Contraloría objeta plan de diputados Abarca y Viales para bajar la gasolina

Dicha iniciativa propone dejar de cobrar el impuesto al valor agregado (IVA) al servicio de transporte de hidrocarburos desde las terminales de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) hasta las gasolineras, con el objetivo de que no se cargue ese costo a las tarifas.

Sin embargo, la Contraloría manifestó que esa medida ocasionaría un impacto en las finanzas públicas, al tiempo que aseguró que el beneficio estimado para los consumidores sería relativamente bajo.

De acuerdo con las estimaciones incluidas en el proyecto de ley, el Estado dejaría de percibir unos ¢1.668 millones, para ocasionar un ahorro de solo ¢1,19 por litro. Ambos costos varían según el precio internacional del petróleo, diferencial cambiario y otros factores.

La propuesta se encuentra en la Comisión de Asuntos Hacendarios y es impulsada por los diputados Pablo Heriberto Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Gustavo Viales, del Partido Liberación Nacional (PLN).

“Si bien el impacto fiscal directo de esta iniciativa se presenta bajo, en comparación con otras magnitudes, como el déficit financiero o la deuda, las exoneraciones en su totalidad han llegado a conformar un volumen considerable de recursos fiscales no percibidos en el erario público.

“Adicionalmente, el efecto sobre el precio al consumidor se presenta de pequeña magnitud, por lo que sería importante valorar con el Ministerio de Hacienda esta propuesta, en perspectiva costo-beneficio sobre las finanzas públicas y la economía”, manifestó el órgano contralor en un criterio enviado al Congreso.

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En contraparte, los congresistas argumentan que esos servicios fueron gravados con la reforma fiscal de 2018 y que los costos del impuesto ahora forman parte de la metodología con la cual se establecen las tarifas de los combustibles.

“La aplicación actual de un IVA sobre el transporte de los combustibles que recae en el precio pagado por el consumidor final es un contrasentido y retroceso al concepto de un impuesto único a los combustibles”, señalaron los congresistas en la exposición de motivos.

Sin embargo, la Contraloría reiteró a los diputados, una vez más, sobre la inconveniencia de continuar ampliando la lista de exoneraciones en medio de una crisis fiscal como la que afronta Costa Rica.

“En una oportunidad anterior, la Contraloría se refirió a proyectos similares, que proponían la no sujeción de estos servicios. En términos ya expresados sobre iniciativas referentes a exoneraciones, se reitera que las exoneraciones son parte de la problemática fiscal del país, por cuanto constituyen una carga para las finanzas estatales, en términos de costo fiscal, administrativo y de control, e inciden en la transparencia y la equidad del sistema tributario”, señaló el ente.

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La Contraloría pidió a los diputados someter a evaluación el objeto de la ley. De seguir adelante con la iniciativa, urgió el órgano contralor, la exoneración debería ser de carácter temporal y tendría que ser sustituida por gasto presupuestario.

Recope informó de que los precios de los combustibles en Costa Rica cerrarán el 2021 con un último aumento, debido al alza en el costo internacional de los derivados del petróleo y la devaluación del colón frente al dólar.

Ese ajuste implica un incremento de ¢28 en el litro de gasolina súper, de ¢27 por litro de regular y de ¢28 por litro de diésel.

De esta forma, el precio por litro de súper pasará de ¢738 a ¢766; el de gasolina regular, de ¢723 a ¢750; y el de diésel; de ¢621 a ¢649, según el planteamiento del estudio tarifario ET-061-2021.