Ya está conformada la Sala Constitucional que determinará si la reforma fiscal se tramitó correctamente en la Asamblea Legislativa.

En esa sesión, que se realizará a más tardar el 26 de noviembre, participarán los magistrados Fernando Castillo Víquez, presidente interino; Paul Rueda Leal, Nancy Hernández López, Luis Fernando Salazar Alvarado, Marta Esquivel Rodríguez, Hubert Fernández Argüello y Jorge Araya García.

Este último fue nombrado juez de la República este miércoles 31 de octubre por la Asamblea Legislativa.

Por su parte, Hubert Fernández, juez del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso, lo Administrativo y lo Civil, sustituirá al magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro.

Justo este 2 de noviembre, Cruz presentó una solicitud de inhibitoria, que fue acogida por la Sala, porque el líder del Poder Judicial se habría pronunciado sobre el contenido del plan tributario, al referirse a los topes salariales que este impondría, en una sesión de Corte Plena en setiembre.

LEA MÁS: Sala IV definirá constitucionalidad de plan fiscal a más tardar el 26 de noviembre

El juez Hubert Fernández suplía a Fernando Cruz en la Sala IV desde que a Cruz lo nombraron presidente de la Corte Suprema de Justicia, en agosto de este 2018.

Su designación se realizó por sorteo por un plazo de tres meses, el cual se venció esta semana.

Al hacerse una nueva rifa, para sustituir a Cruz, Hubert Fernández ganó por segunda vez consecutiva la oportunidad de reemplazar al magistrado titular.

Ante esto, la Sala decidió mantenerlo habilitado para la votación de la reforma fiscal.

Así lo confirmó la oficina de prensa del tribunal constitucional mediante un correo electrónico: “En aplicación de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como el criterio de la auditoría interna, recién transcrito, se dispuso tener habilitado al magistrado suplente Fernández Argüello, con el fin de que sustituyera al Magistrado Cruz Castro en el conocimiento de la consulta legislativa de cita”.

Esa misma instancia aclaró que la permanencia de los magistrados en la Sala Constitucional para la revisión de la reforma fiscal dependerá de si ellos no presentan inhibitorias –como fue el caso de Cruz–, vacaciones, incapacidades o permisos. Si eso ocurriera, se haría un nuevo sorteo.

La Sala estará integrada, además, por la magistrada suplente Martha Esquivel, jueza de Trabajo, quien está supliendo la ausencia que dejó Ernesto Jinesta por jubilación.

El instructor

Como instructor del caso, fue designado el magistrado Paul Rueda, confirmó la oficina de prensa de la Sala Constitucional.

LEA MÁS: Diputados creen que presidente de la Corte debe abstenerse de votar reforma fiscal cuando llegue a la Sala IV

Quien asume esa figura en una votación es el encargado de analizar el caso y de presentar al resto de los magistrados un proyecto de resolución

Los altos jueces de la República deciden si acogen o rechazan la posición del instructor.

Nombramientos recientes

El magistrado Jorge Araya García resulto electo por los diputados este miércoles 31 de octubre.

Él sustituirá a Gilbert Armijo, quien dejó el cargo hace tres años para acogerse a su pensión, pero los legisladores tenían pendiente ese nombramiento.

Araya es un abogado litigante de 57 años con experiencia en los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo.

LEA MÁS: Asamblea nombra en Sala IV a un litigante con experiencia en poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo

Además de la votación de la reforma fiscal, deberá participar en la sesión en la que los magistrados verán la constitucionalidad del tope a las pensiones de lujo, cuyo plazo es el 18 de noviembre.

LEA MÁS: Fernando Cruz asume la presidencia de la Corte en tiempos de crisis

La consulta constitucional

Luego de la aprobación en primer debate de la reforma tributaria en el Congreso, los diputados presentaron tres consultas facultativas sobre la constitucionalidad de esta, las cuales se acumularán en un mismo expediente.

Ahora, el trabajo de los magistrados del máximo tribunal será determinar si el expediente 20.580 presenta algún vicio en su tramitación en la Asamblea Legislativa, o bien, alguna inconstitucionalidad en su contenido. De no encontrar ninguna anomalía, el plan tendrá vía libre para su votación definitiva en segundo debate.

Si no es así y los altos jueces consideran que la iniciativa presentó algún vicio de procedimiento, esta requerirá, obligatoriamente, del voto de 38 legisladores.

Colaboraron con esta información los periodistas Rebeca Madrigal y Carlos Arguedas.