La Contraloría General de la República (CGR) le propuso a los diputados equilibrar el proyecto de reforma al empleo público elaborado por el gobierno, con la finalidad de que el texto establezca un ordenamiento jurídico más homogéneo que rija para toda la administración pública en materia de contratación y salarios.

En esa línea, el ente contralor sugiere a los legisladores ajustar la iniciativa de ley para que se uniforme el marco regulatorio del empleo en el Estado, y que este se construya a partir de “aquellas situaciones transversales que resultan comunes a cualquier funcionario público”, las cuales no especificó.

Así lo indicaron Luis Diego Ramírez, gerente de división jurídica; y María Gabriela Pérez, fiscalizadora de la división jurídica de la Contraloría, en un criterio que elaboraron sobre el proyecto de Ley marco de empleo público.

El documento fue enviado el 30 de agosto anterior a la Comisión de Gobierno y Administración, donde permanece la iniciativa elaborada por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Política Económica (Mideplán) que plantea ordenar y modernizar la estructura de contratación de futuros empleados estatales.

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En su planteamiento, la Contraloría considera necesario que se definan reglas claras con base a criterios técnicos sobre la aplicación de un salario global para nuevos funcionarios públicos, y que su fijación tome en cuenta lo dispuesto por la reforma fiscal en su capítulo de empleo público.

Ese apartado de la reforma establece que los pluses salariales deben calcularse en montos nominales y no en porcentajes, como ocurría antes de de diciembre de 2018, cuando se aprobó esa legislación.

Este martes, la contralora general, Marta Acosta, deberá exponer su criterio sobre el proyecto de ley en una audiencia en la Comisión de Gobierno, informó su presidente, el diputado liberacionista David Gourzong.

La propuesta del Poder Ejecutivo, presentada el pasado mes de abril, establece un salario global que procure nivelar las desigualdades de sueldos existentes; crea un régimen general de servidor público y siete subregímenes diferenciados los cuales son: trabajadores de la salud, policiales, de educación, del servicio exterior, de universidades públicas, del Poder Judicial y de confianza.

También, ordena realizar pruebas técnicas para nuevas contrataciones, así como evaluaciones sobre el desempeño, entre otros elementos.

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Sin embargo, el ente contralor hizo fuertes señalamientos al texto.

Califica su estructura como “incompleta”, “insuficiente” e “inconsistente” y añade que, mantiene las desigualdades al no lograr estandarizar la regulación jurídica de todo el sector de empleo en el Estado y tampoco logra equidad en los salarios, a pesar de que ese es el espíritu del texto.

En concreto, el ente contralor cuestiona la creación de subregímenes que, a la postre, “constituyen exclusiones a lo que formalmente pretende ser un régimen general”.

“Dicho de otra forma, no resulta coherente que una ley que pretende establecer, dirigir y orientar la emisión de políticas públicas y lineamientos generales que tiendan a la estandarización, simplificación y coherencia del empleo público mediante un Ministerio Rector y disponer normas generales de aplicación unificada en las relaciones de empleo de la Administración (...) con sus servidores, establezca -al mismo tiempo- un conjunto de subregímenes con reglas diferenciadas sin una base jurídica y técnica que ampare esa definición”, reza el criterio.

Esa subdivisión, según el documento de la CGR, continuará creando desigualdades salariales “no justificadas” que impiden equiparar remuneraciones en la función pública.

Específicamente, cuestiona que la propuesta de Mideplán establece una escala de salario global para cada subregimen y fija el pago de remuneraciones de acuerdo con la evaluación del desempeño.

“Esto podría propiciar que se mantengan o acentúen diferencias salariales significativas entre instituciones, no en virtud de las particularidades de la función -que siempre existirán- sino básicamente por la holgura y autonomía que se confiere con la creación de los subregímenes antes mencionados; situación que podría darse también por la vía de ajustes o modificaciones en la escala salarial, principalmente en aquellas instituciones que no están sometidas a la Autoridad Presupuestaria.

En sus conclusiones añade:

“Al efecto, es importante precisar y afinar la normativa propuesta, considerando los aspectos señalados en cuanto a la necesidad de establecer los parámetros técnicos adecuados para la fijación y ajustes del salario global, con el fin de garantizar una gestión de las remuneraciones públicas, acorde a criterios de simplicidad, orden, sostenibilidad y transparencia en el marco de la gestión pública, haciendo un uso racional de los recursos públicos y una adecuada rendición de cuentas”.

Mideplán: “El debate está abierto”

Pilar Garrido, ministra del Mideplán, acogió las críticas como un aporte para mejorar el proyecto. Interpreta que las recomendaciones de la Contraloría sugieren crear un solo régimen de empleo público.

“Nosotros creemos que tiene que existir subregímenes en el entendido de que no es lo mismo un juez que una maestra, un policía y que hay diferencias que sí se tienen que mantener en relación que las funciones que se tienen que prestar”, explicó la jerarca.

Aseguró que esos subregímenes contenidos en el texton no implicarán mayor disparidad en las remuneraciones.

“Hay procesos que son iguales como selección, reclutamiento, evaluación del desempeño, incentivos no monetarios para poder motivar a las personas servidoras publicas y otras que sí son diferentes y que tienen que tener un tratamiento en función de una categoría especial a la que pertenecen”, puntualizó.

Garrido afirmó que, para emitir su criterio, la CGR retomó un voto de la Sala Constitucional de 1990 que menciona la necesidad de establecer en el Estado una norma única de empleo.

No obstante, añadió que esa misma sentencia recoge que el espíritu del constituyente al momento de legislar, determinó diferencias.

“A partir de esas diferencias estableció excluir en el Estatuto del Servicio Civil a muchas instituciones y establecer diferencias en ello. Es un debate que está abierto”, puntualizó.