Aarón Sequeira. 18 julio
Los diputados de la comisión fiscal avanzaron hasta la moción 33 de las 1008 que pesan sobre la reforma del Gobierno. Foto: A. Sequeira.
Los diputados de la comisión fiscal avanzaron hasta la moción 33 de las 1008 que pesan sobre la reforma del Gobierno. Foto: A. Sequeira.

La Comisión Especial de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas aprobó, este miércoles por la mañana, una moción a la reforma fiscal para congelar los salarios del presidente, los ministros, los diputados y los funcionarios públicos que ganen más de ¢4 millones, por un periodo de dos años.

Se trata de la moción 29, que crea un nuevo transitorio al expediente legislativo 20.580, que también congelaría las remuneraciones de los vicepresidentes de la República, los viceministros, los presidentes ejecutivos y los gerentes del sector público descentralizado.

“Los salarios públicos de los funcionarios públicos cuyas remuneraciones totales mensuales sean iguales o superiores a cuatro millones de colones (¢4.000.000,00) no serán susceptibles de incrementos salariales durante los próximos dos años a partir de la aprobación de esta ley”, dice el texto de la moción.

Según el autor de la moción, el frenteamplista José María Villalta, la idea de la propuesa es que los altos funcionarios públicos sean consecuentes con el discurso de austeridad y contención del gasto público que han pregonado, sobre todo los diputados de la Asamblea Legislativa.

“Por un principio de coherencia y de justicia tributaria se debía aprobar esa moción. Para la mayoría de los trabajadores, se está aplicando desde ya un aumento nominal igual al aumento de los salarios más bajos, lo que implica para ellos una reducción real del salario, porque no les va a aumentar de acuerdo a la inflación, pero resulta que los diputados tenemos una ley especial que nos garantiza un aumento automático de acuerdo con la inflación”, explicó el frenteamplista.

Ese aumento de los legisladores se da cada seis meses.

Villalta apuntó que quienes ganas más deben hacer más sacrificios ante la crisis fiscal. Agregó que esa norma es necesaria para poder empezar a hablar en el país de salarios públicos.

Sin credibilidad y sin coherencia, no se puede plantear con seriedad este tema. Yo entiendo a la gente que no se cree el cuento de los diputados de que vamos a hacer una reforma más justa, si no empezamos por nosotros mismos”, comentó.

Además de los salarios públicos de los altos jerarcas, también se aprobó otra moción (la número 28, también de Villalta) para congelar los aumentos en las dietas que se pagan a los miembros de las juntas directivas de las entidades públicas.

En ese caso, también se trata de incluir un nuevo transitorio en la iniciativa legal.

Welmer Ramos, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y Silvia Hernández, de Liberación Nacional (PLN), alabaron la primera moción, precisamente porque les permitiría a los parlamentarios dar ejemplo de austeridad.

Existe la posibilidad de que el trabajo que hacen actualmente los miembros de la Comisión Fiscal sea en vano, en caso de que, posteriormente, se apruebe un texto sustitutivo que deseche esas propuestas.

Sin embargo, la liberacionista Hernández apuntó que la idea es incluirlas en la nueva versión del texto que desde este miércoles están negociando los diputados con el Gobierno.

Actualmente, el salario de los diputados están en ¢4.000.174, luego de que se aplicó un aumento a partir de mayo. Eso quiere decir que los nuevos congresistas entraron un salario mayor en ¢92.000 que sus antecesores.

En cuanto al presidente de la República, Carlos Alvarado, percibió en mayo un sueldo de ¢3.866.394; su antecesor, Luis Guillermo Solís Rivera, tuvo un salario en marzo de ¢5.043.123.

Protección para la CCSS

Este martes, también se aprobaron las mociones 13 y 25, también de Villalta, cuyo objetivo es aclarar que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se mantiene exenta de pagar el impuesto al valor agregado (IVA) por la adquisición de bienes y servicios, y también eximida del tributo sobre la renta por las rentas y ganancias de capital que obtenga la institución gracias a sus inversiones.

"Hay un riesgo de que con el proyecto de ley queden gravados los servicios que presta la Caja, con el IVA a las cuotas obrero patronales o renta sobre las inversiones que realiza la CCSS", explicó el frenteamplista.

Añadió que la mejor técnica legislativa para aclarar ese punto es poner, en la redacción del proyecto, expresamente cuáles son las exenciones, porque dice que "no se puede interpretar que una exoneración que estaba se mantiene con una nueva ley".

La última de las mociones de Villalta aprobadas establece que la regla fiscal para contención del gasto público en momentos de crisis no frene el endeudamiento para inversiones, porque en general se plantea que en época de crisis el Estado no podrá pedir nuevos créditos, salvo cuando tengan una función paliativa.

La propuesta de Villalta abre la posibilidad, entonces, para que también se puedan obtener préstamos con el objetivo de hacer inversiones.

Este miércoles por la mañana, el trámite de las mociones llegó a la discusión de la número 34, que seguiría por la noche, en sesión extraordinaria de la Comisión de Reforma Fiscal. En fila, quedan 974 mociones más.