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El Poder Ejecutivo se comprometió a trabajar con la Asamblea Legislativa para apurar la aprobación, en segundo debate, del proyecto de reforma al empleo público, después de conocer lo resuelto por la Sala IV a consultas de los diputados.
“Nos comprometemos a trabajar en cercanía con las fracciones legislativas no solo para tener una visión comprensiva de los resultados sino también para poder concretar la ruta que nos permita, en el menor plazo posible, lograr la aprobación de este proyecto que es de la mayor relevancia para el país”, manifestó la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, por medio de la oficina de prensa.
Según dijo la ministra, en cuanto sea comunicado el fallo de los magistrados se procederá a estudiar la integralidad del texto para comprender los alcances de lo emitido por la Sala.
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“Vemos muy positivo que la Sala Constitucional está avalando la procedencia de regular el empleo público para la totalidad de la administración pública. Esto es un paso muy significativo en la línea trazada con el afán de poder contribuir al ordenamiento de nuestras finanzas públicas”, dijo Dinarte.
En una resolución divulgada la noche de este sábado, los magistrados constitucionales resolvieron las consultas formuladas por los diputados sobre el proyecto de reforma al empleo público. El fallo de los magistrados es el número 2021-17098.
Por su parte, la ministra de Planificación, Pilar Garrido, destacó que no se hayan detectado vicios de procedimiento pues, según dijo, “son los únicos que pueden llevar un proyecto al archivo”.
“Las inconstitucionalidades señaladas refieren únicamente a un tema, como lo es el eventual ejercicio de la rectoría política, lo cual hace que el señalamiento verse sobre los efectos que podrían generarse sobre algunas instituciones a partir de la aplicación de esas normas, aunque no de ellas como tales.
“Todos aquellos aspectos que no requieren de ningún instrumento de rango inferior a la ley que deba ser emitido por el Poder Ejecutivo para implementarse, son de plena aplicación para todas las instituciones bajo el ámbito de cobertura, y estas son el corazón del proyecto de ley, como la organización por familias, el salario global y los límites a las convenciones colectivas, entre otros”, dijo la ministra.
La titular de Planificación puso especial énfasis en el aval de los magistrados a regular el empleo público en la totalidad de la administración pública, bajo un único cuerpo legal.
“Con este voto estamos a muy poco de garantizar que la ley marco del empleo público sea una realidad y con ella, mayor razonabilidad de las finanzas públicas y mayor eficacia en la prestación de servicios públicos”, agregó Garrido.
Con respecto al fallo, el ministro de Comunicación, Agustín Castro, consideró que esta reforma sea una realidad pronto luego de que se hagan los ajustes técnicos señalados por la Sala IV.
“El pronunciamiento de la Sala Constitucional deja claro que la ley marco del empleo público no contiene ninguna inconstitucionalidad en su tramitación. Además, avala la fijación del salario único global y las limitaciones en las convenciones colectivas.
“Estos son los elementos centrales para generar un ahorro sustancial pero, sobre todo, para crear racionabilidad y justicia en las remuneraciones a lo interno del sector público, así como entre este y el sector privado”, dijo el ministro.
El proyecto Ley Marco al Empleo Público fue aprobado en primer debate el 17 de junio pasado, con el apoyo de 32 diputados.
Se trata de una reforma legal que, entre otras cosas, sustituye el oneroso sistema de pluses salariales en el Estado por un esquema de salario global.
Incluye a todo el sector público, excepto a las empresas públicas en competencia como el Instituto Nacional de Seguros (INS) o el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Se tramita en el expediente legislativo n° 21.336.
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Como parte del fallo, los magistrados avalaron la implementación de un salario global con un monto único para actuales y futuros empleados públicos, el tope a los salarios en las universidades y las regulaciones a convenciones colectivas.
No encontraron roces con la Constitución Política en cuanto al trámite que siguió el proyecto en la Asamblea Legislativa.
Por unanimidad, se declararon inconstitucionales los artículos de la reforma que sujetarían al Poder Judicial, municipalidades, universidades estatales, Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a la rectoría del Ministerio de Planificación en materia de empleo público.
