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Con el voto unánime de 43 diputados, la Asamblea Legislativa aprobó este lunes, en primer debate, un préstamo de $700 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con el fin de restaurar infraestructura en riesgo como puentes, carreteras y escuelas.
El objetivo del crédito es el financiamiento de 502 proyectos de reconstrucción de obras, de las cuales 299 están bajo la categoría de riesgo inminente y 203 corresponden a estructuras incluidas en decretos de emergencia.
Una serie de reformas incluidas al expediente 23.635 permitió que la iniciativa recibiera el respaldo necesario de las cinco fracciones de oposición que integran el Congreso.
El primer cambio fue una reducción en el costo del crédito, uno de los elementos que más objetaron los parlamentarios durante el trámite legislativo. Originalmente, la tasa de interés era del 8,87%; sin embargo, ante la presión de los legisladores, se bajó a una tasa ponderada del 7,65%
El rubro bajó por un acuerdo con el BCIE, para que $42,8 millones se financien con una tasa de interés fija de un 1,5% con un plazo de pago de 20 años.
Asimismo, se acordó que el KfW, Banco de Desarrollo de Alemania, cofinancie $66,7 millones, lo que generará una reducción del 0,75% de la tasa de interés sobre el margen aplicable.
El resto de los recursos, $590 millones, se mantiene con una tasa de interés del 8,64%.
Los diputados también establecieron modificaciones para que los recursos del crédito se incorporen al Presupuesto de la República, mediante la aprobación de planes de gasto extraordinarios autorizados por la Asamblea Legislativa.
La redacción original del gobierno autorizaba al Poder Ejecutivo a incorporar los recursos en los presupuestos ordinarios y extraordinarios mediante decreto ejecutivo, librándole de obtener el visto bueno del Congreso.
Los legisladores también incluyeron el listado de los 502 proyectos de reconstrucción de obras públicas, que se podrán financiar con el empréstito, “por un principio de seguridad jurídica y de legalidad”.
Asimismo, establecieron la obligación de que estos proyectos se presenten ante el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) que administra el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), “a partir de la fase de inversión”.
Se añadió una instrucción, a la Tesorería Nacional, para que se abran subcuentas a cada firma implementadora del proyecto, en seguimiento a una recomendación de la Contraloría General de la República (CGR) con el fin de dar “transparencia y trazabilidad” a los recursos.
El proyecto contempla la contratación de cinco empresas implementadoras que servirían como unidades ejecutoras y tendrían la responsabilidad de coordinar, planificar, ejecutar, supervisar y controlar los proyectos.
Finalmente, se introdujo la obligación a la Auditoría Interna de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), para que efectúe informes semestrales que evalúen, como mínimo, aspectos como desempeño de las firmas implementadoras, gestión de las expropiaciones, avance físico y financiero de cada proyecto, cumplimiento de plazos y ejecución de los recursos.
La votación para segundo y último debate se fijó para el 27 de febrero.
