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El director general de Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda, Errol Solís Mata, reafirmó a la Contraloría General de la República (CGR) que los edificios de Ciudad Gobierno no pasarían al poder del Estado cuando se cumplan los 25 años de pago de alquiler al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), organismo internacional que financiaría y levantaría la obra sobre terrenos públicos ubicados al oeste de plaza González Víquez, en San José.
Así consta en la minuta de una reunión sostenida entre el contador nacional y las funcionarias de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR, Jéssica Víquez Alvarado y Karen Garro Vargas, el 8 de febrero. El alto funcionario de Hacienda firmó el documento.
Sobre la transferencia u opción de compra de los edificios al final del contrato, el contador expuso que, en la documentación remitida por el BCIE, se indica que los activos no serían traspasados. Con ello, confirmó la posición que emitió el 5 de setiembre del 2023, cuando la ministra de Planificación y Política Económica, Laura Fernández, le hizo una solicitud rápida de criterio sobre Ciudad Gobierno.
El contador nacional aclaró a las funcionarias de la Contraloría que su dirección no analizó los efectos jurídicos de que el proyecto se vaya a desarrollar sobre terrenos públicos, pero dijo que, de acuerdo con el Código Civil, “el BCIE adquiere derechos sobre el bien inmueble, de manera que al cabo de los 25 años podría disponer del activo conforme a sus necesidades”.
Agregó que no hay que evidencia que permita confirmar que el bien no podría ser reemplazado por otro.
La conversación de la Contraloría con el contador nacional se efectuó siete días después de la reunión que sostuvo la contralora general, Marta Acosta, con el presidente de la República, Rodrigo Chaves, en relación con las advertencias de la CGR sobre Ciudad Gobierno y la fallida contratación de escáneres antidroga a Radiográfica Costarricense (Racsa).
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En ese espacio, la contralora mencionó al mandatario su preocupación por la posibilidad de que los edificios por construir no vuelvan al patrimonio estatal, pese a que estarían asentados en terrenos públicos.
Marta Acosta hizo la alerta con fundamento en el oficio que el contador nacional remitió a la ministra Fernández, el 5 de setiembre del 2023, en el cual concluyó que no existe transferencia al final del contrato ni opción de compra (oficio MH-DGCN-DIR-OF-0631-2023).
En ese documento, el funcionario calificó el contrato propuesto por el BCIE y el Poder Ejecutivo como un arrendamiento de tipo operativo, según las reglas contables, “ya que no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad al arrendatario”.
La reunión de la Contraloría con el contador nacional tuvo como objetivo conocer el análisis y criterio técnico que permitió sustentar dicha nota.
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De acuerdo con la minuta, Errol Solís sostuvo reuniones con el Banco para comprender el modelo propuesto. Añadió que, para elaborar su opinión, no se realizaron verificaciones sobre la información o cálculos suministrados por el BCIE.
El contador nacional elaboró el criterio con la colaboración del equipo asesor de su Dirección, compuesto por un administrador y un contador. “Consideraron la información que remitió el BCIE, y datos como el interés implícito y los flujos de efectivo”, menciona la minuta.
En el oficio remitido a la ministra de Planificación, Solís aseguró que se fundamentó en un memorando del BCIE en el cual se establecieron las condiciones del proyecto. Ese documento lo envió el BCIE el 1.° de setiembre del 2023 a la comisión interinstitucional del gobierno que coordina el proyecto.
Literalmente, el memorando señala que la transferencia de la propiedad, al final del contrato, no se determina porque esa es una decisión que no se estaría adoptando desde la suscripción del contrato. “Es decir, es una condición posible, pero depende del contexto que el gobierno de ese momento y el BCIE determinen con respecto al complejo inmobiliario”, añade.
BCIE sostiene que el traspaso es posible
A una pregunta de La Nación sobre lo expuesto por el contador nacional, el BCIE contestó que al finalizar los 25 años acordados “es el gobierno de turno quien decide si se renueva o se finaliza el contrato, sin que implique costos adicionales para el Estado”.
