégica, Carolina Castro del Castillo, y el exviceministro de Seguridad, Exleine Sánchez.
La convocatoria fue propuesta por la diputada independiente Gloria Navas, quien aseguró que no existe una explicación clara sobre el uso de las carpas como parte de la infraestructura penitenciaria.
La legisladora dijo que es necesario saber el costo del plan y el fundamento, ya que las carpas no constituyen un equipamiento tradicional para mantener a la población encarcelada por delincuencia organizada o convencional.
“Necesitamos que se nos explique de qué manera pretenden justificar ese tipo de acciones, ¿por qué son válidas, por qué son adecuadas? Y que nos den las estadísticas claras de la sobrepoblación (carcelaria) y el hacinamiento en los sistemas carcelarios”, aseguró Navas.
Gilberto Campos, diputado del Partido Liberal Progresista (PLP) y también integrante del foro legislativo, aseguró que el llamado a cuentas es necesario, para conocer “con lujo de detalle” los pormenores de la propuesta del gobierno.
“Hay poca información al respecto, una constante de este gobierno respecto de las cosas que quieren hacer y, por supuesto, que nos interesa saber qué es lo que están pretendiendo con esto”, declaró el legislador.
Según Campos, también esperan consultar al exviceministro de Seguridad, Exleine Sánchez, sobre los criterios que externó al ministro de Justicia para oponerse al uso de carpas en los centros carcelarios, en un oficio dado a conocer por La Nación. El exjerarca fue destituido después de señalar que el plan es una “ocurrencia” por razones de seguridad, de costos y de derechos humanos.
Preguntas abundan sobre plan del gobierno
Por su parte, la liberacionista Dinorah Barquero manifestó que existe un listado abundante de preguntas que el Poder Ejecutivo debe aclarar sobre su propia iniciativa. Mencionó que es necesario saber en cuáles centros penales se colocarían esta estructuras, el perímetro que cubrirían, el perfil de la población que sería ubicada en estas carpas y el personal de seguridad necesario para resguardar estos recintos.
La verdiblanca reiteró que no existen criterios técnicos que sustenten la propuesta del gobierno, pero sí muchas dudas .
“Por ejemplo, ¿qué pasaría en el caso de una riña entre grupos? Cuando esto ocurre en una cárcel, se aíslan los grupos, se separan, pero ¿a dónde los van a aislar en estas carpas? Otro posible escenario son las fugas, ¿cómo se va a prever la seguridad para evitar fugas?”, cuestionó Barquero.
La legisladora recordó que el director de la Policía Penintenciaria, el comisionado Nils Ching Vargas, advirtió desde el 1.° de marzo que un sistema de cárceles en carpas “no reúne las condiciones mínimas de seguridad y contención para albergar población privada de libertad, sin importar el perfil de la población, ya que se requiere un tipo de material sólido y que no sea de fácil destrucción”.
En el oficio DPP-467-2024 enviado a Juan Carlos Arias, director general de Adaptación Social, Ching fue claro en que una cárcel de lona u otro material similar aumenta los riesgos de fuga de reos y la posibilidad de que construyan escondites, además de que se eleva el riesgo de conflictos entre los reclusos.
