EscucharLa exministra de Comunicación, Patricia Navarro, entregó todos los audios de Presidencia a la Fiscalía General de la República. Su abogado, Federico Campos, informó de que la exjerarca proporcionó las grabaciones por voluntad propia, sin que mediara ninguna orden de las autoridades.
Por su parte, este martes 12 de diciembre, la oficina de Prensa del Ministerio Público confirmó, ante consultas de La Nación, que la Fiscalía investiga el contenido de los audios de las conversaciones efectuadas en Casa Presidencial, grabados por Navarro.
La investigación se tramita bajo el número de causa 23-000057-0033-PE.
“Por ahora, no es posible brindar mayores detalles, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal, el cual protege la privacidad de las actuaciones”, informó la institución.
Las grabaciones realizadas por la exministra documentan conversaciones sostenidas por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, ministros y asesores de imagen.
Los audios revelan, entre otros hallazgos, detalles sobre la contratación irregular del empresario Christian Bulgarelli por $300.000 provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para una consultoría estratégica de comunicación.
La exministra de Comunicación comenzó a grabar reuniones desde el 10 de mayo del 2022, dos días después de la toma de posesión de Chaves, porque quería “documentar hechos que podían ir contra la ley o la ética”.
El abogado Federico Campos explicó que Navarro decidió entregar todos los audios para que la Fiscalía los utilice como evidencia en las investigaciones que considere necesario.
“Por el momento, ella no va a tomar ninguna acción legal más que defenderse en el proceso penal que está abierto por la denuncia que interpuso el presidente y un ministro (Jorge Rodríguez Vives, de Comunicación) en su contra, por el delito de captación indebida de manifestaciones verbales, cuyos hechos desde nuestro punto de vista son atípicos o no constitutivos de ningún delito”, expresó el jurista.
Anteriormente, Campos aseguró que la ley de intervenciones telefónicas exime a Navarro de haber cometido algún delito por dar a conocer los audios de Presidencia.
De acuerdo con el abogado, el artículo 29 de la Ley sobre Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones establece que no hay una intromisión ilegítima de la privacidad cuando se sospecha que, durante la conversación, se está fraguando un posible delito.
Igualmente, Campos manifestó que las grabaciones de Navarro contienen información de interés público, por lo que, en su opinión, no corresponde el resguardo de la privacidad, cuando se están planeando posibles delitos.
“Ella, como funcionaria, pública tiene el deber de denunciar y, más bien, si ella no lo hubiera hecho, podría ser copartícipe de ese delito que se está fraguando; ser cómplice de ese delito e incurrir en incumplimiento de deberes”, puntualizó.
