EscucharArmando González Rodicio, director de La Nación, declaró que la sentencia de la Sala IV, la cual anula el cierre de Parque Viva ordenado por el Gobierno de Rodrigo Chaves, es un fallo en favor de la libertad de expresión de todas las personas.
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Para este periodista y abogado, “cuando se cercena la libertad de expresión de un costarricense, se cercena la de todos”.
El Tribunal Constitucional emitió este viernes 21 de octubre un fallo en respuesta a un recurso de amparo interpuesto por González Rodicio y otros periodistas de La Nación por el cierre de Parque Viva, ordenado por el Gobierno el 8 de julio. La resolución indica que en esa abrupta clausura del recinto hay “una violación indirecta de la libertad de prensa”.
“Acudimos a la Sala Constitucional en defensa de la libertad de expresión, y en eso no debe haber confusión. Fue en defensa de la libertad de expresión de todos los costarricenses y no solo de quienes laboramos en Grupo Nación”, manifestó González.
Agregó que en el ambiente nacional la discusión pública está muy envenenada, llena de polarización y de odios.
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Eso provoca, explicó, que en esta coyuntura haya quienes aplauden si se viola la libertad de expresión de una persona que no es su amiga, o censuren si se le hace a alguien cercano. “Así no puede ser. Cuando se cercena la libertad de expresión de un costarricense, nos caiga bien o nos caiga mal, se cercena la libertad de todos”, declaró.
Recalcó que la libertad de expresión no es solo para los periodistas, es para todos los ciudadanos, y cuando se lesiona en un caso, se lesiona en todos los casos.
¿Qué relación existe entre el cierre de Parque Viva y la libertad de expresión?
González explicó que, durante la campaña electoral, el entonces candidato presidencial Rodrigo Chaves prometió que, si llegaba a gobernar, actuaría como un sunami que arrasaría con Grupo Nación. “Somos un sunami y sí, vamos a causar destrucción. Vamos a causar la destrucción de las estructuras corruptas de La Nación y Canal 7, óigame, Ignacio Santos, (…), óigame, Armando González. ¡Aquí estamos!”, dijo el político en un discurso que quedó grabado en video y circuló en redes sociales.
Tales afirmaciones las hizo luego de que este medio diera a conocer que un tribunal administrativo del Banco Mundial dio por comprobado que él incurrió en acoso sexual cuando laboró en esa entidad; además, por noticias sobre la presunta estructura de financiamiento paralelo de la campaña del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), que lo llevó al poder.
El cierre de Parque Viva, de acuerdo con el director de La Nación, se dio “como represalia por las informaciones que se habían publicado, críticas hacia don Rodrigo, pero totalmente fundamentadas, ciertas, y de evidente interés público”, manifestó.
De hecho, antes de proceder al cierre, el Gobierno realizó una inspección en Parque Viva y no encontró problema alguno en el complejo, por lo cual decidió alegar que provoca “enormes presas” en los alrededores cada vez que hay algún espectáculo.
“Como usted sabe, las presas afuera se hacen en todos los sitios de atracción de espectáculos en el país. Tenemos calles muy estrechas en Costa Rica, debemos ampliarlas, de eso no cabe duda, pero eso es una responsabilidad del Estado”, declaró.
Y agregó: “Encontraron una razón afuera de Parque Viva y, evidentemente, esa razón obedece a la promesa que había hecho en campaña don Rodrigo de golpear las estructuras de Grupo Nación en represalia por su periodismo”.
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Agregó que la Sala IV sentenció como habría hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que la jurisprudencia es amplia, en casos como en Perú y Venezuela.
“La relación la ha encontrado la Corte Interamericana, también el Tribunal Europeo y ahora la está encontrando nuestra Sala Constitucional. Evidentemente la relación existe”, dijo el director.
El recurso amparo que la Sala Constitucional declaró con lugar fue redactado por Armando González y fue presentado en conjunto con periodistas de este medio.
El recurso fue interpuesto contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y contra la ministra de Salud, Joselyn Chacón, cuya cartera giró la orden.
Los comunicadores demostraron que las medidas desplegadas por el Gobierno para cerrar el Parque Viva fueron arbitrarias y constituyeron “una grosera desviación de poder”, para vulnerar tanto el derecho a la libre expresión como el derecho de los costarricenses a recibir información.
