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Los diputados de la Comisión Especial de Reglamento buscan un acuerdo para eliminar el secretismo en las votaciones de la Asamblea Legislativa relacionadas con los nombramientos de magistrados y otros altos cargos públicos, como el puesto de contralor general.
Así lo afirmaron los diputados y miembros de esta comisión, Jorge Luis Fonseca, del PLN y presidente del foro, y Carolina Hidalgo, del PAC.
Según Hidalgo, el objetivo es adecuarse a un fallo emitido por la Sala IV en octubre del 2019, el cual declaró inconstitucional el secretismo del Congreso en los votos de censura, compatibilidad del cargo de diputado con otras funciones y concesión de honores, así como en el funcionamiento de la Comisión de Honores.
De la misma forma, el Tribunal Constitucional derogó el secreto en las votaciones para el otorgamiento de ciudadanías de honor, benemeritazgos de la patria y benemeritazgos de ciencias, artes o letras patrias.
Según los magistrados constitucionales, el artículo 117 de la Constitución Política establece que la regla del Congreso debe ser la publicidad, por lo que el sigilo solamente se permite “por razones muy calificadas y de conveniencia general”.
La fracción de Acción Ciudadana (PAC) impulsa el expediente 21.628, el cual eliminaría el voto secreto en los nombramientos de magistrados y elecciones que requieran mayoría simple (mitad más uno de los presentes), como las de defensor de los Habitantes, contralor general y miembros Directorio legislativo. El cambio también regiría para la ratificación del procurador general y de los directivos bancarios.
Por su parte, Liberación Nacional (PLN) propone el expediente 21.744, el cual eliminaría el secreto en las elecciones de magistrados.
“Los proyectos que quedan pendientes de estudio en la comisión van en la dirección correcta. Uno es de la fracción del PAC, el cual busca hacer públicas todas las votaciones de la Asamblea, adecuando el reglamento de la Asamblea al más reciente fallo de la Sala Constitucional. El otro es de la fracción del PLN, el cual habla únicamente de las elecciones de magistraturas. Ambos van en la dirección correcta”, declaró Hidalgo.
“Tenemos un acuerdo entre algunos integrantes de la comisión de trabajar con base en esos textos, de forma que lleguemos a un consenso y podamos dar un paso más hacia la transparencia en este Congreso”, agregó.
Este martes, la Comisión Especial de Reglamento votó de forma negativa tres expedientes que pretendían favorecer el voto público, pero el diputado Fonseca, del Partido Liberación Nacional (PLN), explicó que lo hicieron porque estos textos ya no correspondían al reglamento vigente, al cual se le aplicaron otras reformas.
Además, la comisión está enfocada en sacar adelante el contenido de los textos presentados por el PAC y el PLN.
Jorge Fonseca afirmó sobre estas iniciativas: “Se encuentran en subcomisión a la espera de alcanzar un acuerdo general sobre esa temática, que está tomando un interesante consenso en esa subcomisión, y a la vez me solicitaron más plazo para el dictamen en virtud de esas consideraciones”.
Además de Hidalgo y Fonseca, este órgano legislativo está conformado por Carlos Ricardo Benavides (PLN), José María Villalta (Frente Amplio), el independiente Erick Rodríguez, Pedro Muñoz (Unidad Social Cristiana), y Eduardo Cruickshank, del Partido Restauración Nacional (PRN).
La controversia por las votaciones secretas en la Asamblea Legislativa tomó mayor relevancia el año pasado, primero en julio con la reelección del juez constitucional Paul Rueda, cuando varios legisladores defendieron el voto secreto amparados en un dictamen del departamento de Servicios Técnicos del Congreso.
Luego, en diciembre del 2019, en medio del voto secreto, 12 diputados votaron por un candidato sorpresa durante la elección de un magistrado para la Sala Tercera (casación penal), el 4 de diciembre del 2019. Se trataba de un aspirante que había sido descalificado en un concurso previo.
Días después de ese último evento, el plenario rechazó discutir la propuesta de reforma del PAC en ese escenario, pero el 29 de junio de este año se creó la comisión especial que ha analizado este y otros proyectos en cuestión.
Recientemente, la diputada María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), decidió declarar secretas las sesiones de la comisión que investiga a la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo.
Solís, presidenta de ese órgano legislativo, argumentó que el reglamento legislativo estipula que “las sesiones de las comisiones serán públicas. No obstante, sus respectivos presidentes podrán declararlas privadas si lo estimaren necesario”.
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