Un casino, un abogado, una empresa constructora o una corredora de bienes raíces costarricenses pueden ser la herramienta ideal para ocultar el entramado de una red de financiamiento al terrorismo.
Eso hace débil a Costa Rica ante el ingreso de dinero para financiar grupos dispuestos a ataques extremistas o algo más común, el lavado de dinero procedente de la delincuencia organizada a través de sociedades anónimas, fundaciones u organizaciones no gubernamentales.
Así lo considera el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), creado en el año 2000 y al cual Costa Rica se unió en el 2010 para combatir el blanqueo de capitales ilícitos.
En julio, ese grupo realizó una evaluación del cumplimiento de 40 recomendaciones para que el Gobierno fortalezca su estructura antilavado y antiterrorismo.
En un informe de 177 páginas, el Gafilat, con sede en Argentina, concluyó que Costa Rica carece de penas para castigar la financiación a grupos terroristas.
Una de las principales debilidades del país es que aún no considera como delito el financiamiento a esas organizaciones, ni cuenta con autoridades competentes que regulen los casinos físicos y por Internet, para prevenir el flujo de dinero ilícito.
Para Gafilat, a la fecha de la evaluación no había conciencia en las autoridades costarricenses del riesgo como país para ese flujo de plata para el terrorismo.
Lista gris. Guillermo Araya, director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), confirmó que, de no cumplirse con las recomendaciones sobre reformas legales y reforzamiento de las autoridades judiciales (en personal, recursos y capacitación), Costa Rica podría entrar en una lista gris de países “que no colaboran” en la lucha contra el terrorismo.
“El proceso indica como criterios de ingreso (a la lista gris) la falta de participación en un órgano regional estilo Gafilat, nominación por parte de una delegación o un grupo regional y con base en los resultados del Informe de evaluación mutu a”, dijo.
Araya añadió que ya se han preparado reformas para establecer como delito el financiamiento a las organizaciones terroristas.
Sin embargo, el borrador de la iniciativa aún está en la Casa Presidencial, a la espera de su envío para estudio de los diputados.
“El objetivo es blindar a Costa Rica y que la gente tenga confianza en que un aporte solidario que dé a una organización no se use para financiar el trayecto ni el hospedaje y tránsito de terroristas por América. No estamos hablando de que haya actos terroristas aquí”, añadió Araya.
María Isabel Cortés, directora ejecutiva de la Asociación Bancaria Costarricense, expresó preocupación por la eventual inclusión del país en esa lista gris. Eso traería efectos negativos, principalmente en el flujo de capitales nacionales hacia fuera y de dinero extranjero hacia acá, dijo.
Aunque el Gafilat cree que el sector financiero tico cubre bien en cuanto a directrices y control la ausencia de leyes, sí advirtió de que el poco acceso a la información sobre sociedades y fideicomisos es un problema. El grupo lo forman Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, México, Panamá, Cuba, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
