Una subcomisión de la Asamblea Legislativa, integrada por diputados del PLN, el PAC y el PUSC, recomendaron aprobar el crédito de $550 millones que financiaría el aporte estatal para construir el tren eléctrico metropolitano.
Los integrantes son los congresistas Paola Valladares, Luis Ramón Carranza y María Vita Monge, de los partidos Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC) y Unidad Social Cristiana (PUSC).
Ellos son miembros de la Comisión de Infraestructura, en donde se discute el préstamo otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Fondo Verde del Clima de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En su informe a la Comisión, los legisladores concluyeron que el financiamiento concede condiciones muy favorables. Los $250 millones del Fondo Verde, por ejemplo, tienen una tasa de interés del 0% con un plazo de 40 años y una década de gracia para comenzar a pagar.
También, resaltaron que el contrato de préstamo no está amarrado a un anteproyecto particular para el tren, como el que desarrolló la administración de Carlos Alvarado, sino que el próximo gobierno podría construir una obra similar, con varios ajustes.
“El préstamo no está atado a ningún proyecto en específico, pues lo que existe, hasta el momento, son apenas estudios de factibilidad previos en la etapa de preinversión. La definición del proyecto —entiéndase el diseño y la concreción de sus contenidos— todavía está pendiente y, para eso, debe promoverse a futuro una licitación pública para escoger un concesionario que realice un diseño definitivo, la construcción y operación del tren”, señala el documento.
La idea del Poder Ejecutivo es concesionar el proyecto a una empresa privada que se encargue de construir y operar el tren. Sin embargo, el Estado haría un aporte para atenuar las tarifas.
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Votación crucial
El informe fue remitido a la Comisión de Infraestructura, integrada por nueve legisladores y presidida por Paola Valladares. El contrato de préstamo sería sometido a votación el próximo martes 9 de noviembre en este foro.
Como al proyecto se le venció su periodo en comisión y entró a la “guillotina legislativa”, los diputados solo podrán votar la iniciativa a favor o en contra, con poco margen de discusión.
Paola Valladares aclaró que el informe de subcomisión no significa, necesariamente, que el proyecto será acogido por todos los diputados de la comisión. El préstamo deberá contar con, al menos, cinco votos para pasar al plenario legislativo con un dictamen afirmativo de mayoría.
“Los proyectos se distribuyen en subcomisiones, que hacen análisis particulares de consultas y elementos de juicio que, posteriormente, lo presentan ante la Comisión para su valoración. No es una imposición, la comisión en pleno puede rechazar lo que diga o recomiende el informe de subcomisión”, afirmó la legisladora.
Además de Paola Valladares, la Comisión de Infraestructura está integrada por los también liberacionistas Luis Fernando Chacón y David Gourzong; Luis Ramón Carranza, del PAC; y María Vita Monge, del PUSC.
También están Walter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN); el independiente Dragos Dolanescu; y las fabricistas Carmen Chan y Marolin Azofeifa. El candidato presidencial Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR) ya anunció que su bancada se opondrá a la iniciativa.
Una vez en el plenario, el préstamo internacional deberá reunir los votos de 38 diputados (mayoría calificada) para su aprobación.
Las condiciones del BCIE
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Los $300 millones que prestaría el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) tienen una tasa de interés del 3,8% anual con 20 años de plazo, sin comisión de compromiso y con cinco años de gracia para comenzar a hacer el repago.
Adicionalmente, el Fondo Verde dispuso de una donación de $21,3 millones para construir obras de movilidad complementarias, como ciclovías y espacios públicos para el ferrocarril.
Dichos beneficios fueron aprobados por esta oficina de Naciones Unidas, en julio anterior, al considerar que un sistema de transporte público con energía renovable traería beneficios ambientales.
Posiciones a favor y en contra
El informe de la subcomisión recoge todos los criterios emitidos por las instituciones, organizaciones y cámaras empresariales consultadas acerca del contrato de préstamo para la construcción del tren eléctrico.
Un total de 22 se pronunciaron a favor. Entre ellas la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), la Universidad de Costa Rica (UCR), el Banco Central de Costa Rica (BCCR), y múltiples municipalidades metropolitanas.
La Contraloría General de la República (CGR) recomendó contemplar el impacto en la movilidad por la pandemia de coronavirus y la capacidad del Estado para pagar el subsidio anual a la operación del sistema de transporte.
Entretanto, cuatro instituciones se pronunciaron en contra: la Defensoría de los Habitantes, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), la Cámara Nacional de Transportes y la Municipalidad de San Isidro.
