Corrupción es la principal preocupación de los costarricenses, según encuesta del CIEP
Encuesta de CIEP revela que casos Azteca y Diamante volvieron a colocar a la corrupción en el primer lugar de las preocupaciones de la ciudadanía, luego de que este tema estuviera relegado por dos años.
15/11/2021 Rohrmoser. Allanamiento en casa Johnny Araya. A las 7:00 a.m. ingresaron los agentes del OIJ a la casa del alcalde de San José, en denominada Operación Diamante. Araya fue detenido y trasladado hasta el Segundo Circuito Judicial de San José, en Goicoechea.
Rafael Pacheco Granados
Los recientes escándalos sobre presuntas irregularidades en contratos de obra pública posicionaron a la corrupción como el principal problema del país para la mayoría de los costarricenses.
Un 27,3% de los ciudadanos coincide en que esa es la mayor preocupación que enfrenta el país en estos momentos, inclusive por encima del desempleo (20,1%) y el costo de la vida (17,3%). Así se desprende de la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica (UCR), dada a conocer este 24 de noviembre.
Encuesta del CIEP refleja la alta volatilidad de los votantes
Esta es la primera ocasión, en más de dos años, en que este tema ocupa el primer lugar de preocupación. La medición se hizo después de que se conocieran el caso Azteca, por supuesto lavado de dinero del narcotráfico mediante obras del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), así como el caso Diamante, que involucra a alcaldes en supuestos actos de corrupción en contratos de obras municipales.
“En esta ocasión y tras la coyuntura nacional por los casos de corrupción Azteca y Diamante, que han salido a la luz pública en las últimas semanas, este problema desplaza al desempleo, que se había mantenido de forma consistente en el primer lugar en estudios de opinión anteriores, y al costo de la vida y situación económica”, señala el estudio.
La corrupción había reingresado a la lista de mayores preocupaciones en el mes de agosto, cuando ocupó el tercer lugar de principales problemas del país según la ciudadanía. En esa ocasión, la opinión pública estuvo influenciada por el caso Cochinilla, el cual acaparó la cobertura mediática del país por presunta corrupción en licitaciones en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
“Para esta medición, el coronavirus se desplaza hasta el sétimo lugar (4,7%) por debajo de la pobreza (5,8%) y la mala gestión del gobierno (11,2%). El desempleo y el costo de la vida continúan con la tendencia experimentada en los estudios realizados durante el periodo de pandemia”, concluye el estudio de opinión.
En sintonía con esta mayor preocupación por el tema de la corrupción, dos terceras partes de los entrevistados están convencidos de que el caso Diamante tendrá repercusión en el resultado de las elecciones nacionales.
De hecho, este último estudio muestra cambios con respecto a una medición anterior de octubre, los cuales colocaron a los candidatos presidenciales José María Figueres, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Lineth Saborío, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), en una situación de empate técnico en cuanto a intención de votos.
Políticos, funcionarios y empresarios estuvieron implicados en los últimos dos casos de presunta corrupción.
El expediente judicial del caso Azteca menciona que Manuel Acón, candidato a diputado de Restauración Nacional por Guanacaste, llamaba “jefe” a Héctor Camelo, un presunto líder de una organización que, en apariencia, lavaba dinero del narcotráfico a través de obras para el AyA.
Entretanto, en el caso Diamante se detuvieron a seis alcaldes, ahora suspendidos de sus cargos, por presunta corrupción en obras municipales. Ellos son los jefes municipales de San José, Johnny Araya; de Alajuela, Humberto Soto; de Cartago, Mario Redondo; de Escazú, Arnoldo Barahona; de San Carlos, Alfredo Córdoba; y de Osa, Alberto Cole.
Las autoridades también investigan presuntas irregularidades en torno a los alcaldes de Siquirres, Mangell Mc Lean, y de San Ramón, Nixon Ureña.
Un agente de investigación judicial recoge las pruebas secuestradas de la casa del alcalde de San José, Johnny Araya, en Pavas. Araya es uno de los seis jefes municipales imputados en el caso Diamante, por presunta corrupción en obras municipales. (Rafael Pacheco Granados)
