Candidatos llenan de críticas a Carlos Alvarado por impedir rebaja del marchamo

Varios candidatos presidenciales calificaron de injusto e insensible al mandatario Carlos Alvarado por vetar el proyecto de ley que pretendía rebajarles el costo del marchamo de 2022 a los propietarios de los vehículos valorados en hasta ¢15 millones.

El presidente de la República aseguró que tomó esa decisión, porque la medida impulsada por diputados de oposición ocasionaría un hueco de ¢30.000 millones, por los ingresos que dejarían de percibir las arcas estatales en el cobro del impuesto a la propiedad de los automóviles.

Para los candidatos presidenciales el hueco fiscal en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para el rescate financiero de nuestro país, no justifica el veto presidencial a la rebaja al marchamo. Sin embargo, muy pocos expusieron sus propuestas para rellenar el faltante de recursos que esa medida provocaría.

José María Figueres, aspirante de Liberación Nacional (PLN), por ejemplo, aseguró que el Gobierno debió haber buscado recursos para tapar ese hueco fiscal.

“Lo pensé porque por un lado las finanzas del Estado no dan para más, pero por otro lado llegué a la conclusión de que el pago del marchamo se ha convertido en un impuesto al aguinaldo, de que este año muchas personas no pudieron circular por las restricciones y que sería injusto que tuvieran que hacer ese pago completo. Lo que corresponde es que el Gobierno baje sus gastos en un monto equivalente para que no se desmejoren sus finanzas”, afirmó Figueres.

El candidato no detalló qué tipo de gastos hubiera recortado. Añadió que en un eventual gobierno suyo, el marchamo, al que catalogó como el impuesto al aguinaldo, “tendrá que discutirse si las condiciones no mejoran”.

El candidato del Partido Liberal Progresista (PLP), Eli Feinzaig, aseguró que el presidente Alvarado fue insensible a las congojas de los costarricenses, al negar el rebajo del marchamo de 2022. Dijo, además, que los diputados fueron populistas al no buscar fuentes de financiamiento para la rebaja.

“Para no ensanchar aún más el boquete fiscal, el Partido Liberal Progresista propuso compensar la rebaja del marchamo con un recorte proporcional y equivalente del salario escolar. Los diputados optaron por el populismo y el presidente recurrió, como es su costumbre, al más abyecto cinismo”, afirmó.

Sin embargo, según sentencias de la Sala Constitucional, el salario escolar forma parte de la remuneración ordinaria de los trabajadores públicos.

Además, como parte del compromiso con el FMI, el Gobierno cuenta con los recursos que podría recaudar al eliminar la exoneración del impuesto de la renta que gozan los empleados públicos sobre ese derecho. Para ello presentó un proyecto de ley de eliminación de exoneraciones fiscales.

Rolando Araya, del Partido Costa Rica Justa (PCRJ), aseguró que él hubiera tapado ese hueco fiscal extrayendo y vendiendo el oro de Crucitas. Para ello, sin embargo, hubiera requerido que la Asamblea Legislativa aprobara un proyecto de ley de minería.

“El presidente a estas alturas está pretendiendo darnos lecciones de responsabilidad fiscal (...) Los bancos centrales compran oro, ¿por qué aquí no estamos aprovechando esta riqueza?”, afirmó Araya.

Fabricio Alvarado, candidato de Nueva República, manifestó: “Esperábamos que el presidente respetara la decisión de la Asamblea Legislativa y tuviera empatía con un pueblo al que no han dejado de golpear”. Empero, no detalló cómo cubrir el hueco fiscal.

Entretanto, Federico Malavassi, del Partido Unión Liberal, manifestó que la rebaja al marchamo “tampoco era tan grande y ni así la hicieron”. Sin embargo, no detalló qué hubiera hecho para cubrir el faltante de recursos.

Las candidatas Lineth Saborío, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Natalia Díaz, de Unidos Podemos, únicamente cuestionaron la decisión del presidente a través de sus redes sociales.

“Un gobierno que no se ha preocupado por bajar el costo de la vida de las familias costarricenses, hoy veta la rebaja del marchamo”, expresó Saborío. Mientras que Díaz afirmó que “al presidente Alvarado le preocupan las finanzas del Estado, a mí me preocupa las finanzas de la gente”.