El gobierno envió esta tarde al Congreso un proyecto de ley que le permitiría obtener ¢75.000 millones, provenientes del capital acumulado por el Instituto Nacional de Seguros (INS), para asistir a las familias afectadas económicamente por el nuevo coronavirus.
El texto firmado por el presidente Carlos Alvarado y por el ministro de Hacienda, Rodrígo Chaves, establece que por una única vez, el INS deberá girar ese monto a las cuentas del gobierno para la atención relacionada con la emergencia nacional.
Esta nueva iniciativa sustituye otro texto presentado días atrás por el propio gobierno, que proponía establecer un único impuesto a las utilidades del Instituto y una emisión de títulos valores de esta entidad.
El cambio permitiría al INS hacer una transferencia en un corto tiempo a las cuentas de Hacienda, explicó Elián Villegas, presidente de la institución.
“El otro proyecto sí era un poco más complejo en su estructura y requería más de una semana para implementarse, llevarlo adelante y poder captar el dinero. No era un proyecto óptimo en la emergencia en que nos encontramos”, explicó Villegas.
El texto establece que la transferencia se haría en el primer mes de la aprobación de la ley y deja claro que el dinero no sería tomado como un adelanto a los impuestos que la entidad paga anualmente.
Por su parte, Pilar Garrido, ministra de Planificación, recordó que los ¢75.000 millones servirán para integrar un primer presupuesto extraordinaro de ¢255.000 millones, que el gobierno destinará para dar un subsidio económico a unas más de 375.000 familias.
“El gobierno requiere de liquidez ya para poder responder a la gente que ha visto sus ingresos disminuidos”, justificó Garrido.
La ministra afirmó que las condiciones para que las personas apliquen al beneficio son una reducción de la jornada laboral, suspensión temporal del contrato de trabajo o que no hayan podido “salir a ganarse el sustento en las calles”.
El monto de la ayuda sería hasta de ¢200.000 por familia, añadió la jerarca.
“Necesitamos cambiar la estrategia para poder garantizar esa liquidez y ayudar a las personas cuando más lo necesitan”, explicó Garrido sobre el cambio de texto.
Otros recursos para completar ese primer presupuesto extraordinario provendría de los combustibles, reasignación de partidas presupuestarias y del crédito de $500 millones con Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), afirmó Garrido.
De acuerdo con la jerarca, el Poder Ejecutivo enviará este viernes al Congreso esa primera solicitud de presupuesto extraordinario.
“En la fase de la emergencia estamos en la etapa de respuesta. Es muy importante acelerarlo para poder garantizar protección y también paz social”, añadió la ministra.
Villegas añadió que, si la iniciativa es aprobada con la celeridad que requiere la atención de la emergencia, el Instituto podría hacer la transferencia a inicios de la próxima semana.
Silvia Hernández, jefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), considera que el texto debe ser consultado con la Junta Directiva del INS, por ser este un ente autónomo.
También, la verdiblanca pidió conocer los análisis técnicos sobre la solvencia de la entidad.
Sin embargo, la diputada considera que esta nueva versión, en principio, se entiende mejor que el anterior proyecto que, según afirmó, tuvo opiniones adversas de la Contraloría General de la República (CGR) y entidades financieras de regulación como Conassif y el Banco Central.
“Mi preocupación inicial de su lectura es la solvencia. Hay que tener presente que no afecte la solvencia del INS. Aparentemente no lo hace a hoy, pero en estas circunstancias la pregunta relevante es si se afecta a futuro", indicó la jefa del PLN.
Hernández puntualizó que desea tener claridad sobre el impacto de la crisis en las finanzas de la entidad como gastos, pérdidas de valor de activos, pago de seguros de desempleo o de riesgos médicos.
Sobre ese tema, al momento de anunciar la presentación del texto, Villegas afirmó que con esa salida de recursos la suficiencia patrimonial de la entidad no se vería en riesgo.
Citó que a enero de este año, el INS alcanzó un patrimonio de ¢1.055.000 millones, el mayor registrado por una empresa pública o privada de Costa Rica, indicó el funcionario.
Con ese dinero, que saldrán de sus arcas, añadió, esa cifra quedaría en ¢980.000 millones.
“Lo que pide la normativa es una suficiencia de 1.3. Con esta disminución de los ¢75.000 millones quedaríamos en aproximadamente 2.30, casi el doble de la suficiencia que nos está requieriendo la Sugese (Superintendencia General de Seguros) y Conassif (Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero). Por lo tanto, no hay ningún problema por parte del INS para afrontar una obligación de este tipo”, expuso Villegas.