EscucharDos diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios afirmaron que se debe respetar el principio constitucional de no disminuir el aporte estatal a las universidades públicas.
La diputada presidenta de la comisión, Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), indicó que la propuesta del Gobierno de rebajar en ¢128.000 millones el Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Estatal (FEES) era un “irrespeto al principio constitucional” que indica, en el artículo 85 de la Constitución Política, que ese monto no puede ser disminuido.
Si el Presupuesto Nacional que envíe el Gobierno para el 2023 no respeta ese principio, los diputados harán los ajustes correspondientes, dijo Ramírez, a partir del 1.° de setiembre cuando le corresponda a la Comisión de Hacendarios conocer y emitir un dictamen sobre el plan de gastos.
“El presupuesto debería llegar con un verdadero acuerdo entre las partes que no lo ha tenido este Gobierno. Ha irrespetado el principio constitucional que no puede ser disminuido y no han entrado en un proceso de negociación, lo cual me parece fundamental que llegue negociado y llegue así a la Asamblea y evitar que ya estando en comisión tengamos que entrar a conocer temas que son propios de Gobierno”, señaló Ramírez.
Agregó que no es posible disminuir ese aporte estatal y que a los diputados “no les toca esa negociación”, por lo que esperan que el Poder Ejecutivo envíe la propuesta negociada.
“Si viene así, el Gobierno es el que debe proponer los ajustes” que sean necesarios para tomar de otras partidas el faltante al FEES, dijo.
Por su parte, el jefe de fracción del Partido Liberal Progresista y miembro de la Comisión, Eliécer Feinzaig, reconoció la existencia y el respeto de ese principio constitucional, aunque afirmó que se puede buscar un balance entre la propuesta del Gobierno y la de los rectores que buscan incrementar por costo de la vida el monto destinado a las universidades públicas en el 2023.
“Estamos claros que el monto que se asigna no puede decrecer, es abiertamente inconstitucional, pero también estamos claros que la Constitución Política ordena un porcentaje para la educación en general. De manera que creo que hay espacio para acomodar el presupuesto a la realidad del país.
“Pero hay un principio constitucional. No podemos reducir el presupuesto de las universidades, entre la propuesta de una reducción y la propuesta de aumentar hay un espacio que se puede encontrar, un punto medio”, dijo el diputado del Liberal Progresista.
La tarde de este martes, tras una manifestación de estudiantes de las universidades públicas, el Gobierno desistió del recorte al FEES, por lo que ingresan a una nueva negociación sobre cuál sería el aumento al Fondo que el año pasado fue de ¢522.000 millones.
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