El fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, allanó este miércoles el bufete Lexincorp, cuyo socio fundador es el actual canciller, Arnoldo André Tinoco, como parte de una investigación sobre el supuesto financiamiento irregular de la campaña del hoy presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles.
La diligencia se extendió durante la mañana y la tarde en las oficinas de esta firma, ubicada en San Pedro de Montes de Oca, “con el objetivo de obtener prueba documental y electrónica”, confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público ante una consulta de La Nación.
La Fiscalía General investiga “presuntos delitos sobre financiamiento ilegal de partidos políticos, por una presunta estructura paralela de financiamiento electoral del gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD)”.
La causa se tramita bajo el expediente N.° 22-000116-1218-PE, donde, confirma la Fiscalía, André Tinoco figura como imputado junto con el mandatario Chaves; la diputada y presidenta del PPSD, Luz Mary Alpízar Loaiza; y el también legislador oficialista Waldo Agüero Sanabria (segundo lugar en la papeleta por San José).
Por tratarse de miembros de los supremos poderes, que gozan de inmunidad, el allanamiento estuvo dirigido por el fiscal general en compañía de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), luego de obtener la respectiva autorización de los magistrados de la Sala Tercera, informó el Ministerio Público en un correo electrónico.
“Hoy no se logró concluir la diligencia, por lo que será reanudada próximamente (...). De momento, es toda la información que puede ser suministrada, en apego a la privacidad de las actuaciones establecida en el artículo 295 del Código Procesal Penal”, agregó esa dependencia del Poder Judicial.
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André Tinoco es una de las personas investigadas por una de las dos supuestas estructuras paralelas que habrían financiado la campaña de Rodrigo Chaves, sin que el dinero pasara por las cuentas del gobernante PPSD y sin reportar los recursos al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
El actual canciller fue uno de los encargados de administrar el polémico fideicomiso Costa Rica Próspera, cuyas cuentas se manejaron en el Banco Nacional para captar recursos privados y después pagar gastos electorales, presuntamente al margen de los controles establecidos en la legislación electoral.
André Tinoco es el presidente de la sociedad anónima ATA Trust Company, que fungió como fiduciario del fideicomiso.
Esta estructura pagó, entre otros gastos, la casa de campaña en barrio La California (San José), publicidad, planilla, servicios profesionales, coordinadores territoriales, alquiler de vehículos, viáticos y mobiliario de oficina, según reveló este diario el 5 de marzo del 2022.
El fideicomiso se nutrió de aportes de Jack Loeb Casanova, Bernal Jiménez Chavarría, Arnoldo André Tinoco, Adrián Torrealba Navas, José Coto Quesada, Damaris Robles Aguilar, Luis Diego Soto Clausen, Hey Friedrich (extranjero) y Sergio Naranjo.
Además de ellos, se registraron aportes de las sociedades Galería Tres Mil y Península Group, ambas presididas y representadas por André Tinoco.
El 8 de junio del 2022, en un documento de 150 páginas, el departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE señala que “existen indicios suficientes para presumir” que se utilizó un “esquema oscuro de financiamiento” en la campaña del hoy presidente de la República.
“Como parte de este esquema obscuro de financiamiento, se habrían recibido donaciones de personas físicas, personas jurídicas y personas extranjeras, entre el 25 de febrero de 2021 y el 8 de octubre de 2021, en las cuentas bancarias del fideicomiso constituido por los señores Chaves Robles y Jack Frederic Loeb Casanova y dirigido por el señor Carlos Vásquez Landergreen, cuya administración fue confiada a los señores Arnoldo André Tinoco y Alonso Vargas Araya, representantes de ATA Trust Company S. A.”, expuso el informe IDI-DFPP-001-2022, elaborado por el TSE y enviado a la Fiscalía.
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El canciller Arnoldo André informó, mediante su oficina de prensa, que no se referirá a lo sucedido con el allanamiento.
La misma posición externaron, a través de sus encargados de prensa, los diputados Luz Mary Alpízar y Waldo Agüero. Los legisladores argumentaron que se trata de temas bajo investigación judicial.
La Nación hizo gestiones ante la Casa Presidencial para obtener una reacción con respecto al allanamiento, mediante los correos de prensa institucionales destinados para esas consultas.
‘Colaboramos con toda la información’
Alonso Vargas Araya, socio director de Lexincorp Abogados, dijo que la Fiscalía hizo el allanamiento en la oficina de la fiduciaria ATA Trust Company porque su domicilio legal está en las instalaciones del bufete Lexincorp. “Colaboramos con toda la información que mantenemos en nuestro poder sobre el tema de la investigación del fideicomiso Costa Rica Próspera”, informó.
La diputada oficialista Pilar Cisneros Gallo dijo que la fracción del PPSD apoyará todas las acciones judiciales para determinar si hubo financiamiento de una estructura paralela, porque las autoridades necesitan todos los elementos posibles.
Aparte del fideicomiso, el Ministerio Público investiga una segunda estructura paralela que se habría movido mediante cuentas de la exasistente administrativa de Chaves, de nombre Sofía Agüero Salazar, hija del diputado Waldo Agüero.
El martes, los diputados consultaron al banquero y empresario agrícola y turístico, Jack Loeb, si él giró $195.000 a la cuenta de Agüero en el Banco Nacional para la campaña, pero él se negó a responder.
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Comparecencia del canciller ante diputados
André es una de las personas que ya está convocada para comparecer ante la Comisión Investigadora de Financiamiento Electoral, cuya vigencia vence el próximo 28 de agosto, a menos que el plenario apruebe una nueva prórroga.
“Esto lo que hace es confirmar un acuerdo que ya tomamos en la comisión, de pedir que nos amplíen el plazo. Ya no tenemos tiempo para convocar antes de fin de mes, a 10 o 12 personas que faltan, más deliberar entre todos nosotros todo lo que vamos descubriendo”, expresó Francisco Nicolás Alvarado, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN).
Este miércoles, en la reunión de jefes de fracción, se discutió sobre la moción de prórroga por 90 días, que se conocería el próximo 21 de agosto. La diputada Pilar Cisneros se manifestó en contra de ese plazo y adelantó que presentaría una propuesta para solo ampliar el periodo por 30 días.
“Ahora entiendo más claramente la indisposición y la negativa de la señora Cisneros”, expresó la liberacionista Dinorah Barquero, quien preside la comisión investigadora.
“Don Arnoldo André es una de las personas que está en la lista y probablemente sea llamado a declarar el próximo lunes, dentro de los que aún falta. Es, sin lugar a dudas, una de las personas importantes de rendir declaración”, añadió.
Ariel Robles Barrantes, diputado del Frente Amplio, destacó la importancia de la convocatoria del canciller por considerarlo “uno de los principales responsables del fideicomiso”.
“Debemos que recordar que el señor Alonso Vargas, que es uno de los funcionarios de esta firma, es el responsable legal del fideicomiso Costa Rica Próspera, pero en la comisión investigadora, cuando él estuvo en audiencia, dijo que él solamente había firmado, para que el nombre de él apareciera como el responsable, pero que todo el proceso lo había asumido don Arnoldo André Tinoco”, agregó.
La legislación electoral prohíbe el financiamiento paralelo. Eso significa que, aparte del tesorero partidario o de las personas que designe el Comité Ejecutivo, ninguna persona o grupo tiene autorización para gestionar fondos en beneficio de un partido, ya que se dificulta trazar el origen de los fondos.
De hecho, el Código Electoral prevé sanciones para quienes realicen aportes de esta manera y para los dirigentes que reciban aportes “valiéndose de una estructura paralela para evadir el control del partido político”.
