Gerardo Ruiz R.. 20 septiembre, 2018
18/03/2016. San José, Barrio México. INFOCOOP. Fotografía Marcela Bertozzi
18/03/2016. San José, Barrio México. INFOCOOP. Fotografía Marcela Bertozzi

La División Jurídica de la Contraloría General de la República (CGR) emitió una sanción para dos exempleados y siete exdirectivos del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), los cuales recomendaron y aprobaron, respectivamente, una tasa de equilibrio institucional (TEI) que impidió recuperar correctamente créditos y afectó el crecimiento de la entidad.

El castigo para los exfuncionarios del Instituto es la inhabilitación por cinco años para ejercer cargos públicos.

Los sancionados son Alfredo Rojas Durán, exgerente de Financiamiento y Eliécer Ureña Quirós, exgerente administrativo financiero; así como los exdirectivos Freddy González Rojas, Álvaro Gómez Ferreto, Óscar Ávila Solé, Gerald Calderón Sánchez, Álvaro González Alfaro, Juan Carlos Jiménez Segura y Carlos Alberto Castro Ríos.

En una resolución fechada el pasado 10 de setiembre, la División Jurídica de la Contraloría determinó que las nueve personas emitieron una metodología de esa tasa de equilibrio que le causó al Infocoop el riesgo de que los ingresos por intereses de la cartera de créditos no cubrieran los gastos de operación y las transferencias.

Esa tasa de equilibrio también impedía que esos ingresos alcanzaran para recuperar la pérdida del valor real del dinero concedido en créditos, pues le dieron valor de cero a las variables de inflación y crecimiento en el cálculo matemático de la TEI.

Además, la División Jurídica argumentó que el error impide que los intereses de los préstamos alcancen para generar ingresos para un crecimiento sostenido del Instituto, el cual es necesario para ampliar la cobertura de los servicios que brinda a las cooperativas.

“Entiende este órgano que tanto la recuperación del dinero, así como el crecimiento de la institución, dependen de una buena gestión de la administración. De manera que, al acreditarse, tanto los errores matemáticos que permean la fórmula, así como no buscar el mantenimiento del valor del patrimonio y crecimiento de la cartera, dicho riesgo se materializó”, se lee en la resolución.

El objetivo de la TEI es la sostenibilidad financiera del Infocoop. Tiene como fin garantizar que los ingresos que se obtengan sean iguales al gasto. Según la Contraloría, en ese punto, la administración ni pierde ni gana y puede cubrir los gastos que tenga con los ingresos que genera.

En febrero del 2017, el gobierno de Luis Guillermo Solís utilizó el presunto error en el cálculo de la tasa de equilibrio institucional para intervenir el Infocoop y nombrar “a dedo” una junta interventora sin representantes designados por la Asamblea del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop).

La actual administración decidió extender esa intervención por un año más, hasta junio del 2019, para que los interventores puedan recibir los resultados finales de una auditoría forense que se ordenó. El objetivo de ese trámite es determinar si se cometieron delitos en la administración de la cartera crediticia del Infocoop.

Los interventores revelaron preliminarmente que la auditoría detectó que, entre 2009 y 2016, el Infocoop dejó de percibir casi ¢5.000 millones por la manipulación de la tasa de equilibrio.

No obstante, la Contraloría no hizo ninguna estimación acerca de las presuntas pérdidas que ha provocado el mal cálculo de la TEI y recalcó que, en el proceso de sanción a los nueve exfuncionarios no se llegó a evaluar una posible responsabilidad patrimonial o civil de los investigados por tales conductas.

Los errores en el cálculo de la TEI los identificó la CGR desde el 2016, cuando realizó una auditoría de carácter especial sobre el otorgamiento de créditos que realiza el Infocoop.

En un informe de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, del 22 de diciembre del 2016, se explicó con amplitud la “inadecuada formulación y cálculo de la tasa de interés de equilibrio institucional”.

