El pasado 23 de setiembre, el diputado del PLN, Luis Antonio Aiza, intervino en una sesión legislativa para defender la tercera pensión que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) les paga a sus funcionarios de forma exclusiva.

Ese día, la Comisión de Asuntos Sociales discutía un proyecto de ley que cerraría los regímenes de pensiones especiales que cinco instituciones públicas pagan para sus empleados con fondos públicos, aparte de las pensiones de las cotizaciones para las jubilaciones del IVM y el ROP.

Aiza intervino para decir que a él, como funcionario de la CCSS, le rebajaban un 1% del salario para financiar la pensión del Fondo de Retiro de los Empleados (FRE), como se denomina a la tercera pensión de la Caja.

El verdiblanco tiene una plaza en propiedad como oftalmólogo de la Caja, pero actualmente dispone de un permiso sin goce salarial para ejercer como diputado.

En la sesión, Luis Antonio Aiza se enfrascó en una discusión con la superintendente de Pensiones, Rocío Aguilar, porque él insistía en que le hacían la deducción, mientras que ella sostenía que el FRE es un sistema de pensiones para el cual los funcionarios no aportan dinero, sino que la CCSS corre con todos los gastos con dinero público.

De hecho, este fondo de jubilaciones tiene un hueco actuarial de alrededor de ¢1 billón.

Esta semana, la CCSS confirmó que sus trabajadores no aportan recursos al Fondo de Retiro de los Empleados.

Así lo comunicó el gerente financiero de la CCSS, Luis Diego Calderón, quien dijo que el único aporte que recibe el fondo es el patronal y que equivale a un 4% sobre el salario de los trabajadores.

Con ese dinero, se financian dos rubros: el fondo de retiro (la pensión del FRE) y un capital de retiro.

El capital de retiro es adicional a la pensión complementaria. Se trata de un monto que se les entrega a los empleados al momento de pensionarse, el cual corresponde a siete veces el salario que tenía la persona antes de jubilarse.

“El artículo 21 de la Ley Constitutiva (de la CCSS) establece un beneficio de retiro que dice que la CCSS aportará un 3% de los salarios todos los meses, además de un beneficio que había otorgado la CCSS hace muchos años, que era de un 1%. Es un 3% más un 1%, a sea, un 4%. De ahí se financian la pensión complementaria y el capital de retiro”, explicó Calderón.

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Legislador se retractó

El día del intercambio con la superintendente, el diputado Aiza se disculpó con ella al final de la audiencia.

Así lo confirmaron a La Nación él mismo, la jerarca de la Supén y la legisladora Xiomara Rodríguez, presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales.

“Yo, al final, le reconocí a doña Rocío que ella tenía razón, que el aporte lo hace la CCSS. Usted puede ir al acta (de la sesión) y ahí lo puede encontrar, porque yo llamé a la Caja y la Caja me dijo. Por eso le reconocí a ella que sí tenía toda la razón”, aseguró Aiza.

Asimismo, dijo que, en el momento de la audiencia, él había confundido el rebajo del FRE con otro que le hacían antes, llamado FRAP (Fondo de Retiro, Ahorro y Préstamo). Este último es una iniciativa de ahorro voluntario de los trabajadores de la Caja; no es una pensión.

En la Comisión de Asuntos Sociales se tramita el proyecto de ley 21.824, el cual propone cerrar cinco regímenes institucionales que, como el FRE, regalan una tercera pensión a sus funcionarios.

Aiza forma parte de ese foro legislativo.

Al consultársele si ve correcto participar en una comisión donde se discute un asunto en el cual él tiene un interés directo, como empleado de la Caja, el diputado dijo que el departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa le confirmó que no hay ningún problema con ello.

“Yo tengo un papel, por eso lo hice antes de participar, donde Servicios Técnicos dice que sí, porque yo, en este momento, no estoy trabajando para la Caja, sino para la Asamblea Legislativa. Yo tengo un permiso sin goce de salario”.

“Yo pregunté a Servicios Técnicos si yo, siendo diputado, puedo participar ahí y, además, que soy funcionario de la Caja cuando regrese ahí, cuando salga de la función de diputado y ese departamento dice que no tengo ningún impedimento”, explicó Aiza.

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Fondo ruinoso

El Fondo de Retiro de los Empleados de la Caja tiene un déficit de entre entre ¢760.000 millones y ¢1,2 billones, según su más reciente valuación actuarial.

Este sistema complementario entró en problemas desde el 2018, cuando comenzó a utilizar los intereses de las inversiones para pagar jubilaciones.

El estudio determinó que, para el 2021, el fondo comenzará a comerse su reserva, la cual se agotará en el 2030, según las previsiones.

Además del FRE, los otros regímenes que sugiere cerrar el proyecto de ley 21.824 son las pensiones especiales del Banco Nacional (BN), el Banco de Costa Rica (BCR), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Esas cinco instituciones otorgan a sus funcionarios sistemas jubilatorios complementarios, es decir, adicionales a la pensión básica del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

Dichos sistemas son financiados con presupuesto institucional, es decir, con fondos públicos.

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