Carlos Alvarado alcanza la peor calificación ciudadana de todo su mandato
Coast Rica's President Carlos Alvarado Quesada presents their national statement as part of the World Leaders' Summit of the COP26 UN Climate Change Conference in Glasgow, Scotland on November 2, 2021. - World leaders meeting at the COP26 climate summit in Glasgow will issue a multibillion-dollar pledge to end deforestation by 2030 but that date is too distant for campaigners who want action sooner to save the planet's lungs. (Photo by HANNAH MCKAY / POOL / AFP) HANNAH MCKAY
A falta de un semestre para dejar la silla presidencial, el mandatario Carlos Alvarado Quesada obtuvo la peor calificación ciudadana de todo su mandato: 72 de cada 100 costarricenses consideran su gestión como mala o muy mala.
Esta nota implica un desmejoramiento con respecto al 66% de desaprobación obtenido por el gobernante hace exactamente un año, en noviembre de 2020, señala la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica (UCR), divulgada este 24 de noviembre.
Encuesta del CIEP refleja la alta volatilidad de los votantes
Apenas un 12% de la ciudadanía califica como buena o muy buena la labor de Alvarado. El restante 16% tiene opiniones neutras.
La imagen del presidente, señala el estudio, pudo empeorar producto de los últimos casos sobre presunta corrupción, pese a que el Gobierno no se vio directamente involucrado en las últimas investigaciones de los casos Azteca y Diamante.
“Este informe se publica en medio de varios escándalos de aparente corrupción que involucran diferentes niveles y actores de la administración pública, que podrían asociarse a un efecto en la evaluación que realizan los costarricenses tanto al Gobierno en general como al presidente Alvarado”, cita el estudio.
Alvarado Quesada había recuperado apoyo de los costarricenses en abril de 2020, producto de la labor del Gobierno en las primeras semanas de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus. No obstante, esa mejora se esfumó en los meses siguientes hasta alcanzar, en noviembre de 2021, sus peores niveles de aceptación.
El CIEP también estima que el constante ataque de candidatos presidenciales a la gestión del Gobierno podría estar afectando la imagen del mandatario.
“Las campañas políticas de los diferentes partidos políticos inscritos que tienden a dominar en los medios de comunicación y suelen concentrarse en los cuestionamientos al oficialismo y en hacer hincapié sobre los problemas del país y de gestión pública que se deben atender o solventar para los próximos cuatro años”, señala el informe.
Sin embargo, esa percepción negativa no solo impacta al presidente de la República, sino también a los partidos políticos. De acuerdo con la misma encuesta, en una escala del 1 al 10, la calificación promedio que los costarricenses le dan a las estructuras partidarias es de apenas un 3,6, incluso por debajo del 4,23 que recibió el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
“Sobresale la baja calificación obtenida por los partidos políticos que, a pesar de encontrarse en su momento de mayor visibilidad y relevancia dado al contexto de las elecciones nacionales, la opinión de los costarricenses no es favorecedora”, indica el estudio.
Una de las posibles razones, argumenta el CIEP, es la sobreoferta partidaria. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) registró la histórica inscripción de 38 agrupaciones políticas para las elecciones nacionales de febrero de 2022: 27 a escala nacional y 11 provinciales.
“Según la medición realizada en octubre de 2021, un 45% de la población encuestada mencionó que no le gusta tener tantas opciones de donde escoger, frente a un 32% que opinó lo contrario y un 23% que mencionó que le da lo mismo”, concluye el estudio.
En contraste, los costarricenses mantienen una percepción positiva sobre el TSE, pues los ciudadanos le otorgaron al órgano electoral una calificación positiva de 6,8.
Además, el estudio revela que la corrupción se ha convertido en la mayor preocupación de los costarricenses luego de la reciente divulgación de varios casos de anomalías relacionadas con contratos de obras públicas.
También domina la percepción de que el caso Diamante tendrá recupercusión en las próximas elecciones. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indaga a seis alcaldes, funcionarios públicos y representantes de constructoras por supuestas irregularidades en proyectos viales cantonales y pago de dádivas.
El presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, alcanzó en noviembre de 2021 sus peores niveles de aprobación ciudadana en todo su mandato. (HANNAH MCKAY/AFP)
