La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) aconsejó al Poder Ejecutivo revocar el nombramiento de Jorge Eduardo Sánchez Sibaja, presidente del Banco Popular (BP), y de los directivos María Clemencia Palomo Leyton y Eduardo Navarro Ceciliano, debido a que incumplen el requisito de experiencia para ocupar sus cargos.
“Es evidente que los tres directores no cumplen con los umbrales indicativos de experiencia, por lo que se recomienda valorar la remoción, ya que no se observan elementos contundentes que expliquen la excepción establecida en el Acuerdo CONASSIF 15-22 (Reglamento sobre idoneidad) en vigor, a partir de la justificación dada por el propio órgano de dirección del Banco Popular, así como del Poder Ejecutivo en su calidad de órgano decisor del nombramiento y remoción de esos directores”, se indica en el oficio confidencial SGF-2345-2024, del pasado 30 julio, del cual tiene copia La Nación.
El documento firmado por Rocío Aguilar Montoya, jerarca de la Sugef, se envió a Sánchez Sibaja en respuesta a una evaluación a los planes de acción mediante los cuales la Junta Directiva del BP pretende mitigar los riesgos de idoneidad individual y conjunta de los cuerpos colegiados del conglomerado de la entidad financiera. Las debilidades de gobernanza hicieron caer al banco público en irregularidad financiera, en enero pasado.
En el oficio de cinco páginas, la superintendente cuestionó las medidas remediales acordadas por el órgano de dirección del BP para corregir las deficiencias detectadas en aspectos de idoneidad, entre las que se mencionan la dedicación de tiempo para ocupar el cargo, honestidad e integridad, experiencia y formación académica. De hecho, hay dos directivos que tampoco cumplen con este último criterio, aunque no se indica quiénes son.
Según la Sugef, Sánchez Sibaja incumple con el criterio de experiencia porque no acreditó que ejerció un cargo de directivo o de alta gerencia en al menos ocho de los últimos 10 años. Él fue diputado por el Partido Unidad Social Cristiana en dos ocasiones. Mientras que Palomo y Navarro deben contar con al menos tres años de trayectoria en puestos de órganos de dirección y gerenciales, lo cual incumplen.
La petición de la entidad supervisora se hizo con base en el Reglamento sobre idoneidad y desempeño de los miembros de órgano de dirección y de alta gerencia, del 2022 que permite a la Superintendencia proponer la remoción de directivos y gerentes por incumplir esta normativa.
Sobre la posibilidad de cambiar a los directores cuestionados, desde febrero pasado el Poder Ejecutivo reconoció la carencia, pero consideró adecuada la continuidad de las tres personas, las cuales fueron nombradas por el Consejo de Gobierno. Sánchez Sibaja y Palomo Leyton son representantes estatales. A Navarro Ceciliano también lo eligió el Consejo de Gobierno de forma indefinida después de rechazar a las personas propuestas por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular.
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“… conscientes de la necesidad de robustecer la gobernanza del Banco Popular y el daño que causa a un cuerpo colegiado los constantes cambios de directores y presidentes en el normal funcionamiento del Gobierno Corporativo, el Poder Ejecutivo estima suficientemente razonable la continuidad de los miembros, quienes además cuentan con todos los demás atributos evaluados en dicho informe de idoneidad y que son los necesarios para ejercer los cargos”, se indicó en el oficio PR-P-0018-2024, del 15 de febrero pasado.
La Directiva del BP está integrada por tres representantes designados por el Consejo de Gobierno y cuatro de la Asamblea de Trabajadores, quienes deben ser ratificados por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, desde agosto del 2022, el Consejo viene nombrando a los representantes de los trabajadores, primero de manera temporal, y luego sin plazo definido.
Este diario consultó a Aguilar Montoya sobre la petición de destituir a los directivos, pero la funcionaria indicó que no puede referirse al tema.
La Nación preguntó a Casa Presidencial, por correo electrónico, este martes 6 de agosto a las 9:17 a. m., si acatará la petición de la Sugef, iniciará un nuevo proceso de elección de directivos y las razones por las cuales considera que los tres directivos son idóneos para el cargo, pero no hubo respuesta al cierre de este artículo.
Jorge Eduardo Sánchez, presidente del BP, afirmó que la recomendación de la continuidad o no de directivos emitida por la Sugef es una decisión que corresponde al Poder Ejecutivo, de acuerdo con la legislación vigente.
“En nuestro criterio, sustentado técnicamente en los análisis independientes, externos y especializados efectuados en ámbitos no solo de idoneidad, sino también de desempeño, y, ante todo, en la evidencia del trabajo efectuado en estos años de gestión, se confirma que tenemos una Junta Directiva ampliamente capacitada”, afirmó el jerarca.
También recalcó que harán un análisis técnico actualizado a lo indicado por la Superintendencia sobre idoneidad para remitir la información en los plazos otorgados.
