El diputado liberacionista Daniel Ulate, impulsor de un dudoso proyecto de ley que crearía un lucrativo negocio de etiquetado de licores, distribuyó un panfleto anónimo en contra de La Nación esta tarde en el plenario de la Asamblea Legislativa.
El legislador ramonense difundió el anónimo entre congresistas un día después de que fracasaran sus reiterados intentos para que el proyecto fuese incluido en la agenda de consenso del plenario, con la idea de que entrara en la etapa final de trámite legislativo, para convertirse en ley.
Daniel Ulate entregó un impreso con los nombres de los miembros de la Junta Directiva del Grupo Nación que dice: “En color negro los directivos del Grupo Nación que también son directivos de FIFCO”.
FIFCO es Florida Ice & Farm, compañía dedicada a los sectores inmobiliario, de alimentos, de bebidas y de ventas al detalle. Algunos de sus negocios son Cervecería Costa Rica, Musi, Musmanni, Reserva Conchal y Bar Imperial.
El panfleto es una clara insinuación de que las denuncias de La Nación sobre el proyecto de ley están relacionadas con una supuesta defensa de los intereses de la Cervecería.
Los diputados José María Villalta y Roberto Thompson, del Frente Amplio (FA) y de Liberación Nacional (PLN), respectivamente, confirmaron haber visto el panfleto de manos de Ulate.
“Él me dio copia, sí me mencionó el tema y también me preguntaron de otros medios, de la Extra, por ejemplo, pero en el plenario no dijo nada. Es un documento que dice que hay dos directivos de La Nación que también son directivos de Fifco", declaró Villalta.
Por su parte, Thompson afirmó: “El diputado Ulate efectivamente me mostró el documento. No sé si lo distribuyó. Yo estuve fuera un buen rato atendiendo estudiantes universitarios”.
La tarde del martes, los diputados frenaron el avance del proyecto de Ulate luego de que, el jueves, la fracción del PLN lo introdujo en la lista de planes que entrarían a la etapa final de trámite legislativo.
Los intentos de Ulate por incluirlo desataron un acalorado debate con la jefa liberacionista, Silvia Hernández, en el plenario.
La discusión se notó cuando Hernández y Ulate conversaban en medio de la votación de la moción que establecía la agenda de consenso.
La propia Hernández fue la que pidió que se sacara el plan de licores y la que tuvo que convencer a Ulate de que cediera, pese a su evidente enojo.
“Yo fui la que sacó hoy (el martes) el tema de la agenda y le dije a él (Daniel Ulate) que el tema no se iba a ver hoy, porque aún existen dudas externadas por varios compañeros que tienen que ser abordadas en la reunión del próximo lunes”, dijo la vocera del PLN.
El proyecto de licores
Con el argumento de luchar contra el contrabando, el plan de ley de Ulate obligaría al Ministerio de Hacienda a contratar una empresa que instale un sistema de rastreo de licores, mediante el etiquetado de todas las botellas.
No obstante, según Hacienda, la inversión en el método de marcado de las botellas podría resultar más cara que el dinero que se recupere.
En Ecuador, la instalación de un sistema similar costó $72,6 millones (unos ¢42.000 millones).
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La iniciativa cuenta con una lluvia de objeciones, tanto de instituciones del Estado como del sector empresarial.
Las opiniones critican el costo de la herramienta, su conveniencia y el retorno económico de esa inversión, así como posibles trabas al comercio formal por la eventual imposición de más cargas tributarias, o bien, por más gastos y trámites.
El socialcristiano Erwen Masís alegó, el 6 de setiembre, que la experiencia ha sido exitosa en países como Ecuador y República Dominicana, donde ya se instaló el sistema de registro y trazado de licores.
Estos son países en donde el sistema de monitoreo de licores y cigarrillos fue contratado a la empresa suiza SICPA, la cual tiene al exmandatario José María Figueres como presidente para América Latina.
En Chile, donde también SICPA fue contratada por $45 millones, Figueres figura como lobista de la compañía suiza en reuniones con altos funcionarios del Servicio Interno de Impuestos.
El 20 de setiembre del 2018, el diputado Daniel Ulate se reunió con el director para América Central de SICPA.
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Se trata del exministro de Transportes y Seguridad del gobierno de Figueres Olsen, Bernardo Arce Gutiérrez (1994-1996), quien al menos hasta el 2018 se desempeñaba como representante de la compañía suiza SICPA.
La cita entre el diputado Ulate y Arce se produjo 23 días después de que él presentó el proyecto de ley para crear el mecanismo de trazabilidad fiscal y, según el propio legislador, conversaron sobre la “implementación de tecnología aplicada” en la lucha contra el contrabando de licores.
Al consultarle La Nación cómo se produjo el encuentro con el representante de SICPA, el diputado respondió: “Él hace la solicitud por medio de los muchachos, acordate que él es partidario de nuestro partido (PLN), fue representante en un puesto público, así como lo soy yo ahora, como diputado. Él viene aquí y se le recibe”.
Condena en Brasil
El adjudicatario en Ecuador del sistema de rastreo fue el consorcio SICPA EcuaTrace, conformado por las firmas SICPA S. A. y de SICPA Security Solutions.
Esta segunda empresa es la proveedora del sistema de trazabilidad de bebidas que también contrató el Gobierno de Brasil, a través de la filial brasileña SICPA Brasil Industria de Tintas e Sistemas.
En relación con ese contrato, un tribunal federal de Brasil condenó a tres personas por el otorgamiento de $15 millones en sobornos, según reportó el diario O Globo.
Según la investigación del caso, el proceso de licitación fue contaminado desde su origen para llevarlo a un resultado que satisficiera los intereses de SICPA. El contrato fue firmado en el 2008 entre la empresa suiza y la Casa de la Moneda de Brasil por cinco años y un monto de unos $740 millones.
Charles Nelson Finkel, entonces vicepresidente ejecutivo de SICPA, fue condenado a 11 años y medio de prisión por utilizar una compañía en Estados Unidos para pagar, entre el 2009 y el 2015, el dinero del soborno a Marcelo Fisch de Berredo Menesez, alto funcionario de la Casa de la Moneda, en las cuentas de una empresa de su esposa, quien también fue condenada.
“Como resultado, se transfirieron grandes sumas de los Estados Unidos a Brasil, dando la apariencia de legalidad a las transacciones financieras a través del sistema bancario, con la ejecución de un acuerdo de servicio ficticio y la emisión de facturas por servicios nunca prestados”, dijo O Globo.
A principios de octubre, Figueres hizo una publicación en Facebook en la que desliga a SICPA de la condena que recibió en Brasil el ex vicepresidente ejecutivo de la sucursal de esa compañía en el gigante suramericano.
“En muchas empresas globales, Brasil por su tamaño e idioma es una división independiente de la división América Latina. Así es en SICPA. Cabe aclarar que una investigación en años recientes indagó a un consultor de SICPA por pagos indebidos. SICPA lo destituyó en el acto, y colaboró con la investigación lo cual sigue haciendo. Hoy SICPA continúa operando normalmente en Brasil”, adujo el exmandatario.
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