El Banco Popular (BP) debe aprobar y cumplir con la implementación de 236 acciones correctivas en áreas de gobierno corporativo, idoneidad, falta de conocimientos de directivos, rendición de cuentas y riesgos de gobernanza para dejar atrás la irregularidad financiera en la cual la entidad cayó en enero pasado.
La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) pidió un plan de acción al BP después de aplicarle una evaluación de supervisión basada en riesgos, en la cual detectó vulnerabilidades como los constantes cambios de directivos. En 15 meses, la Junta tuvo tres presidentes y el Gobierno vetó a los cuatro miembros elegidos por la Asamblea de Trabajadores. En su lugar, nombró a cuatro sustitutos de manera pro tempore y luego los dejó de manera indefinida.
Según se detalla en el oficio SGF-1981-2024 del 26 de junio, documento, del cual tiene copia La Nación, la Junta Directiva del BP aprobó, el 6 de febrero anterior, las medidas correctivas que fueron avaladas por la Superintendencia.
“Se determina que el plan de acción cumple con los atributos de eficacia del Acuerdo SUGEF 24-22 (Reglamento para calificar a las entidades supervisadas). A partir de ello, este Órgano Supervisor aprueba el plan de acción remitido por esa entidad bancaria, y establece como plazo máximo para su cumplimiento el corte de diciembre de 2024, exceptuando la actividad asociada con la optimización continua de procesos, cuya fecha máxima se establece en diciembre 2025″, se detalla en el oficio de la Sugef.
El avance del cumplimiento de cada una de las medidas será revisado y aprobado por la Sugef para definir cuándo el banco público puede volver a grado de normalidad, confirmaron en entrevista con este diario Rocío Aguilar, jerarca de la entidad, y Alexander Arriola, director de Supervisión de la institución fiscalizadora.
“Realmente el plan debe resolver la situación. De acuerdo con lo que se indicó (en la evaluación al BP) que debe atenderse, la entidad hasta que no proceda con el cumplimiento del plan se va a mantener en ese nivel de irregularidad”, explicó Aguilar.
La funcionaria añadió que hasta que la Superintendencia no esté satisfecha con la eficacia de las soluciones planteadas por el Banco Popular para corregir las debilidades detectadas, no se modificará la calificación.
El banco público informó, mediante su Oficina de Comunicación, de que el plan de acción fue aprobado desde marzo pasado por la entidad supervisora y están en el proceso de ejecutar todas las medidas.
“Desde marzo a la fecha se presenta un grado de avance cercano ya al 45% en la implementación de dichas medidas por parte del Banco, en cumplimiento del cronograma establecido el cual tiene fechas de cumplimiento establecidas para el año 2025″, subrayó la institución.
El BP agregó que los hallazgos en materia de gobierno corporativo, señalados por la Sugef, son reflejo de una institución “muy particular”, desde la conformación de la Junta Directiva y la gestión de la propia Asamblea de Trabajadores, una instancia compuesta por 290 delegados de 10 diferentes sectores.
“Este banco tiene una conformación política que por cierto hasta el día de hoy no ha afectado nunca los indicadores financieros de la entidad”, se respondió por escrito.
La Directiva del BP está integrada por tres representantes nombrados por el Consejo de Gobierno y cuatro de la Asamblea de Trabajadores, quienes deben ser ratificados por el Poder Ejecutivo.
La evaluación efectuada por la Sugef se hizo con base en el Reglamento para calificar a las entidades supervisadas, que entró a regir el año pasado y establece la revisión de cada institución fiscalizada con base en la calidad del gobierno corporativo, el cumplimiento legal y regulatorio, la calidad de la gestión de riesgos y la evaluación de la situación económica financiera.
Dicha normativa establece un rango de calificación de 1 a 4 para cada clase, donde 1 significa un nivel adecuado y 4 es débil. El reglamento dicta que cuando dos o más categorías tienen una nota de cuatro, la institución evaluada pasa de normalidad a irregularidad.
