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San José
Un Tribunal Penal rechazó este miércoles la solicitud del Ministerio Público que pretendía ampliar los plazos para investigar la supuesta red de corrupción, que habría manipulado préstamos del Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop).
La Fiscalía pretendía que el caso se declarara de "trámite complejo", como ocurrió en los casos de la trocha fronteriza e ICE-Alcatel. Esta figura duplica los plazos establecidos en el Código Procesal Penal para recabar y presentar pruebas, para deliberar, dictar sentencias y presentar recursos. Además, dobla el plazo de prescripción de los hechos, lo cual va en perjuicio de los imputados.
La defensa de uno de los investigados dijo que el Tribunal denegó la petición por falta de fundamentación de parte del órgano acusador.
Por su parte, el Ministerio Público informó de que, en esta instancia, ya no tiene posibilidad de presentar una apelación, pero continúa adelante con la pesquisa: "Aunque se consideraba necesaria por las ampliaciones de plazos en futuras etapas del proceso (ese es el beneficio, principalmente, de la declaración de trámite complejo), la Fiscalía Anticorrupción sigue adelante con la investigación y el análisis de pruebas".
Alejandro Marín, defensor de Freddy González, exsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), informó de que él junto con los defensores de otros dos imputados apelaron la decisión de un juez de instrucción, quien en primera instancia aceptó la solicitud de la Fiscalía de aplicar el procedimiento especial al caso del Infocoop.
El resultado fue la revocatoria dictada este miércoles. Según Marín, el Tribunal aceptó el alegato de la defensa de que este no era el momento indicado del proceso penal para que el Ministerio Público solicitara el trámite complejo y porque, además, el expediente que presentó la Fiscalía adolece de fundamentación, tanto para justificar la medida cautelar de prisión preventiva (que ya fue rechazada), como para pedir la tramitación compleja del asunto.
El Código Procesal Penal desarrolla del artículo 369 al 373 un procedimiento especial para asuntos complejos que se solicita, no con base en la naturaleza del presunto delito, sino por la naturaleza de las circunstancias que lo envuelven. Por ejemplo, si hay pluralidad de hechos, un elevado número de imputados o de víctimas, y cuando se trata de casos de delincuencia organizada.
"El Tribunal lo que resolvió es que no hay determinación concreta de cuáles son las conductas que se le achacan a cada uno de los imputados, ni la gravedad de esas conductas como para dictar el proceso especial.
Un argumento importante que dio el Tribunal es que si bien el Ministerio Público menciona que tiene 17 imputados dentro del expediente, en realidad solo ha indagado a 6 y que los otros 11 procesalmente no son imputados porque no los han citado todavía al proceso.
Entonces, la realidad del expediente es que por ahora solo hay 6 imputados como tales, a quienes se les impusieron medidas cautelares", detalló el abogado defensor.
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Antecedentes
El 28 de marzo, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanó las instalaciones del Infocoop, así como varias cooperativas y casas particulares de dirigentes cooperativistas, a quienes el Ministerio Público les atribuyó formar parte de una "red criminal" que logró controlar puestos claves del Infocoop, para manejar a su antojo el fondo que tiene la entidad para otorgar préstamos en condiciones blandas a empresas cooperativas.
La tesis de la Fiscalía es que el grupo de dirigentes "manipuló" nombramientos en el Infocoop y en el Conacoop, realizó reformas irregulares de nombramientos y falsificó actas para controlar los préstamos, financiados con recursos públicos.
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Según el Ministerio Público, Freddy González era el cabecilla de esa red y ordenó la detención, junto con él de cinco personas más de apellidos León Mora, Rodríguez Rodríguez, Gómez Ferreto, Siles Zúñiga y Rojas Durán.
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Tanto los allanamientos como las detenciones ocurrieron un mes después de que Casa Presidencial ordenara la intervención del Infocoop, un decreto presidencial que permitió la separación temporal de los cuatro representantes del cooperativismo, quienes fueron sustituidos en la Junta Directiva de ese órgano por sendo número de personas designadas a dedo por el presidente de la República, Luis Guillermo Solís.
La Directiva la completan tres representantes del Gobierno que conservaron sus cargos después de la intervención.
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¿Sin fundamento?
Empero, el abogado Alejandro Marín afirmó que, desde el primer momento de la actuación del Ministerio Público, él y los otros defensores de los imputados tienen claro que el caso está falto de pruebas.
"Lo que le da soporte al Ministerio Público son simples comentarios de nueve testigos sin ningún fundamento real ni ningún soporte probatorio documental", afirmó.
La tesis de que la Fiscalía no tiene un caso sólido contra González y las otras cinco personas con medidas cautelares, agregó el abogado, se sustenta en resoluciones como la de este miércoles y en la del pasado 30 de marzo, cuando un juez descartó dictar prisión preventiva contra los investigados.
"Lo que hay no es suficiente para sustentar las actuaciones del Ministerio Público. Lo que han solicitado no tiene sustento en la información que viene dentro del expediente y por eso se les ha rechazado la solicitud de una medida grave, como la prisión preventiva, y la declaratoria de tramitación compleja", recalcó.
