Costa Rica está a punto de entrar en un exclusivo club de 13 países con una reputación no muy buena. Se trata de la lista gris de naciones no cooperantes contra el lavado de dinero y de alto riesgo para el financiamiento del terrorismo, en la cual están Afganistán, Corea del Norte, Irán, Irak y Siria, por ejemplo.
El Estado tiene hasta el 15 de julio para emprender las reformas que solicita el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), órgano del G20 (grupo de Estados más industrializados y emergentes) que fija normas internacionales contra esas actividades ilícitas.
De entrar a la lista gris, el sistema financiero costarricense y el comercio exterior podrían sufrir consecuencias. Las relaciones de los bancos locales con los extranjeros podrían verse afectadas, así como el acceso a fuentes de financiamiento externo en general.
María Isabel Cortés, directora ejecutiva de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), afirmó que los efectos para la economía costarricense serían graves: "Realmente es como si nadie quisiera tener relaciones de ningún tipo con el país, porque sería señalado internacionalmente como país no cooperador".
La acción más urgente para que Costa Rica no caiga en la lista gris es la aprobación de tres proyectos de ley, en criterio del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
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Una de las iniciativas crearía el delito de financiamiento del terrorismo y establecería una pena hasta de 15 años de cárcel a quien viaje a otro país para cometer este tipo de actos o entrenarse en ellos. Además, facilitaría el congelamiento de activos sospechosos y precisaría los casos en que las autoridades policiales pueden desarticular redes de blanqueo de dinero.
El segundo plan regularía actividades no financieras vulnerables al dinero sucio, como las bienes raíces, los casinos, casas de apuestas, abogados, notarios y contadores públicos, así como los comerciantes de metales y piedras preciosas. Las personas que desarrollen estos negocios tendrían que registrarse ante el Ministerio de Hacienda, que tendría una oficina de supervisión.
El tercer plan es el acceso a las listas de los accionistas y beneficiarios finales de las personas jurídicas, tal como lo establece el proyecto de Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal.
Para el cumplimiento de las recomendaciones del GAFI, el ICD ha trabajado de la mano con Alejandro Montesdeoca, un consultor uruguayo pagado por la ABC que trabajó en Gafilat.
Para Montesdeoca, Costa Rica es sumamente vulnerable no solo por sus condiciones legales actuales, sino también por circunstancias históricas y geopolíticas. "En la medida que se baje la guardia, más vulnerable parecerá, sobre todo cuando los otros países han ido cerrando el cerco", comentó el experto uruguayo.
De los países de la región, solamente Costa Rica se ha atrasado en la aprobación de leyes y normativas para alcanzar los estándares internacionales establecidos por los países del GAFI, agregó.
En su criterio, además, el impacto de entrar en la lista gris sería negativo para ingresar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), grupo de 34 países que comparten políticas para mejorar el desarrollo, al cual el Gobierno quiere entrar.
"Desde el momento en que un país entra a una lista gris, la OCDE dice 'no, hasta que usted no salga, no sigo adelante con el proceso'", dijo Montesdeoca.
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Acelerando.
Amén de que los procesos de aprobación legislativa son lentos, los proyectos para desviarse del camino a la lista gris apenas llegaron al Congreso en marzo, en el caso del referido al delito de financiamiento al terrorismo, y en mayo, en el caso del que regula las actividades no financieras.
El presidente de la Comisión de Narcotráfico y Seguridad, el liberacionista Ronny Monge, aseguró que han acelerado el paso, ante la responsabilidad que tienen delante.
De hecho, el miércoles, todas las fracciones acordaron dispensar de todo trámite, para enviarlo al plenario de una vez, el expediente 19.909, para crear el delito de financiamiento al terrorismo.
"Entrar en esa lista es un peligro, por esa razón hemos estado tan preocupados por las recomendaciones del GAFI y también el tema del registro de accionistas", apuntó Marco Vinicio Redondo, del Partido Acción Ciudadana.
La iniciativa para mejorar la lucha contra el fraude fiscal cumple dos años de trámite parlamentario y seis meses desde que se incluyó la creación del registro de accionistas.
Tanto el Movimiento Libertario como el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) se han opuesto a la creación de dicha base de datos. Sin embargo, el 24 de mayo el Gobierno y el PUSC consiguieron unificar criterios y firmaron un acuerdo para el avance del plan que, sin embargo, no se ha materializado.
Para la directiva de la ABC, podría ser suficiente con que las iniciativas hayan avanzado en sus trámites en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y la de Hacendarios (o sea, que tengan dictamen positivo de los diputados), para evitar el ingreso en la lista gris.
Redes.
Alejandro Montesdeoca se desempeñó en ese órgano entre el 2005 y el 2012 y, actualmente, también asesora a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del ICD, en el cumplimiento de las recomendaciones relacionadas con directrices y reglamentos de los cuales dependan ellos y no de la Asamblea Legislativa.
Entre las modificaciones que se deben aprobar para alcanzar las normas internacionales, está la obligación de firmar una declaración sobre toda transferencia electrónica, no para montos superiores a los $10.000, sino a partir de los $1000.
La GAFI también solicitó al país crear políticas públicas sobre lavado de activos, financiamiento al terrorismo y estrategias para identificar eventuales redes de financiamiento a las armas de destrucción masiva.
Asimismo, se le pidió al país trabajar en normativa para obligar a las organizaciones sin fines de lucro a implementar medidas de protección contra el financiamiento del terrorismo. "No existe conciencia respecto del peligro potencial que involucra el delito de financiamiento al terrorismo para las organizaciones sin fines de lucro", alertó el GAFI en su informe de evaluación de Costa Rica, dictado en julio del año pasado.
Para el director del ICD, Guillermo Araya, esta normativa permitirá trazar mejor transacciones de dinero procedente de actividades ilícitas y dará acceso a información sobre personas jurídicas que se utilicen como canal, bien para financiar organizaciones terroristas o para blanquear dinero generado en actividades delictivas.
De esa forma, la normativa permitirá una mejor colaboración en casos como el del ucraniano Arthur Budovsky, detenido a inicios del 2013, en Madrid, España, acusado de ser el líder de la mayor operación de lavado de dinero del mundo, con sede en Costa Rica, a través de su compañía domiciliada en este país: Liberty Reserve.
Actualmente, el ICD tiene en su poder los $24 millones en dinero y otros bienes decomisados en Costa Rica a Budovsky, así como los vehículos de lujo que mantenía en sus residencias.
Araya alertó, además, de que para el GAFI no hay posibilidad de cumplir o no, sino que es blanco o negro. "Sin la aprobación de las leyes, no hay cumplimiento", enfatizó el director del ICD.
Miembros.
Luego de las últimas evaluaciones internacionales realizadas por el GAFI y sus sedes regionales, la lista gris incluye como miembros a Afganistán, Birmania, Bosnia y Herzegovina, Corea del Norte, Guyana, Irán, Irak, Laos, Papúa Nueva Guinea, Siria, Uganda, Vanuatu y Yemen.
Costa Rica está asociada a la regional del GAFI para América Latina, Gafilat, y ante este organismo debe hacer su defensa en Buenos Aires, Argentina, un mes después de presentarlo por escrito.
De 40 recomendaciones que el GAFI sugiere a los países, para julio del 2015, Costa Rica incumplía parcial o totalmente 18, mientras que 22 las cumplía.