Sofía Chinchilla C.. 18 septiembre
La Contraloría General de la República debe enviar a los diputados, antes del 30 de setiembre, un informe técnico sobre el proyecto de ley de presupuesto nacional. Este martes, la institución liberó el segundo avance de dicho estudio. En la foto: Marta Acosta, contralora general de la República. Fotografía: Jose Díaz/Agencia Ojo por Ojo
La Contraloría General de la República debe enviar a los diputados, antes del 30 de setiembre, un informe técnico sobre el proyecto de ley de presupuesto nacional. Este martes, la institución liberó el segundo avance de dicho estudio. En la foto: Marta Acosta, contralora general de la República. Fotografía: Jose Díaz/Agencia Ojo por Ojo

La Contraloría General de la República advirtió, este martes, de que los problemas de liquidez que enfrenta el Estado podrían afectar directamente el financiamiento previsto para los programas sociales durante el próximo año.

El riesgo recae sobre la inversión del gobierno en salud, educación y protección social. Tales rubros equivalen, en el plan de gastos del 2019, a un 7,7% del producto interno bruto (PIB), o sea, ¢2,8 billones.

Así lo señala el segundo avance del Informe Técnico sobre el Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico 2019, que el ente contralor dio a conocer este martes. La Contraloría deberá entregar su informe definitivo al Congreso antes de que termine setiembre.

“Es necesario resaltar que los riesgos de liquidez del Gobierno Central pueden llegar a ser transferidos a este sector”, concluye Arnoldo Sanabria Villalobos, gerente a. i. del Área de Administración Financiera de la CGR en el resumen del avance.

El principal problema es que los programas sociales se financian con las transferencias que les hace el Gobierno Central. Sin embargo, actualmente, la hacienda pública enfrenta dificultades, ante una menor recaudación y una gran tasa de endeudamiento.

El estudio de la Contraloría detalla que el gasto social del Estado para el 2019, según la previsión del Ministerio de Hacienda, será de ¢2,8 billones. Eso representa un 84,2% de las transferencias que hará el gobierno.

Esa suma se desglosa de la siguiente forma: ¢1,6 billones para protección social, ¢1 billón para educación y ¢263.644 millones para salud.

Al enfrentar el país una ajustada situación económica, el ente contralor insta a que exista una fuerte vigilancia sobre la forma en la que se usan dichos recursos.

“En la estrecha situación fiscal por la que atraviesa el Gobierno Central, resulta indispensable ligar el gasto a objetivos y metas que permitan una inversión eficiente del mismo, además de mejorar la ejecución y la calidad del gasto en capital que permita un mayor desarrollo económico a futuro”, indica el estudio.

La Contraloría destaca que, según la certificación del Banco Central, en 2019 la deuda estaría alcanzando el 58,5% del PIB, mientras que el déficit llegaría al 8%. Dicho nivel de endeudamiento, según las palabras de la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, encamina al país hacia una “zona de turbulencia”.

Transferencias del Gobierno Central: 2018 y 2019.
Transferencias del Gobierno Central: 2018 y 2019.
Los que aumentan y los que decrecen

En general, según el avance del ente contralor, el gasto social crecerá, para el 2019, un 5,4% con respecto al presupuesto ajustado del 2018.

Aumentarán las transferencias destinadas a protección social y salud pero, por al contrario, los fondos para educación disminuirán un 1,9%, en parte porque las juntas de educación recibirán menos fondos para invertir en infraestructura.

“Esta disminución se da con el fin de incentivar un aumento en el nivel de ejecución”, dice el informe presupuestario.

No obstante, sí aumentará el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que recibirá ¢511.155 millones (¢15.000 millones más con respecto al 2018).

De acuerdo con la Contraloría, al sumar las otras transferencias que les hace el Ministerio de Educación Pública (MEP), las universidades estatales recibirán el equivalente al 1,5% del PIB durante el 2019.

La partida de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema), por su parte, crecerá en ¢6.265 millones.

Las reducciones se prevén en entidades como el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), las pensiones de Hacienda y del Poder Legislativo.

El análisis del ente contralor también encontró que las remuneraciones crecerán solo un 0,7% con respecto al presupuesto ajustado al 31 de agosto de este año, “mostrando una notable desaceleración respecto a su comportamiento en años anteriores”.

Hacienda previó que, durante el 2019, tendrá que destinar ¢2,6 billones al pago de remuneraciones, monto equivalente al 24,3% del total del presupuesto y al 7,2% del PIB esperado para el 2019.

El proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario de la República para el próximo año asciende a ¢10,9 billones.