Cuando se trata de irregularidad 1, la entidad debe presentar un plan remedial para corregir las debilidades señaladas, que fue el caso del BP, que obtuvo una nota de 4 en la categoría de gobierno corporativo y cumplimiento legal y regulatorio, tal como publicó La Nación.
Plan de correcciones del BP
Entre las estrategias planteadas por la entidad financiera, a las cuales tuvo acceso este diario, se encuentra la elaboración de un informe trimestral sobre los temas discutidos en la Directiva, que será remitido a los directivos suplentes con el objetivo de que estén informados.
Además, se diseñará un perfil de los requisitos mínimos de idoneidad para todos los miembros de órganos colegiados en el BP y sus subsidiarias. También, se implementará un plan de cierre de brechas entre directivos para mejorar sus habilidades y conocimientos para una toma de decisiones efectiva y más técnica.
“Elaborar comunicados internos periódicos con el fin de fortalecer el conocimiento en materia de gobierno corporativo, priorizando los temas relacionados con las responsabilidades de los miembros de los órganos de dirección, órganos de control y las líneas de defensas”, se detalla en la propuesta del BP.
La entidad también planteó la creación de un plan de comunicación interno que permita fortalecer la gestión de la gobernanza corporativa y la importancia de la rendición de cuentas.
Además, se creará un plan de cultura de riesgo que establezca las responsabilidades de los miembros de la Junta Directiva y la Alta Gerencia; y se formará una división especializada en el conglomerado para la gestión del control del cumplimiento legal y regulatorio.
El director de Supervisión de Sugef señaló que las acciones presentadas buscan corregir las debilidades en materia de gobernanza e idoneidad del Banco Popular.
“En irregularidad 1 las acciones que se requieren a las entidades muchas son cubiertas en el corto plazo, aunque no necesariamente hablamos de pocos meses, puede tardarse un año o un poco más”, subrayó Arriola.
El funcionario añadió que se saca a la entidad de la calificación dada hasta que se valore la efectividad de las medidas propuestas e implementadas.
En febrero pasado, La Nación reveló que Jorge Eduardo Sánchez Sibaja, actual presidente de la Directiva del Banco Popular y quien fue elegido por el Gobierno como representante estatal, incumple el requisito de experiencia para ejercer el cargo. Así se mostró en el Reporte de Evaluación de idoneidad de Juntas Directivas, sus miembros y Altas Gerencias 2023, a cargo de KPMG, aplicada al Banco Popular y las subsidiarias.
Adicionalmente, una fiscalización de la Sugef detectó que un total de 21 de los 30 miembros de las juntas directivas de las subsidiarias del Banco Popular incumplen los criterios individuales de idoneidad establecidos para ocupar sus puestos.
El Banco Popular es una de las cuatro entidades bancarias catalogadas como sistémicas por Sugef. Esto quiere decir que tiene el poder de impactar todo el sistema financiero y la economía del país si, en un eventual escenario, sufriera un deterioro en su funcionamiento o cayera en insolvencia
Primera evaluación
La Superintendencia le ordenó al Banco Popular la entrega de informes trimestrales para evaluar el avance de las correcciones, con corte a abril, julio, octubre y enero del próximo año.
El primer informe de avance lo aprobó la Junta Directiva del banco público el pasado 15 de mayo, durante la sesión ordinaria 6.106. “Tal y como se ha indicado en el presente informe de seguimiento, a la fecha se cuenta con un cumplimiento del 21% en las actividades contenidas en los cronogramas del Plan de atención del acuerdo SUGEF 24-22 y a su vez se tiene un avance promedio del 33%”, indicó el BP a la Superintendencia.
Según el primer informe, a marzo anterior, la entidad había atendido 25 acciones que se ejecutaron en diversas áreas de la institución como la Gerencia General, la Dirección Corporativa de Riesgos, Dirección Financiera, entre otras.
