Carlos Arguedas C.. 1 julio
El presidente de la Corte, Fernando Cruz, advirtió que conforme avance el trámite del proyecto habrá que analizarlo, pues está convencido de que sí afecta el funcionamiento del Poder Judicial. Foto: Rafael Pacheco/Archivo
El presidente de la Corte, Fernando Cruz, advirtió que conforme avance el trámite del proyecto habrá que analizarlo, pues está convencido de que sí afecta el funcionamiento del Poder Judicial. Foto: Rafael Pacheco/Archivo

La Corte Plena determinó este lunes que la Ley Marco de Empleo Público que se discute actualmente en la Asamblea Legislativa, sí afecta el funcionamiento del Poder Judicial.

Así lo resolvieron los magistrados luego analizar una consulta planteada por el Congreso, sobre el proyecto de ley que se tramita bajo el expediente 21.336.

La decisión fue por mayoría ya que 15 magistrados votaron porque si incidía en el Poder Judicial y cinco (los de la Sala Constitucional) se abstuvieron. En la sesión habia 20 de los 22 altos jueces que componen la Corte.

Para tomar la determinación, los magistrados escucharon una explicación de Rodrigo Campos Hidalgo, director Jurídico del Poder Judicial, quien precisó que el proyecto establece que el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán) va a tener injerencia en competencias de Gestión Humana.

“Si esto es bueno o malo, puede ser muy discutible, pero sí tiene esa trascendencia en el marco muy puntual del tema. Cuando este proyecto avance me parece que abrirá otras avenidas y veredas que debemos valorar”, manifestó el presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro.

“Me parece que es una incidencia muy amplia sobre la organización y funcionamiento del Poder Judicial. Queda pendiente la discusión sobre la independencia y cómo estos componentes tienen relación con la independencia de poderes. Pero sí, no me cabe la menor duda que hay una incidencia en el funcionamiento”, añadió.

El plan de empleo público propone un sistema de salario único para los futuros empleados, es decir, uno en el que los sueldos sean competitivos por sí solos y carezcan de los incentivos que hoy provocan un crecimiento exponencial en el gasto público con el paso del tiempo.

En octubre pasado, la Corte advirtió que también la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas o reforma fiscal afectaba el funcionamiento del Poder Judicial, razón por la cual requería de 38 votos en el Congreso.

Sin embargo, la Sala Constitucional no respaldó esa tesis, decisión que permitió la aprobación en el Congreso, con 34 votos, el 3 de diciembre.