Agregó que para la transferencia solo se necesitaría la notificación por parte de Costa Rica, indicando que se escogió la opción de solicitar el traslado de los bienes inmuebles. Igualmente, confirmó que se sostuvo una reunión con el contador nacional el 25 de agosto del 2023.
En criterio del BCIE, el tema de la transferencia de los edificios ha estado claro desde la propuesta inicial, tanto para el Banco como para las autoridades costarricenses.
Si bien la ministra Fernández no respondió a las consultas de La Nación, en una comunicación anterior manifestó que la Contraloría había realizado una “interpretación errónea” de lo establecido por el BCIE en la propuesta.
“Lo que de la nota se desprende es que al final del arrendamiento, el gobierno puede decidir si quiere y conviene a los intereses del país seguir contratando la operación y el mantenimiento, pero nunca seguir pagando lo correspondiente al componente de infraestructura dentro de la cuota de arrendamiento, porque los edificios ya estarán debidamente pagados”, alegó.
‘Fue una solicitud rápida de criterio’
El contador nacional insistió ante la Contraloría que el análisis que realizó en setiembre “no contempla muchos otros elementos” y que, de hecho, se debió a “una solicitud rápida de criterio” del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán).
Según consta en el expediente de la Contraloría sobre Ciudad Gobierno, la ministra Laura Fernández envió a Solís la solicitud de criterio el 1.° de setiembre del 2023, el mismo día en que la comisión del Poder Ejecutivo a cargo del proyecto recibió el memorando del BCIE. Cuatro días después, el contador nacional emitió su opinión.
En el oficio MIDEPLAN-DM-OF-1537-2023, la ministra solicitó a Solís certificar que efectivamente se trabajaría bajo la modalidad contractual de arrendamiento operativo de bienes por construir. Específicamente, aludió al artículo 67 de la Ley de Contratación Pública, el cual, en criterio de la jerarca, establece “los requisitos que un proyecto como Ciudad Gobierno debe cumplir”.
Solís dijo a las funcionarias de la Contraloría que, para la opinión emitida, no se efectuó un análisis de contratación pública.
El artículo 67 regula un mecanismo excepcional de contratación pública, mediante el cual la administración puede comprar y tomar en arrendamiento bienes inmuebles, sin emplear procedimientos ordinarios, como la licitación. Sin embargo, la Contraloría sostiene que, por tratarse de terrenos públicos, para esta obra no se puede usar el numeral 67, por lo que es necesario recurrir a otras vías.
Sobre el plazo de arrendamiento de 25 años, el contador aclaró que “no está resuelto” y “esa fue una de las limitaciones consideradas en su opinión”. Indicó que el periodo fijado debe ser analizado, “porque a nivel de normas sería una contratación a un plazo mayor a la ley”.
Solís Mata, quien ocupa el cargo desde febrero del 2023, aseguró que la intención del BCIE es contratar “un vehículo” para que desarrolle el proyecto debido a que no tiene experiencia en esta actividad. El modelo sería aplicado por primera vez en Costa Rica, para luego poder ser replicado en otros países.
En cuanto al flujo de pagos del BCIE, mencionó que este no considera los ingresos que recibirá la entidad internacional por los alquileres de locales comerciales y parqueos a privados, el mantenimiento de oficinas y el uso de zonas comunes. El contador nacional es licenciado en Administración de Empresas y en Derecho.
El complejo inmobiliario de Ciudad Gobierno, que costaría $450 millones, pretende agrupar a 35 instituciones públicas y casi 11.000 funcionarios. Contempla 210.000 metros cuadrados de construcción y áreas verdes, las cuales abarcarán tres cuadras al oeste de plaza González Víquez, y media cuadra al costado oeste del Liceo de Costa Rica, al sur de San José.
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