EscucharEn sus últimos días como presidente de la República, el mandatario saliente, Carlos Alvarado, resumió su labor al frente del país con ocho reformas logradas durante sus cuatro años de administración. Se trata de enmiendas en materia de impuestos, educación, competencia y eficacia del gasto público, que, según sus palabras, “ordenaron la casa y encauzaron la transformación del país”.
“Recibimos un país con serios retos, algunos que se arrastraban desde décadas atrás. Hoy podemos ver con orgullo que dejamos la casa ordenada e iniciamos un proceso de transformación responsable hacia el país que queremos y podemos ser. La siguiente administración tendrá la oportunidad de continuar con el camino de la eficacia del sector público y otra serie de políticas en las que se priorizan las personas y su bienestar”, afirmó el mandatario.
En su lista, el mandatario enmarcó ocho reformas que se aprobaron en el Congreso con el apoyo de una parte de la oposición. Estas son:
Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Se aprobó en diciembre de 2018 y también es conocida como la reforma fiscal. Con la legislación se creó el impuesto sobre el valor agregado (IVA), en reemplazo del anterior impuesto sobre las ventas, para captar más recursos. Los servicios también se gravaron con la tasa del 13%. La reforma también introdujo la regla fiscal para limitar el crecimiento del gasto público e impuso nuevas normas sobre pluses y salarios del sector estatal.
Ley Marco de Empleo Público. Recién se aprobó en marzo de 2022. La reforma introduce el salario global en el sector público, en lugar de la remuneración compuesta por sueldo base más pluses. Así, se debe definir una remuneración para cada puesto en el Estado, sin necesidad de incentivos. Su implementación será responsabilidad del próximo gobierno.
Ley de Transformación del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). La legislación, firmada en enero de 2021, implementa una serie de medidas para que el Instituto brinde capacitaciones adecuadas a las nuevas realidades del mercado laboral. Además, si un estudiante requiere un curso pero el cupo está lleno o ni siquiera se ofrece el programa, esa persona tiene la posibilidad de recibir una beca para llevarlo en otra institución.
Ley de Educación Dual. Carlos Alvarado firmó esta legislación en setiembre de 2019, con el propósito de promover programas duales en colegios y en el INA, mediante los cuales los alumnos reciben la formación técnica en las aulas e implementen esos conocimientos mediante prácticas profesionales dirigidas en empresas costarricenses y transnacionales, con la posibilidad de recibir becas.
Ley de Reestructuración de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva). Se trata de un proyecto aprobado en octubre de 2019, mediante el cual los diputados y el Poder Ejecutivo facultaron a la empresa estatal a desprenderse de hasta el 80% del personal, mediante la movilidad laboral, con el propósito de alcanzar la estabilidad financiera de la institución, arrastrada a la crisis por postergar decisiones internas durante años. Este plan se vio afectado por un litigio laboral con el sindicato y requirió de un nuevo desembolso de recursos para terminar la reestructuración.
Ley de Cierre del Fondo Nacional de Becas (Fonabe). En setiembre de 2020, el presidente Carlos Alvarado cerró la oficina de becas y trasladó sus funciones al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), para agilizar la entrega de subsidios a estudiantes de escasos recursos.
Ley de Contratación Administrativa. En mayo de 2021, el presidente firmó esta legislación que agiliza, moderniza y hace más transparentes los procesos de contratación pública en Costa Rica. Además, la ley establece que todas las instituciones del sector público están obligadas a utilizar el Sistema de Compras Públicas (SICOP).
Incorporación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Después de cinco años de trabajo, Costa Rica logró, en mayo de 2021, convertirse en miembro oficial de la OCDE. Esta grupo de países tiene 60 años y es conocido como la organización de “las mejores prácticas internacionales” en diversas materias de interés público, como economía, educación, calidad de vida y otros.
Salida con baja popularidad
Carlos Alvarado Quesada, de 42 años, le colocará la banda presidencial a su exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, el próximo 8 de mayo, en el acto oficial del traspaso de poderes. Dejará Casa Presidencial en un ambiente de impopularidad, mismo que lo acompañó durante casi todo su periodo como mandatario, con excepción de los primeros meses de la emergencia nacional de la pandemia de coronavirus, donde la aceptación ciudadana fue mayor.
En marzo anterior, un 62% de los costarricenses valoró negativamente la gestión del presidente Alvarado, frente a solo un 18% de opiniones positivas, según la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR). En noviembre pasado, cuando se mantenían en firme las medidas restrictivas por la pandemia, la popularidad del mandatario tocó fondo, con un 72% de reprobación ciudadana.
El presidente saliente reiteró, en varias ocasiones, que poco le importaba su popularidad. Manifestó que a él le correspondía tomar las decisiones correctas para el país, independientemente si fueran aceptadas o no por las mayorías. “Creo que, a veces, cuando vemos lo inmediato, no lo percibimos, pero sí cambiaron muchas cosas. El Estado tuvo una reforma importante, atravesamos momentos muy difíciles y Costa Rica se sostuvo.
“Alguna gente podrá decir que no le pareció el gobierno, otra que sí, pero yo creo que nadie puede decir que no hicimos. Sí, se hizo mucho”, manifestó Alvarado sobre su labor al frente del país.
