Manuel González Cabezas, quien se desempeñó como auditor general del Banco Popular (BP) hasta su jubilación, el pasado 31 de julio, calificó como “grosero” el nombramiento de Jorge Eduardo Sánchez Sibaja, exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), como directivo y presidente de la Junta Directiva de la entidad.
Ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos, González declaró este jueves que el exlegislador carece de los requisitos y la experiencia necesarios para ocupar un cargo de esta naturaleza.
“El caso de Jorge Eduardo Sánchez es, si se quiere, el más grosero. Digo esto porque, además de que era el menos calificado para ser director, lo ponen como presidente de la Junta Directiva”, afirmó el exauditor, quien laboró 28 años en el BP.
El excongresista socialcristiano fue nombrado directivo por el presidente Rodrigo Chaves en setiembre del 2022. Un año después, la Junta Directiva lo designó presidente del órgano. Según el exauditor, la experiencia de Sánchez es casi nula, ya que para ser directivo de un banco sistémico como el Popular se requieren, al menos, ocho años de experiencia reciente en juntas directivas de grandes entidades financieras.
Argumentó que la única experiencia de Sánchez en cargos públicos es su paso por la Asamblea Legislativa, además de un breve periodo como directivo del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) en 1993. Por esta razón, cuestiona cómo logró llegar a la presidencia del Banco Popular.
“Para ser presidente de la Directiva de un banco sistémico como el de nosotros, que sería lo mismo con el Banco Nacional (BN) o el Banco de Costa Rica (BCR), o el BAC, por decir bancos grandes, es necesario que la persona tenga ocho años de experiencia en un banco de similar naturaleza. Imagínese que el señor lo que puede tener de experiencia es el año y algo que ha estado –parece que irregularmente designado– en el puesto que viene ocupando, una parte como director común y otra, como presidente”, insistió González.
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Añadió que fue objeto de persecución tras la llegada de Sánchez a la presidencia del Banco Popular, debido a que denunció irregularidades en el nombramiento tanto de este como de otros miembros de la Junta Directiva, quienes también carecían de los requisitos necesarios para ocupar dichos cargos.
“El señor Jorge Eduardo Sánchez termina nombrando a los miembros de la Junta Directiva como está actualmente; esto, obviamente ocasiona que me expulsen (como auditor) de la Junta Directiva y que empiece, para decirlo bonito, una persecución del auditor. Y no crean que por eso me retiré, fue porque ya me tocaba”, agregó.
Afirmó que, a pesar de la persecución, logró reunir las pruebas necesarias para presentar denuncias ante las instancias correspondientes, como la Contraloría General de la República (CGR), la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y otros organismos.
La Nación envió un mensaje y llamó a Sánchez este jueves para pedirle una reacción.
Este jueves por la noche respondió: “Soy lo suficiente idóneo para ocupar el cargo como director y presidente de la Junta Directiva del Banco Popular. Mis atestados así lo demuestran; cumplo con los requisitos legales para ser parte de ese cuerpo colegiado. Grosero es el exauditor, que hizo un uso abusivo e ilegal recetándose vacaciones totalmente ilegales, por lo que terminó siendo investigado y acusado ante la Procuraduría de la Ética. Grosero y nefasto es lo que esas vacaciones significaron para el Banco y los trabajadores costarricenses, alrededor de 200 millones de colones”.
Un oficio confidencial emitido por la Sugef, el pasado 30 de julio, aconsejó al Poder Ejecutivo revocar el nombramiento de Jorge Eduardo Sánchez y de los directivos María Clemencia Palomo y Eduardo Navarro. El documento alertaba de que los tres fueron nombrados sin contar con experiencia.
El Poder Ejecutivo conoció la situación desde febrero, pero decidió mantener a los directivos actuales para evitar la disrupción en la gobernanza del Banco. Sánchez y Palomo son representantes estatales, y Navarro fue elegido indefinidamente por el Consejo de Gobierno, el cual se negó a ratificar a los candidatos propuestos por la Asamblea de Trabajadores.
Este mes de julio, el BP fue calificado con irregularidad financiera debido a debilidades en su gobierno corporativo, identificadas por la Sugef. En un estudio, la Superintendencia encontró problemas como cambios frecuentes en la presidencia de la Junta Directiva y falta de cumplimiento con la normativa de gobierno corporativo.