Tres semanas después de que un grupo de seis países solicitara a la Corte Penal Internacional que se investigue al régimen de Nicolás Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad, Costa Rica se unió a la petición.
La Cancillería anunció, este martes, que se adhirió a la gestión que hicieron el 26 de setiembre Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú durante la Asamblea General de Naciones Unidas, por considerar que el gobierno de Venezuela ha violentado los derechos humanos de ciudadanos de su país.
En esa ocasión, Costa Rica se abstuvo de participar en el pronunciamiento. Ante una consulta de este medio, la entidad había argumentado que la decisión se tomó “luego de una exhaustiva consideración”, en vista de que, en febrero, la Fiscalía de la Corte abrió exámenes preliminares sobre la situación venezolana.
Ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que el país respalda la acción del grupo de países americanos “fiel a su defensa tradicional para la promoción y protección de los derechos humanos, la paz y la democracia”, informó en un comunicado.
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“En seguimiento a su histórica lucha contra la impunidad, Costa Rica apoya las gestiones, presentadas el 26 de setiembre del 2018, por seis países de América, con base en el artículo 14.2 del Estatuto de Roma, en el que le solicitan a la Fiscalía se inicie una investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad, que pudieran haber ocurrido a partir del 12 de febrero de 2014., anunció el presidente Carlos Alvarado”.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto destaca la existencia de una investigación preliminar, abierta por la Fiscalía de la CPI desde 8 de febrero del 2018, en la que se investigan presuntos crímenes en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos; en particular el uso excesivo de la fuerza por parte de los equipos de seguridad del Estado, arrestos de miembros de la oposición, así como abusos y malos tratos en las detenciones”, añade el comunicado.
La solicitud de investigación que Costa Rica respaldó señala que los presuntos crímenes se habrían cometido durante manifestaciones contra Maduro que dejaron unos 125 muertos en el 2017.
Los países solicitantes alegan que los presuntos crímenes son de lesa humanidad, categoría que incluye los ataques que se emprenden de manera generalizada o sistemática contra una población civil, como asesinato, exterminio, esclavitud, encarcelación, tortura, violación, persecución, desaparición o apartheid.
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“Costa Rica confía en la independencia de la Corte que, como institución permanente de justicia penal internacional, hará el examen necesario y tomará las medidas que amerite esta situación. Asimismo, reitera su apoyo irrestricto a la justicia penal internacional”, comunicó la Cancillería.
Desde que asumió el gobierno, en mayo, el gabinete de Carlos Alvarado ha manifestado su condena al accionar autoritario del régimen de Maduro. Por ejemplo, en mayo, apoyó el llamado del Grupo de Lima para que se suspendieran las elecciones de Venezuela y, al cabo de los comicios, desconoció el resultado de la elección.
