"El expediente 20.580 (plan fiscal) sigue su trámite; desde el Ejecutivo estamos seguros que nada del proyecto lesiona el funcionamiento del Poder Judicial, pero estamos dispuestos a promover los consensos para generar iniciativas que garanticen que estos aspectos no serán afectados”.
El presidente de la República, Carlos Alvarado, anunció que su Gobierno mantiene el respaldo y el impulso del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Pública luego de que la Corte Plena determinó que la propuesta afecta el funcionamiento y la autonomía del Poder Judicial, lo cual obligaría a que el proyecto necesite al menos de 38 votos para su aprobación, a menos de que la Sala IV diga lo contrario.
“De manera contundente el presidente de la República aseguró que, con el apoyo de las diferentes bancadas, continuará impulsando el expediente 20.580, iniciativa indispensable para recuperar la estabilidad financiera del país”, se lee en un escueto comunicado de prensa que envió Casa Presidencial después de la votación de Corte Plena, la tarde de este 16 de octubre.
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Según el comunicado, Alvarado destacó que el proyecto de reforma fiscal es producto de la construcción de consensos con diversos sectores de la sociedad.
Hasta ahora, el Gobierno ha contado con el apoyo de las fracciones legislativas de Acción Ciudadana (PAC), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberación Nacional (PLN). Estos dos últimos grupos respaldaron mayoritariamente el proyecto que impulsa el Ministerio de Hacienda para reducir el déficit fiscal con una combinación de aumento de la carga tributaria y medidas de contención del gasto público.
Antes de que los magistrados sometieran a votación el pronunciamiento de la Corte, ante una consulta que le cursó la Asamblea Legislativa, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, defendió el procedimiento legislativo que tuvo el proyecto hasta su primer debate, el 5 de octubre pasado.
El titular de la Presidiencia afirmó que el proyecto no se consultó a la Corte antes del primer debate con el objetivo de que los altos jueces pudieran pronunciarse con base en el texto aprobado y no uno que pudiera cambiar durante las últimas etapas del trámite legislativo de primer debate.
Piza, además, afirmó que el proyecto ha gozado de suficiente publicidad en sus contenidos durante los más de dos años que lleva en trámite en la Asamblea Legislativa.
Durante ese proceso, el Parlamento ya había consultado dos veces al Poder Judicial acerca de los contenidos del proyecto. En una ocasión, la Corte dijo que no tenía que ver con su funcionamiento y, en otra, se pronunció de manera tardía defendiendo sus salarios de las nuevas normas que crearía la reforma tributaria, posición que confirmó este martes.
Este martes, al inicio de la jornada, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, envió un oficio a la Corte Plena en el que intentó aclarar las dudas de los magistrados acerca de los efectos del plan fiscal en la potestad de fijación salarial del Poder Judicial y en la evaluación del desempeño de sus empleados.
Y, aunque la ministra aclaró que la iniciativa no afectaría ninguna de las dos potestades, los magistrados se inclinaron mayoritariamente por decidir que la iniciativa de ley sí causaría perjuicios salariales para los funcionarios judiciales y pidieron modificar el proyecto de ley para no adversarlo.