Silvia Artavia. 14 noviembre
La crisis económica que azota a los venezolanos con escasez de alimento, medicinas y servicios públicos se traduce en constantes manifestaciones contra el régimen de Nicolás Maduro. La imagen fue captada el pasado 6 de setiembre en Caracas, la capital de Venezuela. Foto: AP /Fernando Llano.
La crisis económica que azota a los venezolanos con escasez de alimento, medicinas y servicios públicos se traduce en constantes manifestaciones contra el régimen de Nicolás Maduro. La imagen fue captada el pasado 6 de setiembre en Caracas, la capital de Venezuela. Foto: AP /Fernando Llano.

Costa Rica esquivó adherirse a la solicitud que siete países le hicieron a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para que investigue el régimen de Nicolás Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad.

El pasado 16 de octubre, la Cancillería informó públicamente de que apoyaría la petición hecha el 26 de setiembre por Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, a la cual Francia se unió posteriormente.

En realidad, lo que la Cancillería hizo fue remitir a la Fiscalía internacional una nota verbal y un comunicado de prensa en el cual el Gobierno expresaba su “apoyo” a la petitoria de los siete países.

En criterio de dos especialistas en diplomacia, los documentos enviados por nuestro país a la CPI, con sede en La Haya, Holanda, son una de las vías más “informales” que puede usar un país para pronunciarse sobre un asunto de relaciones internacionales.

Manuel González, canciller de la República durante la administración de Luis Guillermo Solís (2014-2018), y Manuel Ventura, exsecretario y exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consideran que Costa Rica debió presentar una adhesión, en lugar de una nota verbal y un comunicado de prensa.

“Una nota verbal es, dentro de la formalidad escrita, lo menos formal. Debió haber habido una adhesión plena y, de haber sido posible, una adición de más elementos de los que estaban presentando los otros países. Era una adhesión formal y no que ‘vemos con buenos ojos lo que otros hicieron'. Eso es lo que dice el comunicado y lo que se refleja en esa nota verbal”, aseguró González.

El excanciller afirmó que una nota verbal “ni siquiera” lleva la firma del embajador y destacó que la decisión de un gobierno de utilizar esa figura, para emitir criterio sobre un asunto, “tiene sus niveles de interpretación” en diplomacia.

“Una nota verbal no dice gran cosa para quien conoce del tema. Si usted le dice a cualquier persona que Costa Rica presentó eso, va a interpretar que lo está apoyando plenamente (la denuncia de investigar a Venezuela), pero no es el nivel de formalidad que merece un tema tan delicado”, enfatizó González.

Tanto el excanciller como Ventura afirmaron que, para tener carácter formal, el documento debió llevar las firmas de la ministra de Relaciones Exteriores, Epsy Campbell, y del mandatario, Carlos Alvarado.

Los documentos aportados por Costa Rica a la CPI lo que llevaban era firmada no identificada con un sello.

“Me impresionó mucho la falta de formalidad de un acto de esta naturaleza. Esto no se hace a través de un comunicado de prensa. Se hace mediante un documento formal firmado por el presidente y la canciller. Creo que lo pertinente es que la Cancillería explique por qué lo hizo así y que diga quién le recomendó a la Canciller hacerlo de esa manera”, exhortó Ventura.

El pasado 26 de setiembre, Costa Rica se abstuvo de participar en la petitoria de investigar a Venezuela presentada por el bloque de países. En aquel momento, la Cancillería alegó que “confiaba en la independencia de la Fiscalía para continuar con esta investigación y sustanciarla apropiadamente”.

No obstante, tres semanas después, el país cambió de criterio y dijo que sí apoyaría la iniciativa de esas naciones.

“A mí me sorprendió enormemente cuando me enteré de que Costa Rica no estaba dentro del grupo inicial (de países que presentaron la petición), pero después me llamó el presidente (Carlos Alvarado) y me dijo que se sumarían, entonces yo quedé tranquilo y muy contento, pero ahora no se sabe qué es lo que hicieron exactamente. Yo quisiera que el Gobierno aclare qué es lo que hizo”, expresó el exsecretario y exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Agregó: “Deben aclarar eso muy bien, sobre todo porque eso es un papelón ante la comunidad internacional”, afirmó Ventura.

Tanto González como Ventura consideran que Costa Rica ha abordado la iniciativa de las distintas naciones de una forma “tímida” y que el país más bien debió liderar ese proceso.

Ante consulta de La Nación sobre las razones de la decisión, la Cancillería no contestó por qué envió una nota verbal y un comunicado de prensa a la CPI, en lugar de una adhesión.

En un mensaje, la Canciller se limitó a decir que Costa Rica “ha mostrado un compromiso persistente y contundente con la democracia y con los derechos humanos en Venezuela”.

Asimismo, la también vicepresidenta de la República comentó que el país ha avalado la petitoria del bloque de naciones “en el máximo nivel”, con declaraciones del presidente Alvarado.

Según Campbell, la manifestación por escrito enviada por Costa Rica a la CPI respalda la oposición de Costa Rica con respecto a la situación que vive Venezuela, sumida en una profunda crisis económica que azota a la población con escasez de alimento, medicinas y servicios públicos.

Un investigador del caso

El mismo Manuel Ventura fue uno de los tres juristas seleccionados en el 2017 por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, como miembro de un panel que evaluó si había razones para llevar a Venezuela ante la CPI.

El trío, integrado también por el argentino Santiago Cantón y el canadiense Irwin Cotler, investigó por nueve meses presuntas violaciones de derechos humanos en ese país suramericano.

Las pesquisas empezaron en setiembre del año anterior y finalizaron en mayo de este 2018.

Este informe servirá a la Fiscalía de la CPI como parte de los materiales que recolectará cuando se inicie oficialmente la investigación en Venezuela.

Por el momento, la Corte no ha abierto una indagación sobre el caso. En febrero empezó la etapa de análisis preliminar, la cual podría tardar hasta tres años. Hasta después de ese proceso, podrían abrirse las pesquisas oficiales.

Los crímenes de lesa humanidad son ataques contra una población civil, los cuales responden a una política de Estado o de una organización. Estos pueden ser sistemáticos (siguen un patrón) o generalizados (de gran magnitud), por ejemplo, la violación en masa de mujeres o la represión de miles de personas.

“(En Venezuela) se cometieron siete crímenes de lesa humanidad, con fundamento en toda la prueba aportada y en el testimonio recibido… no es que fueron siete como tales, únicamente, sino que de cada uno de esos hay una enorme cantidad de pruebas contra muchas personas”, comentó Ventura.

¿Qué es y qué hace la Corte Penal Internacional (CPI)?
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