La entidad fiscalizadora dio un periodo de 10 días hábiles, siguientes al recibo de esta comunicación, para que se remita los ajustes al plan de acción tendiente a mitigar los riesgos identificados en el informe de evaluación de la idoneidad individual y conjunta de los cuerpos colegiados del conglomerado del BP.
Por su parte, Gina Carvajal, gerente general del BP, dijo el lunes pasado que desconocía el tema. “Nosotros no tenemos conocimiento de esa información, ha de haber llegado a la Junta (Directiva del BP)”, afirmó, al ser consultada por La Nación.
Directiva actúan como juez y parte
La Superintendencia se refirió a las acciones presentadas sobre las falencias en la idoneidad de directivos después de revisar los planes remediales propuestos por la Directiva del BP en los oficios SJDN-483-2024 y PJDN-0017-2024, del 7 y 24 de junio anteriores, respectivamente.
Respecto a las acciones del criterio de experiencia, la Directiva del BP envió un informe en el cual se argumenta que los tres directivos cuestionados sí cumplen con este requisito de idoneidad y su separación afectaría la gobernanza y continuidad de los propósitos estratégicos de la institución.
“El razonamiento anterior sin duda es contrario al espíritu de la regulación, que se orienta a garantizar la idoneidad del órgano de dirección, al afirmar que separar a directores que no son idóneos afecta la gobernanza, cuando es precisamente la falta de idoneidad la que puede tener efectos nocivos en la conducción de la entidad”, resaltó Rocío Aguilar en su oficio.
Adicionalmente, la Junta remitió un acuerdo, del pasado 29 de mayo, en el cual los propios miembros afirman que el órgano está integrado por personas con experiencia suficiente en distintas áreas propias del quehacer institucional y es un órgano idóneo en lo individual y colectivo.
No obstante, Sugef argumentó que tal justificación debe hacerla el Poder Ejecutivo, como órgano decisor del nombramiento y remoción, y no los propios directores.
Sobre las medidas propuestas para la dedicación de tiempo para ejercer el cargo de directivo, la entidad fiscalizadora destacó que la estrategia se limita a aspectos de forma “que presuponen ser acciones suficientes para subsanar el tiempo requerido que se dedica a las sesiones”, pero no cumplen con el objetivo normativo.
La Directiva aprobó que sus miembros presenten un documento fehaciente de un patrono en el cual se indique la flexibilidad de tiempo y se pedirá al directivo que deje un cargo cuando supere el umbral de cinco nombramientos en juntas directivas del conglomerado.
La Sugef también reprochó la propuesta de que los directivos completen un documento sobre la dedicación de sus labores que analizará el Comité Corporativo de Nominaciones y Remuneraciones y la Junta Directiva Nacional. “Quienes conforman ese comité y el órgano de dirección son los mismos evaluados, se considera prudente que el análisis de los resultados lo realice una instancia independiente y con experiencia en la evaluación de gobierno corporativo”, propuso la entidad supervisora.
Consecuencias para el Banco Popular
A raíz de las deficiencias de gobierno corporativo, el Banco Popular está en Irregularidad financiera 1, desde el pasado 15 de enero, cuando la Sugef notificó a la entidad el resultado de su evaluación sobre riesgos, tal como informó La Nación.
De hecho, la institución debe aprobar y cumplir con la implementación de 236 acciones correctivas en áreas de gobierno corporativo, idoneidad, falta de conocimientos de directivos, rendición de cuentas y riesgos de gobernanza para dejar atrás la irregularidad.
En febrero pasado, este diario reveló que Jorge Eduardo Sánchez Sibaja, presidente de la Directiva del Banco Popular y quien fue elegido por el Gobierno como representante estatal, incumple el requisito de experiencia para ejercer el cargo. La directora María Clemencia Palomo Leitón, otra de las representantes elegidas por el Poder Ejecutivo, tampoco cumplió con el criterio de experiencia, así se reveló en el Reporte de Evaluación de Idoneidad de Juntas Directivas, sus Miembros y Altas Gerencias 2023, a cargo de KPMG, aplicada al Banco Popular y las subsidiarias.
Adicionalmente, una fiscalización de la Sugef detalló que un total de 21 de los 30 miembros de las juntas directivas de las subsidiarias del Banco Popular incumplen los criterios individuales de idoneidad establecidos para ocupar sus puestos.
El Banco Popular es una de las cuatro entidades bancarias catalogadas como sistémicas por Sugef. Esto quiere decir que tiene el poder de impactar todo el sistema financiero y la economía del país si, en un eventual escenario, sufriera un deterioro en su funcionamiento o cayera en insolvencia. Las otras entidades con dicho peso son el Banco Nacional, BAC Credomatic y el Banco de Costa Rica.
* Colaboró el periodista Gustavo Ortega.