Los diputados aceleran el trámite del Proyecto de Ley de Extinción de Dominio, que permitiría al Estado combatir la delincuencia organizada mediante el decomiso de los bienes producto de actividades ilícitas.
El plan se basa en el ejemplo colombiano, en donde se ha utilizado la nueva jurisdicción para “extinguir” las posesiones de los grandes capos del narcotráfico u otras actividades delincuenciales, cuando no se pueda demostrar que son posesiones obtenidas de manera legal.
La iniciativa establece que cuando una persona no pueda demostrar el origen de sus bienes, sean propiedad o capitales, las autoridades judiciales podrían decomisarlos sin necesidad de una sentencia relacionada con delitos de la delincuencia organizada.
Según el legislador liberacionista, Antonio Álvarez Desanti, en materia de bienes no existe la presunción de inocencia, como sí sucede en cuando a la libertad individual.
O sea, se le podría quitar los bienes presuntamente mal habidos a quien no pueda demostrar cómo los obtuvo, pero no se puede encarcelar a alguien si no hay una sentencia condenatoria por actividades como narcotráfico, trata de personas, tráfico de órganos, entre otros.
Los congresistas de la Comisión de Seguridad trabajan la iniciativa legal junto con representantes de la Sala III (que ve materia penal), el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Instituto Costarricense sobre Drogas.
Además, cuentan los parlamentarios con la asesoría de la Unidad de Combate a las Drogas de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Herramienta. Para el fiscal general, Jorge Chavarría, la creación de esta nueva estructura genera una herramienta importante “que potencia la actuación del Estado frente a las organizaciones criminales”.
“Si no se puede acreditar que una persona participa en lavado de dinero, en trata de personas o tráfico de órganos, pero establecemos a través de la investigación que sus bienes están relacionados con el delito, se los decomisamos”, comentó Chavarría.
Para el magistrado Carlos Chinchilla, de la Sala III, la legislación permitiría “golpear al narcotráfico y el crimen organizado en general por donde más les duele, que es la posibilidad de que sus capitales y su patrimonio se extingan”.
A pesar de que este proceso judicial es independiente a un juicio por delitos como narcotráfico o legitimación de capitales, sí requiere una sentencia de autoridades judiciales para que el Estado tome posesión de los bienes.
Aparte del verdiblanco Álvarez Desanti, también se manifiestan a favor del proyecto Francisco Camacho, del Frente Amplio, y Marvin Atencio, del Partido Acción Ciudadana (PAC).
En cambio, el libertario Otto Guevara adujo que tiene aprehensiones sobre la iniciativa, sobre todo en cuanto al proceso.
“Tiene que haber una sentencia firme para que sea una persona sancionada o hallada culpable de participar en ilícitos, de los que se castigan con nuestra legislación”, expresó Guevara.
El libertario añadió que hay garantías individuales a las que no se les puede pasar por encima, como “el respeto por la propiedad honestamente adquirida”.
El magistrado Carlos Chinchilla añadió que el proyecto crea toda una estructura adicional para los procesos de decomiso y administración de los bienes.
