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El presidente de la República, Carlos Alvarado, ordenará renegociar todas las convenciones colectivas del sector público, es decir, los acuerdos en los que las instituciones y los sindicatos pactan los beneficios.
Así lo anunció este miércoles la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, ante el plenario del Congreso al detallar todas las medidas que impulsará el Poder Ejecutivo para frenar el crecimiento del gasto público.
La medida forma parte de un paquete de acciones de carácter administrativo para obligar a las instituciones a ahorrar, en momentos en que el Gobierno Central afronta una crisis fiscal por la creciente brecha entre sus ingresos y sus gastos.
"Se emitirá una directriz que obligue a la renegociación de convenciones colectivas. Además del Ministerio de Trabajo, se integrará al Ministerio de Hacienda en la Comisión de Negociaciones", anunció Aguilar a los diputados.
El pasado 13 de mayo, este diario publicó que 11 instituciones públicas reparten ¢120.000 millones por el plus salarial de la anualidad a 26.800 empleados, producto de las convenciones colectivas.
La anualidad es un incentivo salarial que le permite al funcionario acumular un porcentaje adicional del salario base (entre un 1,9% y un 2,5%, aunque hay entidades que pagan hasta un 5%) por cada año laborado.
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Entre las materias que regulan las convenciones colectivas están las garantías sindicales y la aplicación de sanciones disciplinarias; así como la asignación, cálculo y pago de pluses salariales como dedicación exclusiva, disponibilidad y zonajes, entre otros.
Durante este 2018, se podrán renegociar 15 de las 26 convenciones colectivas que hay en el sector público. Nueve de esos convenios ya fueron denunciados o se encuentran ya en proceso de negociación.
Entre las instituciones donde se abrirá la oportunidad de renegociar los acuerdos están el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Banco Nacional, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), el Banco Central (BCCR), Correos de Costa Rica, la Imprenta Nacional, el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), el Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop) y Bancrédito.
También figuran el Instituto Nacional de Seguros (INS), la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), el Ministerio de Trabajo y el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).
Para dar el paso hacia la renegociación es necesario que las entidades o sus empleados las denuncien ante el Ministerio de Trabajo.
En esa etapa del trámite ya se encuentran las convenciones de la CNFL y del Banco Nacional, por ejemplo.
Uno de los componentes polémicos de la convención colectiva de ese banco es que se reconoce a sus empleados una anualidad de hasta 20 años, cuando en la mayoría del sector público y privado se reconocen hasta 8 años.
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Convenios de otras entidades contienen acuerdos como jornadas de trabajo inferiores a las del sector privado, vacaciones de hasta 30 días hábiles al año, fondos de pensiones, y el pago de anualidades hasta tres y cuatro veces mayores a las del Régimen del Servicio Civil.
En Japdeva, por ejemplo, producto de la convención colectiva se paga a los empleados un 25% del salario adicional a los especialistas en cómputo, un 30% adicional por arraigo profesional, 30% más de sueldo por riesgo de altura y 30% más por disponibilidad laboral.
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Al 2016, el gobierno de Luis Gullermo Solís (2014-2018) había denunciado 14 convenciones colectivas y tenía pendiente de denunciar otras 12. La anterior administración anunció que en el caso de la CNFL, la renegociación de la convención colectiva se logró rebajar el costo en ¢7.000 millones.
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En cambio, en la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) la convención costará este año un 5% más con respecto al 2017, debido a la creación de un nuevo plus salarial, así como al incremento en el pago de horas extras y vacaciones, en beneficio de 1.740 empleados.
Durante su interpelación ante el plenario del Congreso, que empezó este miércoles y culminará mañana, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, no detalló ni el plazo en que el Gobierno pretende renegociar las convenciones, ni el ahorro en términos nominales que percibirá el Estado.