“Se determinó que, para el cálculo de la tasa de equilibrio, el Infocoop le da un valor de cero a los componentes de inflación y crecimiento del activo productivo, por lo que el indicador de tasa de equilibrio no refleja realmente la tasa de interés que, en forma ponderada, debe generar el activo productivo de la Institución para cubrir los gastos y transferencias; y por tanto, la TEI tampoco es el punto donde los ingresos por intereses generados por el activo productivo se igualan a los gastos y transferencias”, explicó el órgano contralor.

En esa misma fiscalización se determinó que el Infocoop no hace una supervisión adecuada ni periódica de los financiamientos otorgados a las cooperativas.

Sancionados apelan resolución

El dirigente cooperativo Freddy González informó de que él y los demás sancionados ya apelaron esa resolución, ante la contralora general.

Según González, tienen dudas sobre la sanción porque la Contraloría decidió eliminar los testimonios de dos peritos que la misma institución llamó para dar su criterio sobre el método de cálculo de la TEI.

González afirmó que la CGR tomó esa decisión porque los testimonios de ambos expertos no favorecían los argumentos del órgano contralor y sí los criterios de los imputados, quienes defienden que el error no causó pérdidas patrimoniales al ente que financia a las cooperativas.

“En el proceso quedó establecido que el Instituto no se puso en peligro por la tasa de equilibrio institucional, porque ninguna tasa de equilibrio tiene ese alcance de poner en riesgo a una entidad. Por otra parte, lo que sí nos da alegría es que en el proceso quedó claro que no existe tal pérdida de $35 millones o $40 millones por la fijación de la tasa.

"Lo que existe es una diferencia entre la tasa de interés cobrada y la TEI, pero eso no son pérdidas, simplemente son montos que se dejaron de cobrar”, manifestó.

Antecedentes

González, Alfredo Rojas y Álvaro Gómez, todos suspendidos por la CGR para ejercer cargos públicos, también figuran como imputados en una causa penal relacionada con el Infocoop.

En marzo del 2017, tras la intervención del Instituto, ellos, junto con otras tres personas ligadas al cooperativismo, fueron detenidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por orden de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).

El Ministerio Público les atribuye formar parte de una “red criminal” que distrajo fondos destinados a ayudar al movimiento cooperativo pero que, en su lugar, habrían terminado en manos de personas y organizaciones cooperativas afines a los miembros de la supuesta red.

Según la FAPTA, ese manejo irregular de la cartera crediticia del Infocoop le generó al Instituto pérdidas superiores a los ¢9.000 millones.

El cooperativista Freddy González apeló, junto con otros ocho exmiembros del Infocoop, la inhabilitación por cinco años para ejercer cargos públicos que les hizo la CGR la semana pasada. Fotografía: José Cordero.

El caso no presenta mayores avances desde entonces y, más bien, desde finales del año pasado, el Juzgado Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José levantó las medidas cautelares que todavía pesaban sobre los imputados por la Fiscalía.

Luego de ser detenidos al inicio del caso, la Fiscalía pidió que los imputados quedaran en prisión preventiva. En su lugar, a los sospechosos se les dictó como medida cautelar la obligación de firmar cada quince días, medida que también fue levantada en junio del 2017.

En junio anterior, la Fiscalía realizó 11 allanamientos más relacionados con el caso del Infocoop, con la intención de agregar pruebas relevantes al expediente, que hasta esa fecha estaba en fase preparatoria.

Después, a finales de ese mes, trascendió que una jueza penal rechazó uno de los allanamientos solicitados por el Ministerio Público, por considerar que la acción solo buscaba “dar un golpe de poder” para ejemplificar “acciones populistas en diferentes medios de comunicación masiva”, lo cual puso en entredicho el actuar de la Fiscalía.

La operación que la jueza rechazó fue un allanamiento al bufete del defensor de Freddy González, el abogado Alejandro Marín Pacheco, quien tiene su oficina en barrio Dent, en San José.