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“Si Costa Rica llega a estar en una lista gris o ser catalogado como un país no cooperante (en la lucha contra el lavado dinero y de alto riesgo para el financiamiento del terrorismo), evidentemente el sistema financiero costarricense colapsaría, el público y el privado”.
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Así de categórico fue el director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD),Guillermo Araya, quien este lunes insistentemente pidió a los diputados la aprobación de cuatro proyectos de ley para evitar ese calificativo, y cumplir así con las obligaciones que exige el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Ese órgano del G20 (grupo de Estados más industrializados y emergentes) que fija normas internacionales contra esas actividades ilícitas, le dio tiempo al Estado costarricense hasta el 15 julio próximo para emprender las reformas legales necesarias.
En la actualidad, en la lista gris solo hay 13 países, entre ellos, Afganistán, Corea del Norte, Irán, Irak y Siria.
Araya considera que antes de esa fecha, la Asamblea debería haber aprobado la iniciativa que establece el financiamiento al terrorismo como un delito e impone una pena de hasta 15 años de prisión a quien viaje a otro país para cometer este tipo de actos o entrenarse para ellos.
Además, este proyecto facilita el congelamiento de activos sospechosos y precisa los casos en que las autoridades policiales pueden desarticular redes de blanqueo de dinero.
“Nosotros rogamos para que ojalá se pueda aprobar el proyecto principal, el proyecto sobre financiamiento al terrorismo, es importante. Ese proyecto nos daría un salto para alejarnos de esa probabilidad de caer en la lista gris”, dijo Araya ante la comisión legislativa especial que analiza el conocido caso de "Los Papeles de Panamá" y los vínculos del bufete panameño Mossack Fonseca con empresarios costarricenses.
En segundo plano, el jerarca del ICD priorizó el proyecto de ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, pues crearía una registro con las listas de los accionistas y beneficiarios finales de las personas jurídicas.
Esa medida les permitiría rastrear el origen real de los recursos no solo de las sociedades anónimas, sino también de quienes integran fideicomisos bancarios, figura que por su "opacidad" –según Araya– podría estar siendo utilizada para el lavado de dinero.
“El fideicomiso se ha visto, a nivel de investigación, como la forma de encubrir el patrimonio cuando se hace una investigación contra un sujeto y se hace un barrido de las bases de datos públicas y no aparecen con bienes; pero después nos damos cuentas que todos sus bienes forman parte de un gran patrimonio en un fideicomiso que está a otro nombre”, declaró el director del ICD.
El tercer plan que priorizó Araya es el de Extinción de Dominio, que permitiría al Estado combatir la delincuencia organizada mediante el decomiso de los bienes producto de actividades ilícitas.
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Mientras, en cuarto lugar dejó el proyecto de ley que regularía actividades no financieras vulnerables al dinero sucio, como las bienes raíces, los casinos, casas de apuestas, abogados, notarios y contadores públicos, así como los comerciantes de metales y piedras preciosas. Las personas que desarrollen estos negocios tendrían que registrarse ante el Ministerio de Hacienda.
Román Chavarría, director de la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, y quien también acudió a la comparecencia ante los diputados, alertó que en la actualidad podrían haber sospechas de casos de financiamiento al terrorismo.
“Ya hay tipologías de reportes de operaciones sospechosas que están mostrando personas que están haciendo donativos a países de Medio Oriente como Pakistán. Es de cuidado, no quiere decir que esa persona tenga una actividad terrorista, que tenga simpatizantes o combatientes terroristas extranjeros, pero es de muchísimo riesgo" dijo Chavarría
"A diferencia del lavado de dinero, en el financiamiento al terrorismo las cuantías son bajas, son de $50, $100 o $800, las cuales permiten a un combatiente terrorista continuar su viaje hacia donde va a cometer un acto o de logística", agregó.
Guillermo Araya precisó, que al año, se contabilizan 450 reportes de operaciones sospechosas en el sistema financiero nacional y que de esos casos, en promedio, solo el 25% llega a los estrados judiciales.
