Sofía Chinchilla Cerdas. 7 abril
Según el presidente ejecutivo del INS, una vez que se cedan los recursos, la institución mantendrá una liquidez de ¢980.000 millones. De acuerdo con el funcionario, esa cantidad es suficiente y no pone a la entidad en ningún riesgo. Foto: Rafael Pacheco.
Según el presidente ejecutivo del INS, una vez que se cedan los recursos, la institución mantendrá una liquidez de ¢980.000 millones. De acuerdo con el funcionario, esa cantidad es suficiente y no pone a la entidad en ningún riesgo. Foto: Rafael Pacheco.

La Contraloría General de la República (CGR) avaló el proyecto de ley que pretende trasladar ¢75.000 millones del capital acumulado del Instituto Nacional de Seguros (INS) al fondo de subsidios para las familias afectadas económicamente por la pandemia de covid-19.

De acuerdo con el órgano contralor, el INS tiene margen para hacer un ajuste presupuestario que le permita ceder los recursos.

La CGR también concluyó que no existe ninguna limitación para que el plan se constituya en una fuente de recursos inmediata, tal como lo amerita la atención de la emergencia sanitaria.

El proyecto de ley autorizaría al INS a trasladar ¢75.000 millones a las cuentas del gobierno, con el fin de girar ayudas de entre ¢100.000 y ¢200.000 mensuaes a las familias con trabajadores despedidos o suspendidos.

También, se apoyaría a quienes les hayan reducido la jornada laboral y a quienes, a causa de la pandemia, no puedan salir a la calle a ganar su sustento.

El expediente que daría luz verde a la transferencia está en estudio en la Asamblea Legislativa, donde la Contraloría remitió su criterio el viernes pasado.

“El órgano contralor realiza su análisis teniendo en cuenta la emergencia nacional que enfrenta el país y la consecuente necesidad de definir a la brevedad acciones de contención y gestión viables tanto jurídica como financieramente”, señaló la CGR en el documento.

En ese sentido, la Contraloría destacó la necesidad de que los proyectos que tramiten los diputados para atender los efectos de la propagación del covid-19 en el país deben definir “mecanismos ágiles, sencillos y menos costosos para el Estado”, de manera que los recursos puedan generarse de forma rápida y transparente, con mecanismos que permitan verificar su uso adecuado.

“Así las cosas, del análisis realizado por la Contraloría General, se concluye que el proyecto de ley propuesto no refleja limitaciones para atender su objetivo de generar una fuente de financiamiento inmediata para afrontar la referida emergencia”, señala el análisis del órgano contralor.

De acuerdo con Elian Villegas, presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS), si se aprueba el plan, el traslado de recursos podría concretarse un aproximadamente una semana. El proyecto establece que la transferencia tendría que concretarse en un mes.

Según el jerarca, una vez que se cedan los recursos, la institución mantendrá una liquidez de ¢980.000 millones, la cual, dijo, es suficiente y no pone a la entidad en ningún riesgo.

El plan anunciado por el gobierno el miércoles, cuando se presentó el plan, consiste en incluir los recursos del INS en el primer presupuesto extraordinario por ¢255.000 millones que se enviará a los diputados, con el fin de atender la emergencia.

Dicho plan de gastos también contemplaría recursos de los precios de los combustibles, una reasignación de partidas presupuestarias y $500 millones del préstamo que otorgó al país el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Tal presupuesto, según el Ejecutivo, se presentará este miércoles.