Con 31 votos a favor, el plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes el informe de mayoría de la comisión que investigó durante un año el FEES, documento que recomienda frenar los salarios millonarios en las universidades públicas, al tiempo que las insta a modernizar y mejorar la oferta educativa.
El informe, que recibió 13 votos en contra, además sugiere a las ‘U’ públicas asegurar la sostenibilidad financiera y la equidad salarial en la administración pública, así como distribuir mejor los fondos públicos que reciben, principalmente en las regiones.
Asimismo, el documento pide frenar la sobreoferta de carreras obsoletas.
El Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) es una transferencia que los contribuyentes deben hacer anualmente, por medio del Gobierno Central, a las universidades públicas para financiar su operación.
“Como se ha evidenciado en esta amplia investigación, los salarios de todas las clases dentro de las universidades tienden a ser mucho más elevados que los del resto del sector público, pese a desempeñar las mismas funciones o similares. Actualmente, el pago de salarios e incentivos supera el 50% del presupuesto de las universidades públicas”, indica el informe.
El documento expone que las anualidades son una de las principales causas del incremento exponencial y vegetativo de los salarios en las casas de enseñanza superior.
Durante las comparecencias, el exrector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen, manifestó que seguir pagando un 3,75% de anualidad sobre el salario bruto (base más pluses) a los docentes es “insostenible” para la institución.
En la UCR, que recibe el 59% del FEES, se proyecta un déficit de ¢25.782 millones en cinco años. Su proyección de ingresos para el 2024 es de ¢327.606 millones y la de gastos es de ¢353.289 millones.
Votaron a favor del informe 11 legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN), seis del Partido Restauración Nacional (PRN), cinco del bloque Nueva República, cuatro del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), dos del Partido Republicano Social Cristiano (PUSC), dos de Integración Nacional (PIN) y una independiente.
En contra votaron nueve legisladores del PAC, tres del PLN y uno del Frente Amplio.
La discusión
El diputado liberacionista Wagner Jiménez, presidente de la comisión que investigó el FEES, afirmó: “Escuché que algunos catedráticos y exrectores han estado llamando a diputados en estos días para intentar influir en contra de este informe”.
“No me extraña, no me extraña luego de conocer este dato, escuchen: ‘En las U públicas, la pensión promedio es de ¢3,4 millones y, en la UCR, de ¢4,1 millones. Tras las deducciones, tales montos pasan a ¢2,7 millones y ¢2,9 millones, respectivamente’”, añadió al citar una noticia del 2018 de La Nación que contiene esos datos.
Carlos Ricardo Benavides, diputado del PLN, recordó que la génesis de esta discusión se generó cuando el año anterior, el rector de la Universidad Nacional, Alberto Salom, pretendió construir una plaza en esa casa de estudio por un valor de $14 millones.
“Se iba a gastar ahí porque no tenían mejor destino. Era tanta abundancia que no se les ocurrió en qué gastar más que una platilla, no en ampliación de cupos de personas escasos recursos”, cuestionó el verdiblanco.
Añadió que quienes defienden los privilegios en las universidades públicas, lo hacen porque ahí tienen un nicho de partidarios electorales.
Yorleny León, diputada del PLN, quien suscribió el documento en comisión, declaró que lo aprobado hoy es un informe que hace recomendaciones que pueden ser tomados en cuenta.
Explicó que no es informe de acatamiento obligatorio como, según dijo, sus detractores han querido dar a entender.
“Nadie está cuestionando la autonomía ni el valor de la educación, es una etapa superada en este Plenario y en este país”.
“Tratan de apartar la discusión de fondo de informe agregando esos dos elementos que nadie está cuestionando. Esos dos aspectos nunca fueron asuntos de agenda a lo largo de un año de discusión. Lo que sí hablamos a lo largo de un año es que desviste el manejo irresponsable de los recursos públicos que no son bienes de difunto.
“Desviste desigualdades importantes que a los largo de los años se han dado en este país, como es desigualdad entre educación en Valle Central y las regiones. Nosotros que sí venimos de esas regiones sí nos chima el zapato porque nuestros hijos tienen que someterse a esas desigualdades”, señaló.
Xiomara Rodríguez, jefa de la bancada del Partido Restauración Nacional (PRN), aclaró que durante la discusión, en la comisión especial, nunca se mencionó recortar los fondos que reciben las universidades públicas.
“Nadie dudó de los dineros que se invierten. Lo que se quiere saber es cómo se distribuye ese dinero y si se hace de forma equitativa”, dijo la restauracionista.
Añadió que lo que también está en discusión es que se mejore la inversión de esos recursos en las regiones y que se impartan carreras de acuerdo a las actividades que ahí se realizan, en aras de generar desarrollo.
Opositores al informe
Quienes aseveraron que el documento debilita la autonomía universitaria y resta el valor público a la educación, fueron, principalmente, las diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) Paola Vega y Laura Guido, así como el frenteamplista José María Villalta.
Los tres alegaron que se pretende afectar la libertad de pensamiento. Vega sostuvo que la discusión sobre el uso del FEES “es ideológica”, indicó.
Vega, incluso, afirmó que, con este informe, se busca satisfacer a grupos de poder que, desde hace años, estarían detrás del interés de privatizar la educación publica.
Villalta citó que 4.500 de los funcionarios de la Universidad de Costa Rica tienen salarios inferiores al millón de colones. Es decir, según señaló, no todos los trabajadores tienen salarios elevados.
El jefe del PAC, Enrique Sánchez, añadió que los diputados constituyentes de 1949 dejaron plasmado en la Carta Magna que la única forma de garantizar autonomía universitaria era a través de la independencia administrativa, de gobierno y económica.
“Los constituyentes le dieron la Asamblea Legislativa la potestad de legislar en materia de educación superior pública, pero no así en materia que violentara su autonomía”, afirmó el rojiamarillo.
“Los firmantes de este informe de minoría y la fracción legislativa del PAC no van a aceptar ningún intento de socavar el principio constitucional otorgado a las universidades publicas para el ejercicio de su autonomía”, añadió.
Sobre el uso de recursos, Sánchez mencionó que, si bien la mayoría de los dineros del Fondo se destinan al pago de salarios, son los profesores quienes ejercen docencia, investigación y acción social.
Indicó que, según el Consejo Nacional de Rectores (Conare), los centros de enseñanza superior pública aplican medidas de contención del gasto contempladas en la reforma fiscal, como, por ejemplo, la disminución de anualidades en la UCR del 5.% al 3%.
“El Tec las redujo de un 6% a un 4%, para profesionales y para los no profesionales al 4%; la UNA también redujo sus anualidades al 4%”, afirmó.
En pleno debate, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, presentó una moción de fondo que pretendía eliminar una propuesta de reforma constitucional que plantea el informe.
Alegó que esa propuesta, además de estar mal redactada, mina la autonomía.
Esta indica que cuando exista colisión o polémica entre la prevalencia del principio de autonomía universitaria establecido en la Constitución Política con el equilibiro financiero, debe prevalecer el criterio de Hacienda.
Sin embargo, la moción fue rechazada con 32 votos en contra y 11 a favor.